Indígenas acudieron a la Justicia ante posibles daños que causaron explotaciones mineras. Se trata de diversas comunidades de la puna jujeña que ayer iniciaron una causa en la Justicia Federal de Tucumán debido al desastre que emprendimientos mineros causan en la región. Preocupa la contaminación que causarían explotaciones mineras abandonas hace décadas. Temen por la supervivencia de unos 15 mil integrantes de pueblos originales.

Integrantes de diversas comunidades indígenas de Jujuy iniciaron ayer una serie de planteos judiciales ante el fiscal federal general, Gustavo Gómez, frente al aparente daño ambiental que estarían causando diversos emprendimientos mineros en esa provincia. Como titular de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales (UFIMA), cuya dependencia en Tucumán tiene como jurisdicción el NOA, Gómez podría impulsar investigaciones preliminares para determinar el impacto ambiental de los yacimientos mineros de la puna jujeña.

Una numerosa delegación de habitantes autóctonos de los pueblos Umaguaca (Humahuaca), Kolla y Atacameño fue recibida durante la mañana de ayer por Gómez quien se interiorizó de la situación de las comunidades afectadas por los emprendimientos mineros.

El panorama ambiental frente a las explotaciones mineras en la puna jujeña se presenta como una problemática compleja si se tiene en cuenta que, tal como denunciaron desde las comunidades originarias, aún persisten las secuelas por la contaminación que causarían emprendimientos mineros abandonados hace décadas sin ningún tipo de plan de cierre definitivo. A esto se le suman una variada cantidad de explotaciones en pleno desarrollo extendidas por toda la región. Y, lo que preocupa todavía más: días atrás el gobernador provincial Eduardo Fellner, anunció el lanzamiento de siete nuevos proyectos mineros por parte de firmas internacionales que ya comenzaron su etapa de construcción con una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.

En este sentido, Nicolás Bilca, proveniente de la localidad de Yavi, criticó la forma en la que Justicia de su provincia 'ignoró' los planteos judiciales iniciados sucesivamente desde diversos pueblos de la región frente al posible daño ambiental. 'Hay yacimientos a cielo abierto de zinc, cobre y plomo que tras su explotación total fueron abandonados hace años sin que nadie se haga cargo. Cada vez tenemos menos lluvias y nuestros cultivos quedan dañados. Nosotros tenemos una concepción de conservar la tierra que la gente que no es autóctona de esas tierras no entiende', lamentó.

César Díaz, integrante de la etnia kolla, describió el cuadro dramático que padecen los habitantes de esa región. 'Las partículas de plomo de los yacimientos que ya no se explotan son dispersadas varios kilómetros a la redonda por el viento. Este polvo es inhalado por las poblaciones y tememos por la salud de la gente. ¿Cómo se explica que niños que nacieron años después del cierre de esas minas hoy padezcan enfermedades respiratorias y óseas? Muchas explotaciones terminaron hace décadas pero la contaminación continuará muchos años más', cuestionó.

En la mira de la Justicia Federal se encuentran emprendimientos mineros como La Pulpera, Mina Bélgica, Puma Huasi, Mina Pirquitas, Pan de Azúcar y Aguilar, entre otros. Según expresaron los demandantes, más de 15 mil habitantes de diversas comunidades originales sufren las consecuencias de la presunta contaminación minera.

¿Qué es la UFIMA?
A mediados de abril se puso en marcha la primera fiscalía federal dedicada exclusivamente a la investigación de delitos contra el medio ambiente. La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) tiene su sede principal en Buenos Aires (a cargo el fiscal federal de Dolores, Ramiro González) pero tendrá competencia en todo el país a la vez que coordinará su acción con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.

En Tucumán la UFIMA funciona desde el año pasado en la órbita de la Fiscalía Federal General. Además, esta unidad también se apoya en el trabajo que desarrollan las fiscalías federales generales de Paraná, Mendoza, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca. Como en Tucumán, los titulares de esas fiscalías estarán a cargo de la UFIMA para trabajar en forma enlazada con la Procuración General de la Nación.

De hecho, la UFIMA local fue pionera en el país en este tipo de investigaciones, que hoy ascienden a más de 60, todas ellas vinculadas a casos por violación a normas federales vinculadas con la protección al medio ambiente, entre las que se encuentra la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051.

A través de esta nueva estructura, se apunta a mejorar la investigación en cuanto a delitos ambientales a partir de la especialización y la asignación de mayores recursos. Justamente, uno de los objetivos es poder dotar a cada unidad de los equipos necesarios para realizar las pesquisas necesarias (tomas de muestras, análisis, etc.). Luego, se intentará crear un laboratorio especial a nivel nacional móvil para tal fin.

La UFIMA nació a partir de un acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, en el marco de la tendencia de la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Rigui, a investigar determinados delitos a través de unidades especiales. Hoy existen, aquellas encargadas de los delitos vinculados al narcotráfico o contra actos de contrabando y evasiones impositivas, por ejemplo. Desde Jujuy, los habitantes originarios llegaron a la Justicia Federal de Tucumán para denunciar la contaminación minera.
(Primera Fuente, Eco Portal, 20/06/2007)