Más de 350 lugareños han abandonado sus predios desde el pasado 1 de abril al recrudecerse la presión, y se han establecido en un "campamento humanitario" en Puerto Nuevo Ité, en el departamento de Antioquia, población a más de 500 kilómetros de la capital colombiana.  El representante local de la Asociación de Campesinos del Valle del río Cimitarra (ACVC), Wilson Vega, dijo a la prensa en Bogotá que el éxodo ha sido presionado por tropas del Ejército Nacional y el nuevo grupo paramilitar Águilas Negras.

La crisis se ha generado por la entrega en concesión a la compañía Kedahda, filial en Colombia de la canadiense Anglo Gold Ashanti (AGA), de un territorio de más de 21.900 hectáreas, rico en oro, que los lugareños extraen de forma artesanal, explicó Vega.  "El Estado quiere sacarnos, echarnos del territorio a como dé lugar", sostuvo el portavoz de la ACVC, quien viajó a Bogotá con un grupo de desplazados.

Vega dijo que desde mediados del año pasado han sido asesinados en la región doce campesinos y cuatro más están desaparecidos, hechos de los que el dirigente campesino culpó a militares y también a paramilitares. Algunos de ellos fueron presentados por el ejército como "guerrilleros muertos en combate", denunció Vega, quien advirtió de que todas las víctimas eran líderes comunitarios reconocidos.

Denunció que unos hombres que circulan por la zona han amenazado a la población diciendo que tienen una lista de 23 personas que deben ser asesinadas. El portavoz de la ACVC dijo que los informes más recientes que recibieron de la región muestran que los paramilitares están incendiando los domicilios de los campesinos que se refugiaron en Nuevo Puerto Ité, de los cuales 109 tienen menos de 9 años de edad y, de éstos, diez son bebés.

El responsable de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), Braulio Gracia, advirtió que la campaña de desalojo ha incluido un bloqueo económico. El bloqueo, dijo Gracia, les impide a las familias campesinas, muchas de ellas numerosas, llevar a sus predios rurales los víveres suficientes ante la dificultad de desplazarse de forma frecuente a los centros de comercio.

Le líder campesino afirmó que la situación es de crisis humanitaria y por ello "no nos vamos a mover del campamento". El Observatorio Internacional de Paz y varias organizaciones no gubernamentales (ONG) del país realizarán del 12 al 15 de este mes un misión de verificación a la zona. Según informes de algunas ONG, Kedahda, con su casa matriz, han presentado al gobierno colombiano 2.114 solicitudes de concesiones mineras que sólo en la región del desalojo y el departamento vecino de Bolívar superan los 2,3 millones de hectáreas.

(Yahoo News/La Biodiversidad, 17/04/2007)