La Alianza de Protección a la Biodiversidad* desarrolló una actividad para dar a conocer los graves impactos sociales y ambientales que sigue ocasionando en el país el uso de agrotóxicos. El caso de los afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC) continúa recibiendo el silencio oficial. Según Denis Meléndez, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), “El modelo agroexportador que se adoptó en Nicaragua mediando el siglo pasado, se caracterizó por las cantidades muy elevadas de productos químicos que se utilizaban en la producción y por no requerir mano de obra calificada.

A partir de los años 60, en el marco del desarrollo industrial de la región centroamericana, a Nicaragua le tocó jugar el papel de principal polo de desarrollo de la industria química regional. Las personas comenzaban a morir sin saber por qué, y esta dramática situación se ha venido incrementando con el tiempo. En los últimos años, y prevalentemente en la zona occidental de Nicaragua, donde se concentran las producciones agroexportadoras, hemos comenzado a darnos cuenta de los estragos que deja el uso indiscriminado de agrotóxicos”.

Una de las secuelas más relevantes de ese modelo de producción es el caso de los ex trabajadores azucareros afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC). Según datos proporcionados por la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica “Domingo Téllez” (ANAIRC), al 8 de abril de 2007 habían fallecido 2.427 personas. En los últimos 24 meses el número de fallecidos alcanzó la espantosa cantidad de 1.420, con un promedio mensual de 59 personas.

“Si revisamos las cifras de incidencia de muertes por enfermedades profesionales –continuó Meléndez– o de muertes ocasionadas por epidemias o por el SIDA, veremos que la IRC es una realidad que está diezmando a la población. Es una situación que debería llamar poderosamente la atención de las autoridades, las que tendrían que adoptar de inmediato las medidas necesarias en el occidente del país y en los demás territorios donde se registran afectaciones en las personas que trabajan en las principales producciones agrícolas”.

En Nicaragua, como en otros países centroamericanos, el fenómeno de la IRC tardó en ser detectado porque la gente no sabía de qué se estaba muriendo, las organizaciones no tenían la capacidad para percatarse de lo que estaba ocurriendo, y también porque los médicos atendían a las personas como si fuera una enfermedad común. Jamás registraban en el expediente clínico o laboral la información que pudiera establecer el vínculo entre el trabajo y la enfermedad que estaba padeciendo el trabajador.

“En el país –recordó el representante del CISAS– están todavía los restos de la industria química que se desarrolló hace años, y tenemos lugares donde siguen almacenados los productos químicos que ya están prohibidos. Todo esto es un continuo foco de polución. Tenemos serios problemas de contaminación de las aguas, del suelo, pero lo peor es que la historia se está repitiendo, porque se siguen usando agrotóxicos que en los países desarrollados ya están fuera del mercado. El Ministerio de Agricultura (MAGFOR) ha sido complaciente con estos productos”, indicó Meléndez.

“A esto se agrega otro peligro como es la implementación del nuevo modelo de producción de biocombustibles –continuó-, que está pensado en función de alimentar a los vehículos y no para satisfacer las necesidades de las personas. Se cultiva maíz destinado a producir etanol, mientras el precio de la tortilla –elemento básico de la alimentación nacional- se ha disparado en todo el país. También la palma aceitera está compitiendo con las personas para el aprovechamiento de las fuentes de agua subterráneas, y es un modelo de producción que va a agudizar esta situación. En el caso de la IRC, ni siquiera con la aprobación de la Ley 456 (Ley de Adición de Riesgos y Enfermedades Profesionales a la Ley 185, Código del Trabajo) las autoridades han asumido responsablemente todas las secuelas de esta enfermedad. La gente sigue consumiendo agua y no sabe que está contaminada”, finalizó Meléndez.

Se destacó también la intervención de Carmen Ríos, presidenta de ANAIRC.

“En occidente está pasando la peor de las cosas: la gente muere para producir el azúcar, el ron y, ahora, el etanol –denunció Ríos–. La región está catalogada como una de las de mejor producción, pero eso no debería ser una maldición. Una gran empresa, dueña del Ingenio San Antonio, ha llevado trabajo, pero también la muerte. No sólo la empresa es responsable de lo que está ocurriendo, sino también los gobiernos porque no velaron por la salud de los trabajadores, de la población y por el medio ambiente. El Ingenio dice que no tiene ninguna responsabilidad, el Ministerio de Salud (MINSA) afirma que no tiene nada que ver con nosotros, porque es responsabilidad del Seguro Social (INSS), y esta institución nos dice que tiene sólo pocos medicamentos y se rehusa a darnos las pensiones por riesgo laboral. ¿Quién va a responder por todo lo que ha pasado?”, preguntó a la audiencia la presidenta de ANAIRC. “Tenemos el derecho de pedir una indemnización para cada uno de los afectados y por los que ya han fallecido. Tenemos una ley que nos respalda y aunque nos enfrentamos a una gran empresa, sabemos que podemos vencer esta lucha. Esta es la dura vida de los ex trabajadores de la caña, la tristeza amarga de las viudas y de todos aquellos que dieron sus vidas en esta empresa y que ahora no tienen ni para comprar sus medicamentos”, concluyó.

Terminando la actividad, la Alianza de Protección a la Biodiversidad y ANAIRC presentaron ante los medios de comunicación las demandas dirigidas a diversas instituciones y autoridades:

Las autoridades de salud, laborales y sociales deben atender con carácter de emergencia esta situación.

El pasado 13 de marzo ANAIRC envió una carta al presidente ejecutivo del INSS y todavía no ha tenido respuesta. Se debe continuar con la labor, con carácter de urgencia, de las autoridades de seguridad social para la atención de los casos de las pensiones de las personas afectadas por IRC e identificar respuestas a los casos que, por deficiencias del sistema de seguridad social, no se les ha otorgado las pensiones correspondientes.

La empresa o empresas implicadas en estos casos de IRC deben responder por los daños causados a trabajadores, trabajadoras, ex trabajadores y trabajadoras y a las familias de éstos, por las condiciones de vida y por exposición a daños en su salud. Urge la instalación formal de las negociaciones, con la facilitación de autoridades nacionales, para que la empresa o empresas asuman la responsabilidad pertinente.

Las autoridades laborales deben adoptar medidas para la tutela correcta de la legislación vigente en la materia.

El gobierno debe aprobar la norma técnica para la quema de caña. Ésta debe incorporar las recomendaciones de las personas que fueron expuestas a condiciones laborales inadecuadas y que se han visto afectadas en su salud.

Se deben reactivar los mecanismos que establece el marco regulatorio para la atención inmediata de la situación que se deriva del uso intenso e indiscriminado de los agrotóxicos sintéticos, y se estimulen prácticas de producción que se correspondan con un ambiente sano.
(Por Giorgio Trucchi, Eco Portal, 17/04/2007)