En Quito - Ecuador, el agua no sólo es un líquido que permite la vida, sino que además permite la muerte. Sí porque, seguir consumiendo agua para la bebida, con altos contenidos de arsénico, provoca un envenenamiento masivo en las poblaciones suburbanas de Tumbaco y Guayllabamba. Son más de 60 mil personas que han sido contaminadas por el consumo diario, por varios años, de agua con arsénico; convencidas de que compraban agua potable cuando compraban agua contaminada, han sido agredidas en sus derechos a la salud y a la vida.

El arsénico en el agua causa graves e irreversibles daños a la salud, provocando desde alteraciones de la piel, hasta cáncer a diferentes órganos internos, sistema linfático, nervioso, reducción del coeficiente intelectual, etc…se continúa investigando. Según estudios científicos de la USEPA, la exposición a 0,05 mg/l de arsénico puede causar más del 3% de casos de cáncer a la piel. En otras palabras, entre Tumbaco y Guayllabamba, habrían cerca de 2.000 personas afectadas con enfermedades asociadas a la intoxicación crónica por arsénico; porque las concentraciones de arsénico en el agua suministrada bordea niveles hasta 14 veces más de lo que señala el máximo de contaminación permitido actualmente, en 0,01 mg/l, y cerca del triple de la antigua norma, en 0,05mg/l. Las restantes personas podrían todavía no manifestar afectaciones a su salud, pero sus organismos estarían debilitados y proclives a enfermarse de cáncer a la piel, al pulmón, a la linfa, etc., hasta que la concentración del arsénico acumulado en sus organismos llegue a detonar la enfermedad.

Este problema de salud pública se presenta dentro de un marco de desobediencia crónica de regulaciones y normativas técnicas, ambientales y de defensa del consumidor, como aquella que indica sobre la necesidad de calificar y controlar la calidad del agua que es extraída, tratada y vendida como potable, y aquella que indica sobre la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental, y aquella que norma el máximo tolerable de contenido de arsénico en el agua potable, y aquella que dice que el municipio garantizará la salud de la población, y etc., etc. También es muy penosa la falta total de escrúpulos de las autoridades municipales “competentes” que continúan engañando a la población, minimizando el problema, las afectaciones a la salud y suministrando el agua con arsénico.

Es imperdonable e indignante que, a sabiendas del incumplimiento técnico y legal, falten también a la ética y a la moral, colocando en alto riesgo a miles de personas vendiendo el agua envenenada. Los señores municipales conocieron del problema hace más de dos años, y a pesar de esto, sigue la población, sobre todo la más humilde, tomando agüita con arsénico, “que más da, de algo nos tenemos que morir”.

La población lentamente va despertando y entendiendo que ha sido engañada, estafada y agredida, ya se han presentado casos que evidencian el daño ocasionado a la salud. Será entonces preciso, sólo luego de que la ciudadanía exija sus derechos, iniciar una evaluación de toda la población, y determinar las afectaciones particulares, y determinar los tratamientos médicos, y rembolsar los cobros indebidos de agua no potable; lloverán los reclamos y las indemnizaciones millonarias no se harán esperar. ¿Quién pagará todo esto?, pues el municipio como entidad responsable, es decir todos los quiteños, o talvez todos los ecuatorianos, dependerá de los montos. ¿Por qué tenemos que pagar todos, las irresponsabilidades e inmoralidades de unos cuantos altos funcionarios públicos?, que por lo actuado, no les importa el bienestar de la población a la cual sirven y se deben, sino la ejecución de millonarios contratos en mega obras de hormigón.

Ahora Tumbaco y Guayllabamba son los llamados a defender sus derechos, pero no son los únicos afectados. En Quito, en el sector urbano y en otras parroquias rurales, también se han registrado la presencia en el agua de otros elementos nocivos como fenoles y pesticidas, y se cierne sobre el norte y sur de la ciudad un riesgo de intoxicación por toxinas provenientes de las algas verde-azul, presentes en los embalses de Salve Faccha y La Mica. Conciudadanos, apoyemos la gestión de reivindicación y resarcimiento de Tumbaco y Guayllabamba, porque además de cumplimentar con la solidaridad, también estaremos el resto de quiteños resguardados de que nos sigan envenenando impasiblemente.

¿Y qué se hace al respecto dentro del municipio?, pues se pretende no saber, se pretende negar, se pretende ocultar, mientras la población sigue consumiendo agua con certificación ISO 9000.

¿Por qué no se controla la calidad del agua en Tumbaco y Guayllabamba?

¿Por qué no se permiten los controles sistemáticos de fenoles en el agua?,

¿Por qué no se gestiona los monitoreos de pesticidas y otros elementos nocivos?,

¿Por qué no se autoriza el análisis de algas azul-verdes de los embalses?,

¿Por qué no se manejan preventivamente los embalses?,

¿Por qué no se manejan las cuencas hidrográficas?,

¿Por qué no se garantiza la cloración en las plantas?,

Pues…, porque no se quiere saber y entender, mucho menos atender…no les interesa.

Esto sí es un indicador aplastante de insensibilidad, de incompetencia y de corrupción. Aplastante digo, porque eso es lo que están haciendo con nuestros derechos a la vida y al consumo de un producto sano. ¿No estamos acaso ante un delito de lesa humanidad?, ¿no es éste un caso más de corrupción en mi país querido?

Todos estamos bajo riesgo de ser envenenados paulatinamente, y sufrir enfermedades. Cuántas veces se ha preguntado: ¿por qué le dio cáncer de esto o de lo otro a algún vecino, amigo o pariente?, ¿por qué se incrementan los casos de cáncer?, ahora hasta en niños. Talvez la respuesta no esté muy lejos.

Es momento de cambiar el enfoque del manejo del agua, ampliar su gestión integrando el parámetro de demandas de calidad para el uso que se le quiera dar. Hasta aquí los temas que se han discutido, importantes por cierto, son aquellos relacionados con la cantidad, la propiedad y el uso.

La gestión del agua además de resolver problemas por concesiones, debe también planear integralmente el uso y preservación de ésta en su cantidad y calidad. La gestión del agua como un bien público debe liderar el gobierno, como un eje preponderante en la gestión de los recursos naturales y económicos del país, el agua es ya un recurso estratégico que hay que administrar con planteamientos de servicio a la comunidad.

En países del primer mundo, se atiende el tema del agua en forma integral, desde el manejo de las cuencas proveedoras del líquido, hasta las cuencas receptoras del agua usada, pasando por la administración del bien entre diferentes usuarios y actores. En Ecuador se puede implementar un Plan Maestro de Gestión del Agua, que optimice su aprovechamiento y respete el ambiente.

Es fundamental que se monitoree la calidad del agua y se garantice el producto que expende el municipio. No sólo porque tenemos derecho a un producto de calidad, sino porque es una cuestión de vida o muerte. Los quiteños no podemos conformarnos con un mal servicio público; no puede ser que en este país se pague primero antes de que se rectifique la factura, o se compruebe que hay muertos antes de rectificar el suministro.

La muerte, no por ser lenta deja de ser muerte. Nos horrorizamos al leer que 94 ecuatorianos, murieron ahogados en su intento por llegar a los EEUU, y apenas nos inmutamos al enterarnos que al menos 2.000 personas (¡!20 veces mas¡¡) están siendo condenadas a morir lentamente por algún tipo de cáncer en Tumbaco y Guayllabamba. Ya basta de pensar que el agua es una mercancía que se vende, el agua debe llevar vida, salud, prosperidad. El Estado debe garantizar una gestión sustentable de este bien.

Información técnica y legal:
Asunto: Envenenamiento masivo a cerca de 60 mil personas en las parroquias de Tumbaco y Guayllabamba, por suministro de “agua potable” durante más de 10 años, con concentraciones de arsénico que perjudican a la salud y que están prohibidas por las normativas nacionales e internacionales.

Problema:
· Las parroquias de Tumbaco y Guayllabamba consumen agua supuestamente potable, cuyo contenido de arsénico supera la norma de máxima contaminación del agua por arsénico, entre 3 y 14 veces; lo vienen haciendo desde hace algunos años (5, 10, 30 años). La Empresa municipal encargada del suministro del agua sabía de esta situación desde hace más de dos años y no tomó las medidas necesarias para impedirlo.

· Las normas INEN ecuatoriana, de la OMS, americanas y casi todas las normas del mundo señalan un máximo de contaminación de 10 microgramos en un litro de agua, porque según estudios científicos, si se supera este valor, provocaría casos de cáncer, problemas cutáneos, linfáticos, nerviosos, genéticos, etc. El arsénico es un potente veneno, incoloro, insípido e inodoro.

· Esta denuncia fue demostrada con innumerables análisis de muestras tomadas en forma sistemática por más de dos años, y tomadas de forma aleatoria durante el último año 2006. Por esto fue concedido el RECURSO DE AMPARO presentado a favor de la comunidad, que prohíbe al Municipio de Quito suministrar y comercializar agua contaminada a la población y que lo obliga a reemplazar dicha agua con agua potable, a informar a la población sobre los riesgos del uso de esta agua NO potable, al control permanente de la calidad del agua con publicaciones quincenales.

Situación actual:
· El Municipio de Quito no cumple lo ordenado por el juez que concedió el amparo a favor de la población afectada. Tampoco cumple con la Constitución, con innumerables leyes, ordenanzas y regulaciones técnicas, al haber permitido y seguir permitiendo que se suministre agua que contamina y afecta a la población y desinformar a la población minimizando los efectos sobre la salud.

· El municipio apeló el recurso de amparo presentado y ganado, aduciendo que los demandantes no viven en las parroquias afectadas y que por lo tanto no pueden solicitar amparo. Nótese que en ningún momento niegan la presencia de arsénico en valores prohibidos y dañinos para la salud humana.

· A pesar de haberse confirmado este delito de lesa humanidad, la autoridad competente no ha dispuesto las medidas correctivas inmediatas y las sanciones hacia los responsables de este envenenamiento masivo, con repercusiones aún desconocidas en su gravedad. Se mantiene la impunidad para los responsables y se pretende revocar el amparo que protege a la población afectada, desconociendo el problema existente.
(Por Katerine Endara, Eco Portal, 19/03/2007)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/67585