La medida establece, por un lado la moratoria para tratar "nuevas solicitudes de autorización para introducir eventos de organismos vivos de origen vegetal y sus partes genéticamente modificadas" por un año y medio, y por otro lado se crea un Grupo de Trabajo interministerial para "diseñar los lineamientos y políticas sobre biotecnología". Este grupo está integrado por cuatro ministerios y permitirá la participación del sector privado, sociedad civil y academia. Su finalidad es definir las políticas en biotecnología, los ajustes institucionales, las relaciones entre la producción orgánica y el uso de transgénicos, los mecanismos de información al consumidor y la investigación básica.

La moratoria se aprobó en momentos en que está terminando su tarea un “comité de bioseguridad” que debe elaborar el marco para la futura normativa sobre transgénicos, tanto los de origen vegetal, como los usados en la industria, medicina, etc. Ese trabajo se realiza desde el Ministerio del Ambiente, con apoyos del PNUMA y GEF, y su principal espacio es una comisión donde están representadas las organizaciones de productores rurales, empresas comercializadoras de semillas, investigadores en biotecnología, distintos ministerios, y las organizaciones ciudadanas. La marcha de esa comisión ha sido cuestionada por la Asociación de Productores Orgánicos de Uruguay (APODU) y organizaciones ambientalistas. Las divergencias en las opiniones, discrepancias en la marcha de ese comité y la tardanza en aprobar una moratoria varias veces anunciadas, hicieron que las ONGs ciudadanas y APODU dejaran de participar a fines de 2006.

La aprobación de esta moratoria es un paso positivo, y debe ser bienvenida. El proceso de aprobación de eventos transgénicos ha tenido muchas debilidades, y en algunos casos su transparencia y calidad técnica han sido cuestionadas, y por lo tanto su suspensión asegura que no se repetirán los errores del pasado. Es también una buena noticia en un contexto donde en el último año no hubieron muchas acciones concretas en el terreno ambiental. Asimismo, la puesta en marcha de un debate y análisis para crear una política nacional biotecnológica permitirá abordar otras cuestiones íntimamente relacionadas, como los organismos modificados genéticamente de uso industrial o médico, y aquellos empleados en la investigación básica. En algunos de esos casos, las regulaciones son insuficientes o no existen.

En Uruguay los transgénicos de uso agrícola se concentran especialmente en la soja RR (resistente al glifosato), que cubre un poco más de 360 mil has, en menor medida dos variedades de maíz (MON 810 y Bt11). Esos eventos fueron aprobados años atrás, y desde la instalación del nuevo gobierno progresista, en marzo de 2005, no se autorizaron nuevas variedades transgénicos. Asimismo, algunos sectores, como los cultivadores de arroz, han decidido por voluntad propia no utilizar transgénicos para preservar la calidad de su producto. Otros sectores, como los productores ganaderos de carne, observan con preocupación la proliferación de transgénicos ya que pone en riesgo exportaciones de carne bajo certificaciones de "pastoril" u "orgánica" (bajo esa modalidad la cría de ganado no puede realizarse en predios con cultivos transgénicos y no puede ser alimentado con derivados de transgénicos). Lamentablemente en Uruguay todavía no se han explorado nichos de exportación basados en variedades de soja orgánica o convencional (no transgénica), tal como sucede con éxito en Brasil.

Bajo esta nueva reglamentación, cobra importancia la forma en que el gobierno velará por su aplicación. En ese flanco habrá que ver cómo se controla la importación de maíz para evitar el ingreso de partidas con transgénicos, mientras que también se deberá vigilar la comercialización de semillas para evitar la venta de variedades no autorizadas. Recordemos que en Brasil, años atrás, el gobierno Lula aplicó medidas provisorias para impedir el avance de los transgénicos, pero el contrabando de semillas de soja RR desde Argentina y Paraguay, y las debilidades de la fiscalización no lograron impedir la diseminación de esos cultivos. Esto resultó en una situación de hechos consumados, donde la soja RR finalmente proliferó en muchos estados. La moratoria uruguaya es necesaria para evitar problemas de este tipo.

Los voceros de empresas semilleras y grandes grupos agroindustriales criticaron la medida, invocando los miedos usuales tales como el supuesto atraso tecnológico que ello significa, la pérdida de competitividad comercial, y las dificultades para los importadores de maíz (que es casi todo transgénico). La prensa tradicional ya ha reproducido estos cuestionamientos, y una vez más las opiniones de los productores orgánicos o las organizaciones ambientalistas quedan en un segundo plano.

La polémica sobre el uso de los transgénicos en Uruguay se mantiene, aunque en este caso el gobierno ahora parece decidido a diseñar una estrategia en un marco que aparece como auspicioso, por abordar un amplio abanico de componentes, desde los productivos a los ambientales, como por su invocación a la participación ciudadana.
(Por Eduardo Gudynas, Eco Portal, 12/03/2007)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/67346