El proceso económico actual se basa en una importante ventaja comparativa que hasta ahora ha sido su sostén pero que bajo la intensificación de la agricultura se torna cada vez más insustentable: el ambiente. Los impactos ambientales de la sobreexplotación de recursos agrícolas por la presión agroexportadora son, y seguirán siendo, pagados por las actuales y futuras generaciones.

La Historia
A fines de la década del ‘90 Argentina pasa a instalarse junto con Estados Unidos como uno de los primeros países en autorizar la siembra de cultivos genéticamente modificados (en adelante GM), permitiendo el cultivo de la soja Roundup Ready (en adelante RR). Esta variedad de semilla resistente al glifosato (comercializado bajo el nombre de Roundup), es desarrollada por la firma estadounidense Monsanto, que posee patentados sus derechos de propiedad no sólo sobre las semillas RR, sino también sobre su descendencia.

De esta manera es en el año 1997 cuando a través de una resolución administrativa de la Secretaria de Agricultura –bajo la gestión de Felipe Solá-, sin la participación del Congreso Nacional; sin ninguna ley y sin realizar ensayos experimentales previos por parte de los organismos oficiales, se tomaron decisiones sustentadas en los ensayos realizados por las propias empresas interesadas.

Los agricultores argentinos se inclinaron hacia esta tecnología porque aparecía como la solución a los problemas que enfrentaban. Desde 1980 la región agrícola más fértil del territorio nacional, la denominada pampa húmeda, presenta una fuerte erosión del suelo. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), alrededor de la mitad de los 5 millones de hectáreas es afectada por el influjo de un notable proceso de erosión que ocasiona la caída de los rendimientos de estas tierras en, por lo menos, un tercio. Para tratar de solucionar este problema, los agricultores empezaron a experimentar con el sistema de “labranza cero” –consistente en la siembra directa de semillas en la tierra, sin necesidad de arar ni practicar ninguna otra forma de labranza-, encontrándose con el inconveniente de no poder controlar las malas hierbas (maleza).

En este escenario la soja RR irrumpe como una solución caída del cielo, ya que esta semilla permitía la puesta en ejercicio del sistema de “labranza cero” elidiendo la acostumbrada necesidad de realizar las cinco o seis aplicaciones de un cóctel de herbicidas, porque ahora el control de las malas hierbas es reducido a sólo dos aplicaciones de glifosato.

La nueva tecnología también se presentaba como una alternativa barata. De esta manera, mientras los agricultores de Estados Unidos pagaban un sobreprecio de, al menos, el 35% para cultivar variedades GM, Argentina, al no haber firmado todavía un acuerdo internacional sobre patentes, se limitaba a contribuirle a Monsanto un cargo reducido. Estos elementos condujeron a que, impulsados por la aparentemente insaciable demanda externa de soja, los agricultores argentinos se volcarán masivamente a su cultivo mediante la aplicación de esta nueva tecnología.

El Campo Neoliberal
Sin embargo, la evolución productiva consecuente de este viraje puesto de relieve en el plano tecnológico tiene un correlato inverso en la dimensión macroeconómica. El Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), arrojó como resultado que las políticas implementadas en los años 90 condujeron a una fuerte concentración de la tierra y a una disminución de la diversidad productiva. Dos claros fenómenos que amenazan la soberanía y la seguridad alimentaría del país. Según el CNA la superficie media por explotación en el 2002 era de 538 hectáreas, superficie que en 1988 era de 470 hectáreas. Mientras que en Estados Unidos esta superficie es de 200 hectáreas y en Europa es sólo de 50 hectáreas. En el país del norte son contadas las excepciones de los “ranchos” que poseen 2.000 hectáreas, en Argentina los “megaempresarios” agropecuarios poseen extensiones de hasta 350.000 hectáreas.

Estos rasgos del campo argentino son el resultado de una década de políticas neoliberales. Un claro símbolo de esta política lo constituye la visita al país en 1996 de un tal Robert Lucas, fundador de la Escuela de Expectativas Racionales, quien visitó en la quinta presidencial de Olivos al propio presidente Carlos Meném. Cabe aclarar que la doctrina de Lucas se basa en una exacerbación de algunos postulados de la Escuela Monetarista. Por ejemplo, para la Escuela de Expectativas Racionales “un buen ministro debe dejar en ‘piloto automático’ a la economía de un país y sólo debe preocuparse de que el gasto público esté íntegramente financiado con recaudación de impuestos.”

A mediados de los 90 tuvieron lugar dos factores determinantes: por un lado, la fuerte baja en los precios internacionales de los productos argentinos, y por otro, una serie de cambios significativos en las condiciones internas, generadas por la convertibilidad, las privatizaciones y la desregulación total del sector. En tal contexto, los actores económicos más fuertes se valieron del apoyo del Estado y de la ayuda de un eficaz dispositivo comunicacional para marcar el camino hacia el aumento de la producción agropecuaria con especialización en oleaginosas y la exportación de sus derivados. Como siempre, el discurso dominante postuló que este camino no sólo era el único camino posible sino que además era el camino hacia el paraíso.

Esta decisión comportaría cambios en las orientaciones productivas y en la estructura social agraria, con la consecuente desaparición de muchos agricultores. Sin lugar a dudas, hoy podemos constatar que ese nuevo esquema productivo ha traído como consecuencia una tremenda desindustrialización, que responde a una crisis estructural de largo plazo, y ha arrastrado a la economía nacional a una primarización concentrada en muy pocos rubros agroproductivos.

Como punto de tensión, en medio de una importante puja de intereses por parte de las corporaciones, el campo se enfrenta a una creciente concentración económica y a una fuerte exclusión de trabajadores que deriva en éxodo rural. El proceso de tecnificación en la producción en la historia del capitalismo siempre trajo como consecuencia la reducción de mano de obra. En este caso, el contexto socio-económico argentino configura un escenario donde la emigración del campo a la ciudad se presenta como un nuevo elemento constitutivo del desarrollo de la marginalización social.

Los emigrados del campo conforman los nuevos e inmensos cinturones de pobreza urbana, que descubrieron en la ciudad, de manera abrupta y simultanea, tanto el festival de las importaciones baratas como el creciente desempleo producido por el cierre masivo de las empresas industriales. Para vislumbrar la magnitud del fenómeno emigratorio basta con comparar dos situaciones a partir de los datos brindados por los Censos. Por un lado, “en 1991 se determinó que vivían en zonas rurales 4.27 millones de habitantes; o sea, el 13.1% de todo el país” . Por otro lado, los datos del censo realizado en 2001 marcan un notable descenso: la población rural ahora es de sólo 2.6 millones, es decir que representa el 7.2% de la población argentina .

Este modelo de producción agrícola sienta sus bases en el incremento de la productividad a partir de la incorporación de nuevas tecnologías. De este modo, la reducción de mano de obra no es la única, ni la más grave, consecuencia. La llamada eficiencia productiva se sustenta en el relevante “subsidio natural” que le ofrece la pampa húmeda, dotada de una incomparable fertilidad. La sobreexplotación de este recurso se inscribe en un proceso análogo al de la explotación minera y, en consecuencia, puede agotarse dentro de pocos años .

El proceso económico actual se basa en una importante ventaja comparativa que hasta ahora ha sido su sostén pero que bajo la intensificación de la agricultura se torna cada vez más insustentable: el ambiente. Los impactos ambientales de la sobreexplotación de recursos agrícolas por la presión agroexportadora son, y seguirán siendo, pagados por las actuales y futuras generaciones. La degradación de este factor incluye problemas de erosión, pérdida de fertilidad y estructura del suelo, salinización, exportación de nutrientes, alcalinización, encostramiento, impactos sobre la biodiversidad, afectación del acuífero, y problemas de inundaciones.

Adolfo Boy -ingeniero agrónomo del Gupo de Reflexión Rural- señala que debido a la gran cantidad de pesticidas que se usa, las bacterias del suelo están disminuyendo y el suelo está volviéndose inerte, lo cual inhibe el proceso normal de descomposición. En consecuencia, son muchos los casos en que la vegetación muerta debe ser removida de la tierra. En ese punto Joe Cummins –genetista de la Universidad de Ontario, Canadá- asegura que en Estados Unidos ocurre lo mismo. Algunos estudios sobre el impacto de los herbicidas, particularmente del glifosato, en las comunidades microbianas han revelado un incremento de hongos altamente perniciosos en las raíces de la soja RR.

Si se insiste en recurrir a uno o muy pocos cultivos, bajo el entusiasmo de los buenos precios coyunturales y los consecuentes beneficios que pueden producir para un sector determinado, la agricultura de reposición mediante la aplicación de fertilizantes adquirirá el estatuto de “necesaria pero insuficiente” para proteger el ambiente. Siguiendo este curso, en los próximos años estos procesos tenderán a exacerbarse bajo el signo de la acumulación progresiva de riquezas de los sectores favorecidos.

La falta de políticas estratégicas que incentiven el desarrollo de la producción agropecuaria, dejan paso libre al desencadenamiento de un proceso de crecimiento fundado en la sobreexplotación de las riquezas naturales del país, y ponen en serio peligro este patrimonio. Por lo tanto, es necesario utilizar nuevos instrumentos, tal como lo hacen las economías más desarrolladas. Es decir, aplicar herramientas de la economía eclógica y las tecnologías sostenibles para producir, proteger, regular y distribuir los beneficios de los recursos naturales, que son responsabilidad de toda la sociedad y no sólo de un sector específico.

Es urgente reconocer el valor de los nutrientes de los suelos argentinos e impedir su extracción gratuita por medio de la aplicación de instrumentos de regulación y de control sustentable. Con esta operación se lograría la protección y el reconocimiento del ambiente, materializando la valoración en el desembolso porcentual de la renta específica correspondiente que se genera.

El modelo neoliberal ha fracasado frente a los campesinos, frente a los consumidores y frente al ambiente, solamente sobrevive en el norte donde, paradójicamente desde una óptica neoliberal, los gobiernos subsidian a sus agricultores. Sin embargo, hay que aclarar este subsidio está destinado de manera exclusiva para sus grandes productores. En Estados Unidos el 10% de los agricultores, que compone la franja de los más grandes, captura más del 60% de todos los subsidios. Esto explica por qué más de 200 agricultores por día son expulsados de su actividad vital.

Por esta razón, consideramos que, a la luz de los problemas presentes en las grandes potencias, es necesario practicar una política que privilegie la agricultura campesina de pequeña y mediana escala. Estos sistemas presentan un mayor grado de productividad, tienden a la conservación del ambiente y juegan un papel clave en la soberanía alimentaria. Para esto se deberá enfatizar en los mercados locales y nacionales.

No debemos olvidar que la ubicación de Argentina junto a Estados Unidos como los máximos productores de soja trangénica , cambio cualitativamente la composición de su producción agropecuaria. Argentina era uno de los mayores productores de alimento del mundo, particularmente de trigo y carne. La economía de la soja provocó que cerca de 150.000 agricultores dejaran el campo, y esto se traduce en la fuerte caída de la producción de insumos vitales como la leche, el arroz, maíz, papas, lentejas, etc..

Los pequeños y medianos productores , que anteriormente solventaban un buen nivel de vida con la rotación productiva de sus hectáreas y hasta generaban puestos de trabajo para terceros, no pudieron ingresar al modelo sojero. La desaparición de esta franja de productores que consumía y operaba en el lugar, derivó en consecuencias nefastas para los poblados y ciudades intermedias, que están rodeadas de campo y que vivían de sus actividades intermedias (talleres mecánicos, pequeños comercios de insumos agropecuarios, aseguradoras, cooperativas, etc.). Este fenómeno se puede constatar con la observación del deterioro económico-social de los pueblos y pequeñas ciudades del interior.

¿Qué Hacer?
La agroecología es una ciencia que estudia los principios sobre los cuales se debe basar el diseño de una agricultura sustentable. Es decir, una agricultura que sea ambientalmente sana, diversificada y que rompa con el monocultivo para independizarse de los insumos agrotóxicos que no sólo presentan un elevado precio sino que son un peligro para la ecología. Esta ciencia busca la construcción de una nueva agricultura, la vitalidad económica y la justicia social. Por esta razón la agroecología necesita complementarse con políticas agrarias que busquen la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales y la eliminación de la pobreza rural; esto es: una agricultura sustentable.

La Argentina debe aprender de su fracaso neoliberal y entender que tiene la posibilidad histórica de cambiar el rumbo de su agricultura. Es importante que el actual gobierno abra una discusión pública sobre la visión que el país tiene con respecto a su agricultura. Las opciones están a la vista: o seguimos con una agricultura industrializada controlada por las multinacionales con la consecuente degradación social, económica y ambiental que esto engendra; o viramos hacia una agricultura sustentable.

Argentina puede liderar un movimiento clave en América Latina si concreta algunos cambios fundamentales. En primer lugar, es necesario crear políticas correctas que apoyen una educación agroecológica en las universidades y una investigación agroecológico en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En segundo lugar, hay que conformar alianzas entre los pequeños y medianos productores con el gobierno y las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Además, se deben constituir mercados solidarios-institucionales locales.

Estas medidas son necesarias para romper con el modelo de país insumo-dependiente, que nos posiciona en un lugar sumamente frágil desde el punto de vista del comercio internacional. Sin embargo esta ruptura no devendrá en una agricultura sustentable sin la ampliación del mercado a partir de consolidación del Mercosur y la instauración de relaciones comerciales con el mercado europeo.
(Por Facundo Boccardi y Roberto Boccardi, Eco POrtal, 31/01/2007)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/66465