El gobierno argentino presentará hoy ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una detallada fundamentación de la demanda presentada por la violación del Estatuto bilateral sobre el río Uruguay, a partir de la autorización del gobierno uruguayo para instalar las dos pasteras. La representante legal de la Cancillería, la embajadora Susana Ruiz Cerruti, acudirá a las 17 (las 13 de la Argentina), al Palacio La Paz, en compañía del director del Instituto de Servicio Exterior Argentino, Horacio Basabe, y el embajador en Países Bajos, Santos Goñi Marenco, según informaron voceros de la cancillería.

La delegación entregará al secretario de la Corte el informe de ocho volúmenes y cerca de tres mil páginas que contiene la "memoria" de la demanda contra Uruguay en el marco del conflicto por la autorización unilateral para instalar las fábricas de pasta de celulosa proyectadas por Ence y Botnia. La Argentina sostiene que el Estatuto del Río Uruguay fue violado en cinco oportunidades por el gobierno uruguayo en lo que constituye "el núcleo de la controversia que planteó la Argentina ante la Corte, en defensa de sus derechos vulnerados", según indicaron voceros diplomáticos.

Esas violaciones marcadas por la Argentina son las dos autorizaciones de Uruguay para iniciar los proyectos de las pastas de celulosa de la finlandesa Botnia y la española Ence; la instalación de un puerto primero y las instalaciones conexas luego en Fray Bentos y por último, el permiso para la extracción de importantes volúmenes de agua para la producción. "En todos estos casos, Uruguay incumplió normas de procedimiento previstas en el Estatuto, como los mecanismos de información y consultas previas cuando una obra pueda afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del río como recurso compartido", indicó una fuente de la Cancillería.

El gobierno argentino sostiene además que Uruguay no cumplió con la protección del curso de agua frente a un proyecto industrial que "por su magnitud y localización son pasibles de perjudicar sensiblemente el ecosistema", en alusión a la planta de Botnia. Una vez entregado el material, Uruguay tiene seis meses para presentar su "contramemoria", y la Corte podrá volver a llamar a audiencias a las partes si lo considera necesario.

La etapa que le sigue a la de "memoria" y "contramemoria" es la de "réplica" y "duplica", lo que precederá a la etapa final que será la decisión de la Corte respecto a si hubo o no violación del Estatuto del Río Uruguay, proceso que podría tomar entre cuatro y cinco años. En cuanto al contenido de la memoria, la documentación incluye correspondencia diplomática, actas, informes científicos y técnicos, comunicados, croquis, mapas, fotografías e informes científicos preparados por expertos independientes.

El gobierno argentino presentó formalmente la demanda contra Uruguay ante la Corte de La Haya el 4 de mayo pasado, y el primer paso en el desarrollo del proceso se puso en marcha en julio, con las primeras audiencias con los representantes de los gobiernos de Argentina y Uruguay. La Argentina fundamenta su posición en la violación reiterada de la letra del Estatuto del Río Uruguay que establece consultas entre los dos países sobre temas que involucren al curso de agua compartido, como el caso de la instalación de las plantas de celulosa.
(Clarín, 15/01/2007)
http://www.clarin.com/diario/2007/01/15/um/m-01345455.htm