El Gobierno nacional salió ayer a bajarle el tono a la disputa que se instaló entre un sector de la Cancillería y la Secretaría de Medio Ambiente a propósito de los resultados jurídicos hasta ahora adversos para la Argentina en el conflicto internacional que mantiene con Uruguay por la instalación de las pasteras en Fray Bentos.

La titular de Medio Ambiente, Romina Picolotti, había cuestionado al ministerio de Relaciones Exteriores, la dependencia encargada de llevar adelante el trabajo jurídico en los pleitos abiertos en la Corte Internacional de La Haya. Fue el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien ayer negó diferencias entre esos dos organismos.

"No existe ningún cortocircuito. Picolotti está sobre los temas técnicos vinculados a lo ambiental y trabaja en sintonía con la Cancillería", dijo Fernández. Trascendió que ayer el propio Fernández habló con la secretaria de Medio Ambiente, aunque no se sabe qué tono tuvo la charla.

Un rumor circula en ámbitos de la Casa Rosada hace rato. Dice que Picolotti —nombrada por el presidente Néstor Kirchner en junio pasado y activa militante ecologista— está preparando su salida del Gobierno, ante la inminencia de un fallo de la Corte de la Haya que podría ser nuevamente adverso para el país. Y cuando la relación entre los asambleístas entrerrianos y Balcarce 50 es cada vez más tirante. Cerca de Picolotti niegan esta versión y no hablan de renuncia.

Picolotti había responsabilizado a la Cancillería por el resultado del trabajo jurídico en el conflicto con Uruguay. Esto molestó en el Palacio San Martín, donde interpretaron que la funcionaria quería despegarse ante un eventual nuevo fallo adverso del Tribunal internacional.

El próximo lunes 15, Argentina presentará en La Haya un memorial con los fundamentos de la demanda que inició contra Uruguay. Buenos Aires acusa a Montevideo de haber violado el Tratado del Río Uruguay, firmado por ambos países en 1975, porque la autorización para la instalación de las pasteras en Fray Bentos fue otorgada a las empresas en forma unilateral. Aquel tratado dice que las decisiones sobre las aguas compartidas deberían ser consensuadas o, al menos, comunicadas previamente al otro país.

Mientras tanto, la Corte Internacional debería expedirse, cuando esta semana retome su trabajo, sobre un reclamo que presentó Uruguay por los cortes de los pasos fronterizos hacia ese país. Sostiene Montevideo que los bloqueos atentan contra el derecho de libre circulación de bienes y personas y que, desde el punto de vista económico, han causado un daño muy grande a los uruguayos.

En los sectores de la Cancillería donde apuntan contra Picolotti no olvidan que la funcionaria gestionó sin éxito ante el Banco Mundial la posibilidad de que el organismo frenara un crédito millonario a la empresa Botnia, la que se alza en Fray Bentos, para construir la planta.
(Clarín, 08/01/2007)
http://www.clarin.com/diario/2007/01/08/elpais/p-00601.htm