La decisión del presidente Tabaré Vázquez de encargar al Ejército la defensa de la planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia marca no sólo un agravamiento de la escalada del conflicto con Argentina a raíz de la ubicación de la fábrica sobre el limítrofe río Uruguay, sino también el fracaso de la estrategia de comunicación social del proyecto Botnia.

Uruguay defiende planta de celulosa con el ejército
La planta en construcción a orillas del río Uruguay ya cuenta con una chimenea de 100 m de alto y varios edificios claramente visibles desde la costa Argentina. La obra tenía hasta este momento una vigilancia discreta sobre las instalaciones de tierra firme a cargo de la Policía y empresas de seguridad contratadas por la empresa, mientras que la Prefectura Naval y la Armada se hacían cargo de la costa y la parte uruguaya de las aguas del río.

La decisión de incorporar al Ejército fue fundamentada por el presidente Tabaré Vázquez en "el derecho soberano de proteger bienes materiales y humanos". El Viceministro del Interior, José Bayardi, fue más explícito y admitió que se manejan tres hipótesis de atentados para intentar destruir la obra: una invasión de fuerzas especiales argentinas, un misil tierra-tierra desde el país vecino y un sabotaje a partir de obreros infiltrados en la planta.

El gobierno argentino, por boca del presidente Néstor Kirchner, expresó su rechazo a esta medida, que llegó a calificarla como "una afrenta" a su país, con lo cual la tensión en torno al conflicto no hizo más que agravarse. Y esto ocurre justo en momentos en que el embajador español Juan A. Yáñez, actuando como emisario del rey Juan Carlos, se encuentra en el Río de la Plata auscultando vías de acercamiento para superar el conflicto.

La empresa Botnia ha declarado a la prensa que la decisión de introducir al Ejército es del gobierno uruguayo, pero de hecho significa la militarización de la planta, en donde se ha trabaja en un clima de gran tensión y desconfianza. Las tareas de seguridad e inteligencia que se realizan incluyen la vigilancia de los obreros en todos sus movimientos tanto dentro como fuera de la planta, en la ciudad vecina de Fray Bentos donde se alojan.

Esta evolución del proyecto de Botnia en Uruguay constituye un rotundo fracaso desde el ángulo del marco de convivencia pacífica con trabajadores y comunidades vecinas que todo proyecto industrial necesita para garantizar su sustentabilidad. El error de Botnia radica en una estrategia de comunicación social que utiliza una gran cantidad de recursos técnicos y materiales, pero que no establece una interacción real con las comunidades.

Estrategia comunicacional de Botnia
La estrategia de comunicación social de Botnia para obtener la aceptación del proyecto por parte de la población a escala nacional y local ha sido poco analizada hasta ahora. Para algunos, la política de la empresa finlandesa en este aspecto es un ejemplo del más alto nivel de excelencia y, por cierto, es algo absolutamente inédito en la experiencia uruguaya, dado que no existen antecedentes de proyectos de similares dimensiones.

Una breve reseña de las actividades de Botnia en este aspecto incluyen una profusión de comunicados y varias conferencias de prensa, publicaciones de divulgación, reuniones con ONG, reuniones públicas informativas, seminarios científicos, sorteo de viajes a Finlandia entre pobladores de Río Negro y Soriano, regalos para la Navidad del 2003, visitas a Finlandia de dos grupos de periodistas y de un grupo constituido por intendentes locales, miembros de los partidos políticos y de órganos oficiales (CARU y Dinama).

Por cierto, como corresponde a una empresa del porte de Botnia, parte de estas tareas se encomendaron a cotizadas empresas de comunicación institucional y fueron acompañadas por relevamientos sistemáticos de la opinión pública local y nacional a cargo de consultoras del ramo. Pero, más allá de la excelencia técnica o profesional, la cuestión clave de este enfoque comunicacional es que va de arriba hacia abajo, es unidireccional.

O sea, lo que se busca es divulgar y convencer, sin retroalimentación. Divulgar, brindando (hasta cierto punto nomás) informaciones sobre el proyecto y convencer. Las alternativas dejadas al destinatario de la comunicación son la aceptación, la duda o el rechazo de la propuesta, pero sin retorno del lado de la empresa. Este enfoque no contempla otra forma de relación con el público ni de participación de las comunidades vecinas.

Hoy en día, ante crecientes conflictos surgidos en torno a emprendimientos de gran impacto social y ambiental, esta metodología de comunicación es considerada cada vez más como obsoleta. El concepto de Licencia Social para Operar, que sintetiza una nueva forma de relación con las comunidades, es reconocido por las empresas más comprometidas con la responsabilidad social como la única garantía de viabilidad del proyecto.

Otra relación con las comunidades
La organización mundial Business for Social Responsibility (BSR), que asesora a sus empresas miembros para llevar adelante sus proyectos por vías que respeten los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente, considera que el cumplimiento de las expectativas sociales en relación con un proyecto dado se reconoce cuando ésta consigue lo que se denomina Licencia Social para Operar.

Haber obtenido la Licencia Social para Operar (LSO) significa que la empresa ha logrado el respaldo de las partes interesadas para la ejecución del proyecto, además de cumplir con los requisitos legales para su explotación. Las principales condiciones, de acuerdo con la citada fuente, para obtener esta licencia implican que:

1. La empresa informe completamente de sus operaciones a la comunidad;

2. La empresa comunique la información requerida de acuerdo con las necesidades de la comunidad local;

3. La comunidad tenga la oportunidad de participar en las decisiones que la afectan; y

4. El proyecto se lleve a cabo teniendo en cuenta un marco de desarrollo sustentable.

Las empresas suelen promover ciertos impactos sociales positivos, tales como el aumento del empleo y el ingreso local, de una mayor diversidad comercial y empresarial, etc. Pero aquellas que se toman seriamente la LSO realizan una inversión social real en educación, salud, ambiente, economía local y fortalecimiento institucional, teniendo como objetivo el consenso de la comunidad y la sustentabilidad de sus entornos operativos.

Con este fin destinan recursos para la construcción y dotación de infraestructuras educativas y de salud, la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de base, apoyo a grupos étnicos, apoyo a actividades agropecuarias, establecimiento de convenios culturales y educativos, la constitución de cooperativas y empresas asociativas, la creación de grupos ambientalistas, redes juveniles de prevención, etc.

LSO y viabilidad del proyecto
Desde el ángulo de la LSO, la estrategia de comunicación social de Botnia fue claramente insuficiente y con su determinación de avanzar a toda costa, ignorando inclusive un pedido de los presidentes Vázquez y Kirchner de detener momentáneamente las obras y negociar una solución, contribuyó a agravar el problema. La población cercana a la planta residente en la ciudad Argentina de Gualeguaychú se sintió cada vez más ignorada.

Este aspecto fue tratado con meridiana claridad por la Ombudsman del Banco Mundial, la abogada Meg Taylor, de Papúa Nueva Guinea, cuando en su informe de fines de 2005 dijo: "se ha puesto muy poco énfasis en la naturaleza transfronteriza de los posibles impactos de estos emprendimientos y no ha habido suficiente reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones y temores de las comunidades localizadas en el área del proyecto".

Y advirtió en aquel entonces que una "mayor información y hechos científicos, no serán suficientes para encarar la falta de confianza que existe al momento entre aquellos que están preocupados por los proyectos". La Ombudsman exhortó expresamente a la CFI a esforzarse para "que la gente que cree que va a ser impactada, pueda tener confianza en el proceso al igual que en los resultados de cualquier estudio adicional". La falla de la decisión de la CFI en este aspecto es obvia, por más votos que haya tenido la resolución.

La "intransigencia" atribuida por el gobierno uruguayo y la mayor parte de la prensa local a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, radica precisamente en que cada paso dado por la empresa Botnia, los gobiernos y los organismos financieros, en lugar de atender la preocupación de la población, la sumieron en la mayor desconfianza.

¿Quiénes son responsables de no haber hecho lo necesario para obtener el consenso de Gualeguaychú? ¿Es viable un proyecto si no cuenta con el consenso de las comunidades vecinas? ¿Es sustentable una inversión industrial que se convierte en el eje de un conflicto fronterizo donde los países recurren al ejército para proteger el proyecto? Si no se abren alternativas de esta situación, sólo es dable esperar peores derivaciones aún.
(Por Víctor L. Bacchetta, Ecoportal, 14/12/2006)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/65569