El avance de la producción de soja, generalmente transgénica, los desalojos violentos y la complicidad de la justicia con el poder empresarial provocan un proceso de emigración campo-ciudad de las familias campesinas, que generalmente termina por hundirlas en la pobreza.

Así se pierde un modo de vida, una cultura, que los labriegos no están dispuestos a abandonar. Germán Pez, integrante de la Unión de Campesinos del Noreste de Córdoba, dijo a Radio Mundo Real que en algunas partes de la provincia “donde antes habían grandes montes, donde vivían muchísimas familias, hoy ya no queda nada”.

El 30 de diciembre de 2003 una topadora volteaba la vivienda de Ramona Bustamante, dando origen a un caso paradigmático, puntal en el descubrimiento de las estrategias de apropiación de los territorios campesinos por parte de grandes empresarios, con la complicidad del poder político y judicial. A continuación una entrevista realizada por Tierramiga a Germán Pez, de la Unión de Campesinos del Noreste de Córdoba / UCAN.

TA: ¿Cómo surge el conflicto con la familia Bustamante?
GP: El caso de Ramona es el primero que permitió que se diera luz tres años atrás, para que sobre todo gente de la ciudad pudiera conocer que en la provincia de Córdoba, en el campo, están pasando muchas cosas. Se está destruyendo un modo de vida, se están expulsando campesinos en un proceso de muchos años. El caso Bustamante es el ícono que mostró todo ese proceso. En aquel momento se buscaba que la justicia investigara todos los fraudes judiciales que habían terminado de desembocar en el desalojo. La justicia en realidad no investigó nada, todo quedó tal cual y los abogados del empresario de Oncativo, Juan Carlos Scaramuzza, están pidiendo nuevamente el desalojo.

TA: ¿Cómo se relaciona este caso con la situación de otras familias campesinas en la provincia?
GP: Nosotros dijimos siempre que la zona donde está nuestra organización local, la UCAN, es la zona en la provincia de Córdoba, donde más impacto tiene la soja. Hemos visto como la expansión de la frontera agropecuaria ha ido de sur a norte destruyendo el territorio. Si se viene desde Córdoba yendo para el norte, se va viendo como lo que antes eran grandes montes, donde vivían muchísimas familias, hoy ya no queda nada. Las topadoras barrieron todo el monte, las familias están viviendo en los centros urbanos de la zona, llenos de pobreza. Esas familias no tienen trabajo y han engordado los cinturones de pobreza. Ver esto habla a las claras de cómo ha sido este proceso de expulsión y destrucción del ambiente.

TA: ¿Tienen pensado realizar actividades de apoyo?
GP: Sí, estamos pensando algunas actividades. En el mes de noviembre siempre pasa lo mismo, se va acercando fin de año y comienzan a aparecer las causas, los desalojos. Ellos trabajan siempre con la idea de «armar el lío», porque luego viene la feria judicial en enero y se quedan tranquilos hasta febrero. Es una metodología que ya les conocemos. Noviembre ha sido un mes agitado porque tenemos en la zona esta, juicios en los Tribunales de Dean Funes, dónde están todos los casos de todo el norte de la provincia. Tenemos un juicio el 30, estamos también con el problema de «La Rinconada». Se había pensado en hacer alguna movilización. Y ahora con esto de lo de Ramona, yo creo que vamos a tratar de juntar todo lo que tenemos y tratar de mostrarlo, estar en la calle, demostrar a la gente que estamos moviéndonos, que no nos quedamos de brazos cruzados ante estas cosas, así que tentativamente el 30 de este mes estaríamos movilizándonos a la ciudad de Dean Funes.

TA: ¿Algo que te parezca importante agregar?
GP: No nos tenemos que olvidar que el caso de Ramona Bustamante hizo que la Legislatura Provincial creara la Ley 9150, que es el registro de poseedores. En ese momento, hace tres años atrás, todo lo que se decía con respecto a que se iba a regularizar la posesión de las tierras, que no se iban a permitir más atropellos como este que se había visto por las cámaras de televisión del país, todas las cosas en las que el Poder Político se comprometió a tratar de revertir, no vamos a decir que lo podían solucionar, pero por lo menos tener la voluntad de actuar en consecuencia.

Hoy, a tres años de eso, vemos que es más de lo mismo. Se creó una ley que no le acerca ningún tipo de solución al poseedor, a los campesinos. La justicia no ha cambiado su metodología, siempre el peso y la carga están sobre el poseedor, no se reconocen los derechos que tienen los poseedores, y no hay una política activa a la hora de que no siga pasando lo que estaba diciendo recién, que se siga despoblando el campo, que se siga destruyendo el ambiente, que se siga generando pobreza en los pueblos del norte.

Me parece que son esas las cosas que hay que volver a retomar, más allá de lo que se diga o de las leyes. No hay intención ni voluntad política para cambiar esta situación. Es más de lo mismo, una situación judicial forzada que termina dándole la razón a las otras partes, la parte empresarial, que tiene más recursos, más dinero para pagar abogados y todo lo demás, dejándoles todo servido para que ellos puedan actuar. Si vuelven a desalojar a la familia Bustamante no solamente los movimientos campesinos se va movilizar, sino toda la sociedad cordobesa, porque es un caso que lo sintió toda la provincia.
(Eco Portal, 21/11/2006)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/64929