Mientras en la UE se producía una moratoria de 6 años, en España no ha cesado de aumentar la superficie cultivada de maíz transgénico, tanto de las variedades autorizadas, como de los cultivos experimentales que buscan su autorización comercial. En junio de 2004, la UE eliminó esta moratoria. Es conveniente saber que, más allá de este baile de moratorias, algunos países defienden su soberanía y seguridad, alimentaria y ecológica, manteniendo la prohibición de ciertos cultivos transgénicos aunque estén autorizados por la UE.

Tras un largo camino de inútiles denuncias a la administración, sobre la creciente contaminación de los cultivos transgénicos sobre los no transgénicos (especialmente sobre los cultivos ecológicos) y el incumplimiento del principio de precaución por parte de las multinacionales y la propia administración, ¡alguien tenía que cortar el trigo transgénico!. Los colectivos catalanes nos marcaban a tod@s un camino: la acción directa.

La mayoría de las organizaciones y colectivos que defendemos una agricultura y una alimentación libres de transgénicos apoyamos a Albert Ferré y a Josep Pàmies, miembros de la Plataforma Transgenic Fora! y de la Assemblea Pagesa, respectivamente. Albert fue acusado de participar en la siega de cultivos transgénicos en un campo experimental del IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agraria) en Lerida, en julio de 2003. La acusación particular, integrada por el IRTA y la Universidad de Barcelona, solicitó 15 meses de cárcel y 500.000 euros de indemnización por daños. Tras el juicio, celebrado a mediados de octubre, la sentencia le ha sido favorable al no existir pruebas de su participación en los hechos juzgados. En un sumario diferente, Josep, agricultor profesional, tiene ante sí una petición de 4 años de prisión y 50.000 euros de indemnización por una acción similar contra la multinacional agroalimentaria Sygenta en septiembre de 2003.

Ambas acciones directas en defensa de nuestra seguridad alimentaria y ecológica -vulnerada por cultivos transgénicos experimentales- son las únicas que, en el Estado Español, han puesto algo por delante a la implantación, incluso ilegal, de los cultivos y alimentos transgénicos por parte de multinacionales y administración. Los procesos judiciales contra estos compañeros buscan un castigo ejemplar para el movimiento anti-transgénico.

La “unidad de la izquierda” y las burocracias ecologistas
En el Estado Español, el Gobierno del PP intentó legalizar la coexistencia entre cultivos y alimentos transgénicos y no transgénicos. Frente a esta pretensión, la totalidad del movimiento antitransgénico se mantuvo firme en la defensa de la moratoria. El PSOE, tras ocupar el gobierno en marzo de 2004, siguió los pasos del PP y elaboró un borrador de Real Decreto para la regulación de la coexistencia entre cultivos y alimentos transgénicos y no transgénicos. Desgraciadamente, la respuesta del movimiento antitransgénico ya no fue la misma. Una parte de dicho movimiento, encabezada por las burocracias de las grandes organizaciones ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra), apostó por una negociación con el PSOE, abandonado la defensa del principio de precaución, desplazando la gestión de riesgos a posteriori y requiriendo una penalización para los responsables de los daños. Según sus protagonistas, este giro era necesario para frenar una normativa de “coexistencia” insuficiente, atraer a nuevos aliados al movimiento antitransgénico y abrir un diálogo con el Gobierno.

En este bloque, que activó el “documento de mínimos”, convergían 3 posiciones: 1) las burocracias seguidistas del PSOE que apostaban por una “coexistencia rigurosa” basada en las “condiciones mínimas” que, supuestamente, iban a garantizar tanto la no contaminación de los cultivos transgénicos a los no transgénicos, como la libre elección de productores y consumidores para cultivar y consumir semillas y alimentos transgénicos; 2) los militantes ecologistas de base y las organizaciones agrarias y de consumidores que les secundan porque confían en ellos; y 3) los nuevos socios pro-transgénicos que se ocultan detrás de una “NO oposición a los transgénicos” aunque “SÍ a la ‘libre elección’ de agricultores y consumidores”.

Esta estrategia sólo ha servido para facilitar el avance de la política pro-transgénicos del PSOE. Ni siquiera ha existido tal negociación. Los dos siguientes borradores de “coexistencia” del gobierno seguían sin incorporar los “famosos” contenidos mínimos propuestos por los negociadores ecologistas y sus socios y mantenían intacta la estructura del proyecto de coexistencia del PP. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura ha aprobado nuevas variedades transgénicas para uso comercial, lo que amplía la penetración de las multinacionales del agronegocio, las únicas que, realmente, tienen libertad de elección.

Poco antes del verano del 2006 y ante el último intento gubernamental para regular la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos, los “negociadores” decían: “el cúmulo de casos de contaminación genética documentados .... y la avalancha de nuevas variedades MG (modificadas genéticamente) ... hace que sea de vital importancia disponer de unas normas de coexistencia eficaces que aseguren la supervivencia de la agricultura convencional, y especialmente de la agricultura ecológica, libre de transgénicos. (....) La ausencia de este tipo de medidas conduce inevitablemente y de manera alarmantemente rápida, a la contaminación de la base del sistema alimentario mundial: las semillas.”

Todos hemos expresado nuestro apoyo ante el procesamiento de Albert y Josep. Los promotores de una “coexistencia rigurosa” afirmaron en un comunicado: “los firmantes reiteramos nuestro apoyo a estas dos personas y, al mismo tiempo, seguimos manteniendo el rechazo a los transgénicos recordando la imposibilidad de coexistencia entre cultivos modificados genéticamente y cultivos no transgénicos y las pésimas condiciones en las que se cultivan las variedades modificadas genéticamente en este país”. Aparentemente puede considerarse una rectificación.

Sin embargo, en el V Foro de la Plataforma Rural, celebrado en Amayuelas (Palencia) del 22 al 24 de septiembre de 2006, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), miembro de dicha plataforma y los Grupos Autogestionados de Konsumo de Madrid (GAKs), elaboramos una propuesta de resolución que pretendía facilitar dicha rectificación y propiciar, en un debate abierto en el plenario, una declaración contra cualquier tipo de coexistencia. Dicha propuesta fue discutida previamente en un grupo de trabajo que acordó presentar en el plenario una resolución de oposición a cualquier normativa de coexistencia. Aunque este deseo de rectificación late en las bases de las organizaciones ecologistas, una vez más, los “jefes” decidieron que no había nada que discutir e impidieron el debate. El encuentro finalizó un par de horas antes de lo previsto, lo que vino bien para adelantar el viaje de vuelta a nuestros lugares de origen, pero vino mal para la clarificación de uno de los problemas fundamentales que nos habían convocado en Amayuelas. Esta nueva prueba de los procedimientos antidemocráticos utilizados por las burocracias frente a quienes no estamos por la “unidad de la izquierda” en torno al PSOE y sus enredos, les permite aparentar que se oponen a los transgénicos y vender como un avance el acercamiento de “nuevos socios” que nos “ayudan” a que se visibilice socialmente la “oposición” a los cultivos y alimentos transgénicos.

La camarilla que lidera el cambio de rumbo del movimiento contra los transgénicos desde marzo de 2005, ha seguido argumentando la necesidad de “una coexistencia eficaz” aunque simultáneamente pida, incluso, “la prohibición de cultivos y alimentos transgénicos por la ausencia de garantías suficientes para impedir la contaminación”. Este mensaje ambiguo y contradictorio ha reportado a dicho grupo dos beneficios complementarios. Por un lado, hacerse valer como interlocutores para el Gobierno y así participar de la lluvia de subvenciones europeas que ya está cayendo sobre el desarrollo rural, la agroecología y el consumo responsable. Por otro, confundir a l@s agricultores ecológic@s, a las redes de consumidores responsables y a l@s militantes ecologistas de base.

La organización maestra de este doble lenguaje ha sido Greenpeace. Primero asumió el liderazgo de las organizaciones ecologistas para la realización del documento de mínimos de coexistencia exigibles para dar por buena una normativa de coexistencia (marzo de 2004) dividiendo al movimiento antitransgénicos. Después ayudó a la Plataforma Transgenic Fora! y a la Assemblea Pagesa a denunciar la imposible coexistencia (marzo de 2006) para, tres meses más tarde, encabezar las alegaciones que buscaban mejorar el último borrador de normativa de coexistencia (junio de 2006).

Basta ya de doble lenguaje
La coexistencia es imposible porque no se puede impedir que haya transferencia de genes de unos cultivos a otros y de unos campos a otros, a través del suelo y sus microorganismos y a lo largo de la cadena alimentaria. Regular la coexistencia facilita la legalización de la contaminación transgénica en el campo y en la cadena alimentaria y la desaparición sistemática de semillas, cultivos y alimentos libres de transgénicos que es, precisamente, el objetivo de las multinacionales del agronegocio para hacerse con el control total de nuestra alimentación, incluyendo el mercado emergente del consumo ecológico. Afirmar una cosa y su contraria por parte de las burocracias ecologistas, según la coyuntura y el público, está sirviendo, sobre todo, para romper la unidad del movimiento antitransgénicos, desviarlo de una lucha eficaz, eliminar la democracia y el pluralismo dentro del movimiento y dificultar la creación de plataformas en todo el Estado que, como la de Cataluña, asuman la responsabilidad que ellos han asumido. Más allá de las declaraciones para la galería, este doble lenguaje supone abandonar a su suerte a quienes se la juegan, oponiéndose de verdad a los transgénicos. Esta política también sirve para asegurar que nadie pueda aglutinar la fuerza social suficiente para poner en peligro la política de transgénicos del PSOE y su gobierno. Afirmar la imposible coexistencia ante los movimientos sociales y, simultáneamente, darle las claves al gobierno para una coexistencia eficaz, supone poner una vela a dios y otra al diablo, mientras la industria biotecnológica y el gobierno avanza en sus políticas contra la seguridad y la soberanía alimentaria de tod@s.

Tras la absolución de Albert Ferré, Ecologistas en Acción expresa de forma transparente este doble juego. Por un lado critica a la justicia: “En el Estado español se han cultivado especies que no estaban permitidas; el propio campo experimental de trigo transgénico propiedad del IRTA no cumplía las condiciones técnicas ni las medidas de seguridad obligatorias: el informe “La Imposible Coexistencia” denuncia muchas otras irregularidades. ¿Qué hace la justicia ante tales situaciones?”. Por otro, su núcleo dirigente de Madrid, sin control ni participación alguna de los militantes ecologistas de base, realiza una intensa política con el Gobierno y el Estado, recibiendo cada vez más subvenciones y apoyos con los que a su vez, pervierten a múltiples colectivos sociales. Al mismo tiempo, hacen apología de la impotencia de los ciudadanos individualizados oponiendo, ante los abusos del poder, la esperanza de que nos ayude la divina providencia: “A las ciudadan@s, organizad@s o no, ante el estado de necesidad y la desprotección con que nos encontramos sólo nos queda seguir los dictados de nuestra conciencia, aunque sólo sea para llevar a cabo acciones directas públicas y no violentas, a sabiendas que pende sobre nosotr@s la espada de ‘la justicia’ y esperar que poquito a poco vayan cambiando las cosas”

Si la declaración de apoyo a los compañeros catalanes por parte de las ONGs ecologistas contiene el deseo verdadero de modificar la posición mantenida desde marzo de 2004, ¿no deberían hacer una declaración pública contra cualquier intento de regulación de la coexistencia?, ¿no tendrían que admitir públicamente que se retractan del documento de mínimos a favor de una coexistencia rigurosa y romper las negociaciones con el Gobierno?,¿no deberían cesar en la exclusión y el linchamiento, con todos sus medios y los de sus nuevos socios, de los colectivos que no apoyamos estas maniobras?

El doble lenguaje de las burocracias ecologistas sigue los pasos de las burocracias sindicales cuyo resultado, tras 25 años de “unidad de la izquierda” en torno al PSOE, es decir, a los postulados de la derecha, es la destrucción total del movimiento obrero y la represión de cualquier intento de impulsar un movimiento obrero que haga posible un sindicalismo de clase. No en vano las cúpulas del sindicalismo mayoritario están cada vez más interconectadas con las burocracias ecologistas.

Proclamar “TRANSGÉNICOS NO, NO Y NO” al tiempo que se negocia la coexistencia, equivale a defender “TRANSGÉNICOS NO, NO Y NO, PERO SÍ”. La “izquierda” en el Gobierno y las multinacionales lo saben muy bien. Por eso, quienes se enfrentan a ellos de verdad se hacen acreedores de castigos ejemplares, al mismo tiempo que reciben apoyos verbales y palmaditas en la espalda de los que defienden “TRANSGÉNICOS NO, NO Y NO, PERO SÍ”. El apoyo sincero a Josep y Albert exige reconstruir la unidad, la democracia y el pluralismo del movimiento antitransgénicos en torno a una verdadera oposición. Esta unidad es condición necesaria para impedir el crecimiento de cultivos y alimentos transgénicos y para frenar la represión. La solidaridad del movimiento ecologista, de los colectivos de consumidor@s y de l@s productor@s agroecológic@s con los compañeros procesados merecería pasar de la ambigüedad a la claridad con una declaración sincera y, por lo tanto inequívoca, “COEXISTENCIA CON TRANSGÉNICOS NO, NO Y NO”. Es muy fácil.

La impunidad de las multinacionales y la corrupción de la clase política y judicial no llegarían tan lejos sin los enredos de estos impostores. Frente a todos ellos sólo cabe trabajar desde abajo del todo por la organización autónoma de productor@s agroecológic@s, consumidor@s responsables y militantes ecologistas en torno a la acción directa. Si en lugar de dos campos en Cataluña en 2003 y una plataforma unitaria reivindicando estas acciones hubiera, desde 2003, doscientos campos de cultivos transgénicos segados y cincuenta plataformas en todo el Estado, otro gallo nos cantaría.
(Por Pilar Galindo, Eco Portal, 20/11/2006)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/64878