Es imposible agotar el sinnúmero de preguntas que uno puede realizar sobre el tema de la instalación de las plantas de pasta de celulosa en la República Oriental del Uruguay y del comportamiento del gobierno de la República Argentina.

-¿Qué responsabilidad por daños pueden tener los ciudadanos libres de Argentina?
-¿Quién, y desde dónde, puede amenazar a un conjunto independiente de ciudadanos?
-¿Cuáles son los verdaderos motivos para pretenden acallar a los asambleístas entrerrianos?
-¿Dónde estuvieron los que tenían la obligación de proteger un ambiente sano?
-¿A qué le tienen miedo las autoridades argentinas?

Es imposible agotar el sinnúmero de preguntas que uno puede realizar sobre el tema de la instalación de las plantas de pasta de celulosa en la República Oriental del Uruguay y del comportamiento del gobierno de la República Argentina.

Para la presidencia de Argentina, tan acostumbrada al monólogo coercitivo permanente, pareciera que miles de ciudadanos autoconvocados para defender el medio ambiente los coloca en una situación de ilicitud: “El gobierno nacional y el de la provincia de Entre Ríos expresan su desacuerdo con la decisión de la Asamblea de Gualeguaychú de promover el corte de las rutas que unen a nuestro país con la República Oriental del Uruguay. Tal decisión contradice, no sólo los intereses provinciales y nacionales, sino también la posición asumida por la República Argentina ante tribunales y organismos internacionales en defensa de la preservación de nuestros derechos. Siendo así, los daños que ocasione tal accionar a los intereses argentinos, correrán por cuenta de quienes así procedan".

Éste comunicado, que pretende hacer responsables a los vecinos de Gualeguaychú de los “intereses provinciales y nacionales”, es una manifestación temeraria al mejor estilo de quienes desde el poder ejercen la autoridad con autoritarismo, o al menos gozan al confundir autoritarismo con autoridad.

Debería saber, o al menos conocer, el presidente argentino que la reforma constitucional del año 1994 elevó a la categoría de derecho constitucional el gozar de un “medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo” (Art. 41 Constitución de la Nación Argentina). Por lo menos haciendo un poco de memoria pueda recordar que junto con su esposa, la actual senadora Cristina Fernández, fueron legisladores constituyentes por la Provincia de Santa Cruz. Ellos votaron a favor de la reforma, esa misma que le otorgaba a su aliado Carlos Menem la reelección.

Pero, aún para el caso que no lo supiera, no la conociera o no la recordase debemos como ciudadanos repudiar cualquier medio que se utilice desde el gobierno para intimidar al pueblo, en un tema que para los gualeguaychenses se ha convertido en una cuestión primordial para la defensa de los futuros intereses de sus pobladores.

Las amenazas, un estilo propio del totalitarismo, no pueden ser admitidas jamás. Un gobierno hecha mano a la presión cuando ha perdido toda posibilidad de llegar a través de su acción a desarrollar políticas de acción y de consenso para y con los ciudadanos. La incapacidad, abonada por el capricho, de no atender el tema a nivel de los gobiernos conducidos por Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner para poder solucionar la cuestión no es una situación menor. Nadie puede concebir, a menos que pierda el sano juicio, que dos pueblos hermanos como el uruguayo y el argentino se encuentren enfrentados por decisiones de neto corte económico, en tanto que éste sea en definitiva un gran negocio empresarial para foráneos que pretenden instalarse en nuestra región para seguir degradando el ecosistema y el medio ambiente sustentable, contando como es debido y sabido con la colaboración de los organismos internacionales de crédito.

El actual gobernador de Entre Ríos desde el año 2003, no es un ignoto entrerriano más. Jorge Busti ha sido 11 años gobernador provincial, 2 años senador nacional, 2 años diputado nacional, 8 años intendente municipal de Concordia, 2 años relator en el comisión de asuntos jurídicos de ese municipio y además secretario de Juzgado civil y Comercial; y si por si fuera poco convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994. Además participó de la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero durante la presidencia de Carlos Menem.

En consecuencia, no le hacía falta más que mirar para ver lo que se estaba instalando en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, tampoco le hacía falta más que escuchar para conocer la opinión de sus co-provincianos. Y con un poco más de imaginación comprobar como el Uruguay estaba desarrollando el plan de monocultivo forestal desde el año 1987, unas 750.000 hectáreas de superficie plantada, con los consabidos rumores desde el año 2000 de la instalación de las fábricas de celulosa (Ence y Metsa-Bonia).

Claro está que muchas veces el árbol tapa al bosque, pero la clase dirigente argentina se ha comportado en todos estos años como un “tronco”, rígido y duro en su Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, aunque el culto en éste caso ha sido justamente el no hacer nada para defender los intereses de nuestra República. La misma a la que se han cansado de esquilmar económicamente desde sus abultados presupuestos con sus gastos de representación, viajes, comitivas exorbitantes y demás erogaciones protocolares. Pero claro, para muchos políticos y secuaces del poder de turno Uruguay comienza y termina en la balnearia y exclusiva ciudad de Punta del Este.

Para qué entonces tuvimos la decisión de conformar un Mercado Común del Sur (MERCOSUR) sí dentro de su ámbito no se generaron las vías necesarias para la atención de los problemas comunes, si hasta ex presidentes han llevado adelante nuestra representación en él, Eduardo Duhalde y Carlos Álvarez, que justamente también fueron congresales constituyentes en la reforma de nuestra constitución del año 94. Acaso sabrán los gobiernos de ambos países que el mismísimo Tratado de Asunción del año 1991 establecía como objetivo alcanzar el proceso del desarrollo económico con justicia social mediante el equilibrado y eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles y la “preservación del medio ambiente”.

Supongamos que el MERCOSUR no contenía al conflicto, pero el gobierno argentino no podía desconocer el Estatuto del Río Uruguay firmado entre las dos naciones en el año 1975, hace 31 años: CAPITULO VII - Aprovechamiento de las Aguas; CAPITULO IX - Conservación, Utilización y Explotación de otros Recursos Naturales; y CAPITULO IX – Contaminación.

En definitiva lo que molesta al gobierno argentino no es un corte de ruta, o muchos de ellos, porque no podemos olvidar que hace cinco meses atrás los apoyó, convalidó y hasta llegó al extremo de prácticamente desfilar con todos sus máximos funcionarios y representantes legislativos del pueblo por el corsódromo de Gualeguaychú, a lo que sumó a muchos gobernadores e intendentes de todo el país -cooptados e independientes-. Lo que le molesta al poder es que sean ciudadanos, vecinos, ambientalistas y asambleístas los que tomen en sus manos temas que no supieron o no quisieron asumir ellos.

En el siglo XXI una de las formas de participación ciudadana es justamente la “asamblea”, donde no aparecen -al menos en lo visible- posiciones hegemónicas que lleven al resto a aceptarlas sin debate ni participación, como bien sucede a diario con la politiquería responsable de muchos de los males que padecemos.

Tanto Kirchner como Vázquez están dando un ejemplo de intolerancia en política exterior, pretenden dejar en manos de jueces internacionales, Tribunal de La Haya, cuestiones que solamente deben ser resueltas desde la mirada histórica, latinoamericana y de la realidad actual. De la que nos hace estar obligados a no renunciar nunca sobre nuestras pertenencias comunes, en las históricas luchas libertadoras por nuestras independencias, las vicisitudes que hemos pasado con las genocidas dictaduras cívico-militares, como del entrelazado que hijas e hijos del Uruguay tienen con las hijas e hijos de la Argentina.

Deberían saber los gobernantes que ni un árbol, ni un gramo de pasta de celulosa, ni una hoja de papel valen más que la concordia y hermandad de los pueblos del Río de la Plata, y desde ya del Río Uruguay. Sencillamente porque las Repúblicas de Argentina y la Oriental del Uruguay son naciones libres y deben autodeterminarse para lograr el bienestar de sus pueblos, y no para permitir que los negocios sin control, piedra angular del evidente por nefasto sistema capitalista, de las multinacionales, de los inversionistas en tierras ajenas y la banca internacional hagan aquello que les venga en gana y conveniencia.

Estos terribles desencuentros que los gobiernos no quieren tomar a su cargo para resolverlos siempre los terminan pagando los ciudadanos, a los que quieren ahora hacer responsables. Los argentinos hemos sido llevados a guerras y conflictos con otros pueblos hermanos, como el paraguayo y el chileno, justamente por los gobiernos derechistas y autoritarios que en su oportunidad produjeron las más atroces consecuencias de vida y convivencia.

Definitivamente no puede haber un poder sobre nuestras tierras que supere el derecho de los pueblos de defender los intereses comunes, así lo establece nuestra máxima ley y lo reconoce el sentido común que tanta falta le hace a quienes, con un poder prestado, no pueden hacer absolutamente nada más que llevarnos a caminos sin retorno en la vida solidaria que nos merecemos los uruguayos y los argentinos.

Que triste imaginación la de aquellos gobernantes que en lugar de solucionar estas cuestiones están diseñando formas para infiltrarse y partir al movimiento asambleario de los pobladores de las costas del Río Uruguay, para lo cual ponen a ese servicio los fondos públicos, las envestiduras y los peores sesgos del autoritarismo demagógico que día a día les cuesta más disimular. Pero ahí están queriéndoles exigir a los vecinos que “busquen formas creativas de movilización”, una hipocresía más del gobierno argentino porque para crear está justamente Poder Ejecutivo, porque para movilizarse siempre estará el pueblo al que el poder sabe darle muy bien la espalda, salvo claro está que lo necesiten para llenar estadios o cargarlos en micros para “sus movilizaciones”.

Ojala que los asambleístas entrerrianos no aflojen, que sigan dando el ejemplo de lucha que tanta falta nos hace en infinidad de otras cuestiones, porque será justamente el futuro el que les dará la razón de la protesta mantenida.
(Por Hugo Alberto de Pedro, Eco Portal, 09/11/2006)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/64588