Además, le extenderán un seguro de riesgo político. Aún debe aprobarlo el directorio, pero el pedido de financiación cuenta con el apoyo del presidente del banco. Aseguran que Gualeguaychú no sufrirá daños. Pese a la presión que realizó el gobierno argentino para que las papeleras no fuesen financiadas por el Banco Mundial, todo indica que su directorio otorgará a la empresa Botnia a mediados de noviembre un crédito por 170 millones de dólares y un seguro de riesgo político.

La Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) del Banco Mundial anunciaron ayer que decidieron elevar al directorio la solicitud del crédito. Y por lo general cuando la solicitud de un crédito es elevado al directorio, es aprobada. Es muy inusual que el directorio se oponga a las recomendaciones de su presidente Paul Wolfowitz.

De hecho, Wolfowitz está recomendando la aprobación de este crédito pese a que las papeleras tienen un proceso judicial en la Corte de la Haya que sigue abierto. Más aún, no parece haberle importado que, si bien la Corte dio luz verde a la construcción de la papeleras, al mismo tiempo dictaminó que si fuese necesario, en un futuro, podría ordenar desmantelarlas. Esto representa un duro revés para el gobierno. Si bien el juicio en la Corte no influenció la decisión de Wolfowtiz, la aprobación del crédito, es decir el amplio aval del Banco Mundial, sin duda influenciará las próximas decisiones de los jueces.

En un comunicado la CFI y Miga (que se ocupan del sector privado en el Banco) explicaron ayer que la decisión se basó en un extenso proceso. Ese proceso incluyó los resultados concluyentes y positivos de un estudio sobre impacto acumulativo de las papeleras sobre el medio ambiente y un análisis posterior del estudio realizado por expertos independientes.

"Las conclusiones del estudio y el informe de los expertos confirman que la planta cumplirá con las políticas ambientales y sociales de la CFI y MIGA a la vez que generará beneficios económicos significativos para la economía uruguaya", dice el comunicado. También agrega: "Consideramos que el estudio de impacto acumulativo revisado de setiembre del 2006 aborda eficazmente los temas planteados por nosotros y por las partes interesadas".

Según la CFI y MIGA, el estudio demuestra que las plantas están diseñadas de acuerdo con prácticas modernas y ambientalmente sostenibles, según las mejores técnicas disponibles. Y hace hincapié en un tema central: sostienen que "los resultados del estudio de impacto acumulativo y el informe de los expertos confirman que la zona local en Argentina y Uruguay no sufrirá ningún impacto ambiental adverso. En particular, la ciudad argentina de Gualeguaychú no experimentará ningún impacto ambiental negativo", dice textualmente.

La CFI ha estado analizando el apoyo financiero para el proyecto Orion de la finlandesa Botnia y para el proyecto CMB de la española Ence desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, después del anuncio de ENCE de reubicar su planta, la CFI ha decidido poner en espera el proyecto CMB hasta que la Corporación haya tenido la oportunidad de evaluar este proyecto en su nueva ubicación y considerar sólo la financiación de la planta de Orión por el momento.

Según el comunicado,"el proyecto Orión tendrá un impacto significativo y positivo sobre la economía de Uruguay. Se espera que genere ingresos equivalentes al 2% del PBI del país y más del 8% de las exportaciones anuales durante los estimados 30 años de plena producción. Los impactos en el empleo también serán significativos. El proyecto Orion creará aproximadamente 2.500 puestos de trabajo en Uruguay, de los cuales 300 serán en la planta y 2.200 en silvicultura y transporte local. Este proyecto representa la mayor inversión extranjera de la historia de Uruguay, y apoya la estrategia del país de diversificar su base de exportación y aumentar su competitividad. Concluye que "ayudará a Uruguay a ascender en la calidad y el valor de sus productos exportados".
(Por Ana Baron, Clarin, 18/10/2006)
http://www.clarin.com/diario/2006/10/18/elpais/p-01401.htm