Con una activa participación en el debate de algunos jueces de la Corte, con la crítica de las empresas al plan de saneamiento del Gobierno y el pedido de un cronograma controlado por parte del defensor del Pueblo de la Nación y de ONG, concluyó ayer la segunda audiencia pública convocada por el máximo tribunal para encarar la limpieza del Riachuelo.

Minutos después de las 11 la Corte, esta vez presidida por Elena Highton, comenzó la sesión ordenada para que las partes expusieran sobre el reclamo de vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo contra 44 empresas y los estados nacional, bonaerense y porteño. Durante 20 minutos expusieron los representantes de Antivari SACI, Curtiduría Gaita SRL y Orvol. Luego fue el turno de Petrobras, Solvay Indupa y de Shell.

"Son angelicales", ironizó el ministro Carlos Fayt, cuando, ante su pregunta, uno de los abogados de las firmas demandadas por contaminación negó la utilización de sustancias prohibidas. Es que en todos los casos las seis firmas demandadas que participaron de la audiencia pública negaron que las actividades de sus respectivas empresas generaran efectos nocivos para el curso de agua o el ambiente.

"No produce daño ni contaminación alguna", "la actividad es ajena a la problemática" que se ventila en el juicio, y "no es causante ni en una mínima fracción de los males de la cuenca hídrica", fueron las expresiones que repitieron los abogados de los establecimientos ribereños.

Pero Fayt, que contó que adquirió experiencia debido a una cuestión anterior de la que se había ocupado en el norte bonaerense, quiso más precisiones sobre los productos que se utilizan en las curtiembres. El ministro se mostró escéptico sobre las bondades de las sustancias que mencionaba el abogado Marcelo Violet, de Curtiduría Gaita -con 330 empleados-, a lo que el profesional contestó que él vive en la zona y junto a sus hijos bebe el agua del lugar: "No tenemos trastornos intestinales ni cáncer", aseguró.

"Es de desear que continúe así, lo veo bastante sano", acotó Fayt. Violet cuestionó los dichos de la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, que hace una semana, cuando se realizó la primera audiencia, atribuyó a la actividad de las curtiembres el 50 por ciento de la contaminación de la cuenca. Según el letrado, no hay documentación que acredite esos porcentajes.

Luis Piedibene, representante legal de Orvol, denunció que el Gobierno "obliga a la empresa a que cierre. No se trata de una mudanza del Polo Petroquímico de Dock Sud [así lo presentó Picolotti hace una semana]. En seis meses tenemos que cerrar porque existe una decisión política. Nosotros ni siquiera almacenamos productos químicos, el 55 por ciento de nuestros productos es aceite vegetal", dijo.

Consultada por LA NACION, Picolotti negó que obligaran a esas firmas a cerrar: "Cuando solicitamos el traslado de estas empresas nos asiste el derecho, ya que la mayoría está con permisos precarios en terrenos fiscales y tiene una serie de incumplimientos. Estamos trabajando en conjunto para que se muden en un período de nueve meses".

DaimlerChrysler fue una de las empresas que hizo su presentación por escrito y aseguró que cumple "con toda la legislación ambiental". El representante de Shell, en tanto, admitió la utilización de benceno y reconoció que es cancerígeno, pero aclaró que también lo produce la combustión de madera o de carbón "para hacer un asado", ejemplificó.

"¿Usted es partidario de prohibir los asados?", volvió a preguntar, esta vez jocoso, el ministro Fayt. Previamente había hecho su presentación Gustavo Hours, representante de Petrobras, que fue interrumpido por el ministro Ricardo Lorenzetti, que recordó el derecho de defensa, dijo: "Si no caeríamos en la afirmación de que el Riachuelo se contaminó solo". Hours siguió con su presentación en la que respondió que cuentan con estudios de calidad ambiental y también respondió a Raúl Zaffaroni que le había preguntado sobre un posible accidente de la empresa. El letrado respondió que ésta nunca tuvo un accidente en el polo.

"Violación flagrante"
Luego le llegó el turno a Eduardo Mondino, defensor del Pueblo de la Nación, que contó a los jueces que se presenta una "flagrante violación a los derechos humanos", porque "en esas casas [en la Villa Inflamable, en el polo petroquímico] falta de todo, menos un nebulizador y un broncodilatador". También reclamó un cronograma controlado para la limpieza.

A su turno, el abogado Andrés Nápoli, por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), reclamó "atención inmediata" para la "población en riesgo" y condena a quienes provocaron "daños irreversibles", "la realización de estudios epidemiológicos" y que el saneamiento no sólo sea financiado por el Estado.

También el presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, Alfredo Alberti, solicitó evitar una pérdida de tiempo "porque -enfatizó- nuestras muertes no deben financiar las vidas de las empresas".
(La Nacion, 13/09/2006)
http://www.lanacion.com.ar/EdicionImpresa/informaciongeneral/nota.asp?nota_id=840014