El debate sobre las plantas de celulosa parece haber eclipsado la discusión aún más importante sobre el modelo forestal implantado en Uruguay, cuyo resultado final es la disponibilidad de madera abundante y barata que despierta el interés de la industria de la celulosa por instalarse en nuestro país.

En ese sentido, es interesante señalar que las dos empresas que están en el centro de la discusión -Ence y Botnia- poseen unas 100.000 hectáreas de tierras cada una, que se integran en un proceso acelerado de latifundización y extranjerización de tierras al que se integra la norteamericana Weyerhaeuser (130.000 hás), así como otros grupos extranjeros y nacionales cuyas propiedades suman unas 200.000 hás adicionales.

Pese a los graves impactos sociales y ambientales resultantes de la forestación de amplias áreas de territorio con especies de rápido crecimiento como eucaliptos y pinos, Ence y Botnia (junto a los grupos uruguayos COFUSA, FYMNSA e Industrias Forestales Arazatí) lograron que sus plantaciones fueran certificadas como “ambientalmente apropiadas, socialmente beneficiosas y económicamente viables” por un organismo certificador internacional llamado FSC (Forest Stewardship Council).

En respuesta, se realiza una investigación sobre las principales empresas con plantaciones certificadas en Uruguay, que incluye una crítica detallada de los informes de las empresas certificadoras que se complementa con entrevistas a trabajadores y gente de las comunidades locales. Los resultados de dicha investigación --que concluye que ninguna de estas plantaciones cumple el mandato del FSC y que por ende no deberían haber recibido el sello verde que hoy ostentan-- se publican en el informe “Maquillaje verde. Análisis crítico de la certificación de monocultivos de árboles en Uruguay por el FSC”.

En un reciente boletín del WRM dedicado al tema de la certificación FSC (Nº 108 / julio 2006), se sintetizan los hallazgos de dicho informe y se detallan y analizan las reacciones de las empresas certificadoras y del propio FSC frente al mismo. Se adjuntan los dos artículos sobre el caso de Uruguay. El boletín completo está disponible aqui.

Cuatro empresas que no deberían estar certificadas
En 1987 se aprueba en Uruguay una legislación que implica la promoción --a través de exenciones impositivas y subvenciones-- de monocultivos a gran escala de árboles exóticos (principalmente eucaliptos y pinos) con destino a la exportación. Es así que el país, hasta entonces agrícola- ganadero, comienza a convertir parte de sus fértiles praderas en “desiertos verdes”, que actualmente superan las 700.000 hectáreas.

Paralelamente comienza una creciente oposición a los monocultivos de eucaliptos y de pinos. Parte de esa oposición es el resultado de años de campañas y denuncias concretas de organizaciones ambientalistas, sociales y sindicales locales, que han venido documentando los impactos de ese modelo forestal. Pero también les cabe “mérito” a las propias empresas forestadoras, cuyas plantaciones han demostrado tener los impactos anunciados por las organizaciones de la sociedad civil y cuyas prácticas sociales han dejado mucho que desear.

A partir del año 2001 aparece en escena el FSC certificando 5.000 hectáreas de plantaciones de la empresa Industrias Forestales Arazatí (a través de la certificadora SmartWood). Entre quienes conocían a esa empresa, con su larga tradición de destrucción ambiental (desecamiento de humedales) y de política antisindical (que llegó a amenazar a representantes del Sindicato de la Madera con sacarlos a balazos), quedó de entrada muy claro que, si esa empresa era certificada, todas las demás también lo serían. Y efectivamente, así ha sido. Una tras otra, las empresas que solicitan la certificación la logran, pero los impactos continúan y se agravan a medida que las plantaciones –certificadas o no– cubren extensiones cada vez mayores en distintas zonas del país.

En agosto de 2005 había siete empresas con plantaciones certificadas por el FSC en Uruguay, con un área total certificada de 133.711 hectáreas. De las mismas, cinco tenían áreas plantadas de más de 5.000 hectáreas, en tanto que dos eran pequeñas plantaciones (31 y 184 hectáreas respectivamente). En cuanto al origen del capital, dos eran extranjeras (la finlandesa COFOSA y la española EUFORES) y las restantes nacionales. Cinco fueron certificadas por SGS Qualifor, en tanto que dos lo fueron por SmartWood (Rainforest Alliance).

Un trabajo de campo del WRM llevado a cabo a fines de 2005 y publicado en marzo de 2006 ("Maquillaje Verde. Análisis crítico de la certificación de monocultivos de árboles en Uruguay por el FSC", al que se puede acceder aquí ), describe a las principales empresas certificadas en Uruguay (EUFORES, COFOSA, FYMNSA, COFUSA) y llega a la conclusión de que ninguna de las cuatro empresas analizadas cumple con el mandato explícito del FSC, que plantea que “El Consejo de Manejo Forestal (FSC) promoverá el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques [sic] del mundo”.

En el boletín Nº 104 del WRM, sobre Uruguay, hicimos referencia a los resultados del estudio. Los graves impactos sobre el agua, la flora --con especial afectación de la pradera, principal ecosistema del país y base de la producción agropecuaria--, la fauna y el paisaje revelan que las plantaciones certificadas no cumplen las condiciones de manejo “ambientalmente apropiado” de los recursos naturales.

Por otro lado, la promoción de las plantaciones de monocultivos de árboles ha provocado diversas tendencias. Los beneficios empresariales del modelo forestal se optimizan en condiciones de latifundio, con lo cual se ha producido un incremento de la compra de grandes extensiones de tierra –en gran medida por parte de empresas extranjeras. A su vez, se trata de una actividad excluyente de otras actividades productivas por los impactos que provoca en las mismas, contribuyendo así al despoblamiento de la campaña. Además el empleo que han generado ha sido precario, zafral y tercerizado. Todas estas circunstancias dan por tierra con el requisito de manejo “socialmente beneficioso”.

En cuanto al requisito de constituir una actividad “económicamente viable”, lo constatado es que de no ser por la enorme subvención directa e indirecta --desde exoneraciones hasta construcción y mantenimiento de caminería-- recibida por el Estado, es decir, el pueblo uruguayo, seguramente la forestación no se habría desarrollado en el país. Por último, en el caso concreto de Uruguay, la certificación de estas plantaciones no contribuye a promover el manejo sustentable de los bosques (que están protegidos por ley) y en cambio, avala la destrucción completa del principal ecosistema del país (la pradera).

La certificación implica, además, un debilitamiento de la oposición local, puesto que las empresas reciben un sello supuestamente “verde” otorgado por una institución prestigiosa en la que participan activamente ONGs sociales y ambientales, que además fueron quienes crearon y promovieron este esquema de certificación.

Por otro lado, esas certificaciones erosionan la credibilidad del FSC, cuyo cometido original apuntaba a la protección de los bosques mediante su manejo adecuado. El propio hecho de que el FSC considere que las plantaciones son “bosques” va en desmedro de su credibilidad, a lo que se suma la certificación de grandes monocultivos de árboles, que de hecho implica que los declara como “ambientalmente apropiados, socialmente beneficiosos y económicamente viables” (tal como define su mandato).

Plantaciones certificadas en Uruguay: ¿puede el FSC garantizar tranquilidad de espíritu a los consumidores?

En marzo de 2006 el WRM publicó “Maquillaje verde. Análisis crítico de la certificación de monocultivos de árboles en Uruguay por el FSC”. Este informe concierne a las cuatro principales empresas con plantaciones certificadas e incluye una crítica muy detallada de los informes de las empresas certificadoras que se complementa con entrevistas a trabajadores y gente de las comunidades locales de las zonas vecinas a las plantaciones. La conclusión es que ninguna de estas plantaciones cumple el mandato del FSC, pues no están manejadas de modo “ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable”.

Las dos empresas certificadoras involucradas (SGS y Smartwood) reaccionaron al informe enviando su respuesta al FSC. Basándose en esas “pruebas” el FSC difundió una declaración titulada “El FSC garantiza tranquilidad de espíritu a los consumidores” (véase --en inglés-- aquí ). Allí se cita a Heiko Liedeker, director de FSC Internacional, quien declara que “Al leer los informes de las empresas certificadoras se ve que en el documento del WRM hay información que se funda en equívocos o en algunos casos se presenta fuera de contexto” y termina prometiendo que “Los consumidores pueden contar con el sistema del FSC como garantía de buen manejo forestal”.

Creemos honestamente que al actuar de esta forma el FSC se pierde una buena oportunidad de cambio, especialmente en el contexto de la revisión de la certificación de plantaciones en la que la organización está hoy trabajando. El informe del WRM no “se funda en equívocos” en modo alguno, ni presenta nada “fuera de contexto”; se basa en los hechos.

Desgraciadamente, por mucho que quisiéramos no podemos comentar la respuesta de SGS por la sencilla razón de que el documento presentado ante el FSC no está disponible para el público. Podemos sin embargo comentar la de Smartwood (disponible –en inglés-- aquí ), que expresa que “Las conclusiones del informe del WRM relativas a la interacción entre partes interesadas no concuerdan en numerosos puntos con los registros o la información que posee SW”. A este respecto, Smartwood brinda la siguiente información:

“El informe del WRM declara que el dirigente de un sindicato local (José Bautista) indicó a SW sus opiniones respecto de la certificación de FYMNSA y SW las ignoró (“lo que dije a SmartWood sobre la certificación de FYMNSA no lo tuvieron en cuenta para nada" y que “luego que vino SmartWood a los pocos días había un gran cartel de la certificadora en las oficinas de la empresa"). Queremos aclarar lo siguiente: SOIMANORPA, que Bautista dirige, se fundó en 2003. Bautista nunca fue entrevistado durante la evaluación inicial de FYMNSA simplemente porque esta organización no existía en aquel momento. Se lo entrevistó después, durante la evaluación de otra operación, Villa Luz, donde se reunió con los auditores de SW Jacques Boutmy y Rolyn Medina. En esa reunión indicó que en su opinión el WRM no estaba actualizado respecto de la realidad social o laboral de las operaciones en el propio campo. Indicó también que FYMNSA era [una empresa] líder en permitir al sindicato la interacción con los trabajadores de FYMNSA y que su sindicato mantiene una comunicación constante y muy abierta con FYMNSA.”

Esa es la versión de Smartwood, que aparentemente Heiko Liedeker considera verdadera. El día jueves 20 de julio de 2006 me comuniqué con Bautista y le pregunté si estaba de acuerdo con lo que planteaba Smartwood. Su respuesta fue: “Es todo falso”. Bautista es un hombre muy organizado y lleva un registro de todo lo que hace. Por lo tanto pudo rastrear la mencionada reunión con Jacques Boutmy y Rolyn Medina ¡y descubrió que ésta se llevó a cabo el 20 de octubre de 2004, mucho antes de que al WRM siquiera se le ocurriera hacer esta investigación!

Le pregunté más específicamente si en su opinión “FYMNSA era líder en permitir al sindicato la interacción con los trabajadores de FYMNSA”. Una vez más, Bautista respondió: “Es falso”. Con relación a la afirmación de SW de que “su sindicato mantiene una comunicación constante y muy abierta con FYMNSA” Bautista explicó que si bien la compañía recibe al sindicato, se trata tan sólo de una mera formalidad. Y añadió: “hace tres días me entrevistaron en Rivera [capital del departamento donde FYMNSA tiene su sede] el Canal 6 de televisión y cuatro radios locales y dije que la empresa estaba violando las normas laborales y que nunca tendría que haber sido certificada. Quizás sea por eso que SmartWood reaccionó así”.

En su informe ante el FSC, Smartwood añade que “Ahora FYMNSA contrató un auditor laboral externo para garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos laborales para todo el personal y los contratistas. Este auditor envía a FYMNSA informes mensuales sobre estos temas, incluidas las solicitudes de acción correctiva (CARs)”. También le pregunté acerca de esto a Bautista, que me respondió: “De eso no sé nada”. Podría suponerse que el dirigente sindical con quien aparentemente FYMNSA mantiene tan buena comunicación sería la primera persona a quien se informaría de tan buenas noticias. Desgraciadamente, no es el caso.

Peor todavía, Bautista me explicó en detalle la muy conflictiva situación actual resultante de la violación de normas laborales por parte de la empresa y me envió un resumen escrito con los principales puntos del conflicto (ver aquí ). Contrariamente a lo que la respuesta de Smartwood parece implicar, el documento termina declarando que “El diálogo con el Sindicato existe pero a través de él no se ha conseguido revertir los incumplimientos laborales de FYMNSA ni el respeto a la organización sindical y al trabajador”.

Incluso sin tomar en cuenta todos los demás impactos ambientales y sociales detallados en el informe del WRM, lo anterior alcanza para enfatizar que en ese caso, donde hay una violación de derechos laborales, el FSC no puede tener la pretensión de creer que puede “garantizar la tranquilidad de espíritu de los consumidores”.
(La Biodiversidad, 25/08/2006)
http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/26281