Si las industrias del conurbano y el Gran Buenos Aires tuvieran la misma legislación ambiental que tiene la minería, el Riachuelo no estaría contaminado". Con este grado de convicción sobre los estrictos controles que —según él— puede tolerar la actividad minera, Martín Dedeu, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), salió al cruce de algunas acusaciones que recibió el sector desde la Secretaría de Medio Ambiente.

Sucede que ahora las perspectivas del negocio —con inversiones que se calculan en 5.400 millones de dólares, en los próximos cuatro años— justifican la reacción de un sector que quiere despejar cualquier riesgo para la actividad. Las palabras de Dedeu quisieron contestar, específicamente, las declaraciones que hizo la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, cuando criticó la utilización del cianuro en la minería a cielo abierto.

La reacción de los empresarios y de los representantes de las provincias mineras no se hizo esperar. Enseguida reivindicaron la jurisdicción ambiental de las provincias y se encargaron de dejar en claro —a través de un comunicado del Consejo Federal de Minería (Cofemin)— que la autoridad ambiental nacional no puede hacer acciones unilaterales sin consultar con las provincias.

En un momento en que importantes mineras del mundo están poniendo sus ojos en la Argentina para concretar nuevas inversiones, los empresarios mineros calculan que "es hora" de cambiar esa actitud introvertida que tuvieron hasta ahora, producto, sobre todo de los constantes cuestionamientos de los organismos defensores del medio ambiente.

Por eso, Dedeu se defiende: "Las leyes mineras fueron aprobadas por la comunidad política" (en los años 90), y asegura que "tiene los estándares ambientales acordes a los de todo el mundo". El titular de la CAEM reconoce —por otra parte— que la actual política del presidente Kirchner es abiertamente "prominera". Pero señala algunas "contradicciones" que existen en el Gobierno sobre el tema.

Un ejemplo son las opiniones disímiles entre Picolotti y el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Aunque también hay otras embestidas oficiales contra la expansión de la minería, según el empresario. "El freno que tuvo en Esquel el proyecto minero El Desquite", enumera Dedeu, refiriéndose al caso en el que la Justicia consideró que podía ser el responsable de la contaminación del agua del lugar. O "la decisión oficial de ampliar las zonas de reservas naturales en Mendoza", donde la actividad también encontró una límitación, señala.

"No obstante, —según Dedeu— se trata de pequeños focos que no logran empañar la politica prominera que se está impulsando en otras provincias", apunta. En cuanto a la contribución de la minería como sector productivo de la economía, el empresario destaca que el sector tuvo, el año pasado, una participación del 0,7% en el PBI del país, que actualmente existen proyectos por más de 5.000 millones de pesos y que los aportes de las mineras por impuestos superaron los 980 millones en el 2005.

En cuanto a las posibilidades de expansión, los vientos son favorables, según el empresario. El creciente valor de los metales a nivel mundial, la demanda que está generando China y el hecho de que la Argentina fue explorada en, apenas, un 25%, son los principales móviles del sector.
(Por Natalia Muscatelli, Clarin, 24/08/2006)
http://www.clarin.com/diario/2006/08/24/elpais/p-01803.htm