La Argentina y Uruguay hicieron ayer sus alegatos ante el tribunal del Mercosur en el juicio que los enfrenta por los cortes en los pasos de frontera impulsados por la Asamblea Ambientalista durante el verano pasado, una demanda iniciada por el gobierno uruguayo en el marco del conflicto por las papeleras de Fray Bentos. Lo que se discutió ayer aquí, concretamente es la responsabilidad del gobierno argentino sobre el alcance y el impacto de esas protestas.

En el segundo y último día de las audiencias en el edificio del viejo Hotel Parque, hoy la sede administrativa del Mercosur, Uruguay sostuvo que con su "omisión" en hacer cesar los cortes, el gobierno argentino incurrió en un incumplimiento de sus responsabilidades internacionales y ha generado "inseguridad jurídica" respecto de las decisiones que pueda tomar en el futuro de repetirse los bloqueos.

La Argentina rechazó la idea de el Gobierno no actuó para levantar los cortes y sostuvo que empleó una estrategia de disuasión "razonable", que se reveló, dijo, "exitosa". Este es el segundo juicio en trámite entre los dos países por las papeleras. En junio pasado, la Corte Internacional de Justicia de la Haya había desestimado un reclamo argentino para que se detengan las obras en Fray Bentos ante el riesgo inminente de contaminación. La Corte aún debe fallar sobre la cuestión de fondo: si Uruguay violó la normativa binacional al autorizar las obras.

La audiencia de ayer ocupó cerca de cuatro horas, desde las 10.30 de la mañana, y fue a puertas cerradas, como disponen los procedimientos del bloque regional. Abrió la parte uruguaya con la lectura de un voluminoso informe, que le demandó una hora y media al ministro consejero de la cancillería, Hugo Cayrus. Lo acompañaban el titular de la representación, Carlos Amorin, director del área Mercosur e Integración de la cancillería, y la jurista Miriam Fraschini.

El tribunal se compone de tres árbitros, dos puestos por las partes, el argentino Carlos Barrreira y el uruguayo José María Gamio, y uno designado por el bloque, el español Luis Martí Mingarro. Algo sobre ellos: los dos primeros almorzaron ayer a solas en el piso 25 del Hotel Radison, pasadas ya las cuatro de la tarde, donde discutieron el proceso. El español, despierta inquietud en la parte argentina, que lo recusó por vicios de procedimiento en su designación y por su nacionalidad, la misma de una de las empresas pasteras. Este árbitro presidió en 2001 un tribunal arbitral que falló contra la Argentina en una controversia comercial con Uruguay por la importación de bicicletas.

A la atención de este hombre Uruguay dirigió ayer el eje de su presentación: la estrategia de "disuasión" de la Argentina frente a los cortes no fue "eficaz" y en su lugar debió haberse utilizado "con toda la fuerza el poder soberano del estado". La misma idea había sido planteada en la demanda del Uruguay del mes pasado, aunque en este caso se omitió, deliberadamente, el término "represión".

La representación argentina recayó en dos funcionarios de la cancillería: Juan Vicente Sola, de la secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y Nora Capello, del área Mercosur. El principio del planteo argentino fue demostrar que el planteo uruguayo es en abstracto, dado que los cortes fueron levantados hace tres meses, y que el estado no incumplió con obligaciones surgidas de la normativa regional y el derecho internacional. La Argentina buscó probar que las disposiciones sobre libre circulación de bienes y servicios no se refieren a actos de particulares ni a otros que no sean regulatorios del comercio. "Las manifestaciones, ¿son una medida paraarancelaria?" ironizó el argentino.

Este punto es importante. Este tipo de tribunales, regulados por el Protocolo de Olivos del Mercosur, entiende en controversias vinculadas al comercio. Uruguay ha intentado probar que los cortes significaron un perjuicio en el intercambio bilateral y en el turismo. Fue lo central de la primera audiencia, el miércoles.

Si Uruguay evitó hablar de "represión", la Argentina abandonó todo discurso que pudiera emparentarla con una justificación de las protestas, como sugirió su presentación, al principio. Las partes cuentan hasta el viernes 17 para cerrar sus alegatos con una presentación escrita. El tribunal tiene hasta el 7 de setiembre para dar a conocer su laudo, que se descuenta, será apelado cualquiera sea.
(Por Walter Cúria, Clarin, 10/08/2006)
http://www.clarin.com/diario/2006/08/11/elpais/p-01001.htm