Cuando apenas se repuso del fallo adverso en la Corte Internacional de la Haya, la Argentina enfrenta un nuevo juicio por las papeleras. Será a partir de hoy y hasta el jueves en Montevideo, donde deberá probar ante un tribunal del Mercosur que el Gobierno no eludió su responsabilidad de levantar los cortes de ruta en Entre Ríos que bloquearon dos pasos fronterizos con Uruguay entre enero y mayo pasado.

Las audiencias, que se realizarán en la sede de la secretaría administrativa del bloque regional, frente al Parque Rodó, fueron anticipadas por una nueva señal política del Gobierno en torno al conflicto. Ayer, la Cancillería rechazó oficialmente la iniciativa uruguaya de un "monitoreo permanente y conjunto" sobre el impacto ambiental de las plantas de celulosa en Fray Bentos, sobre el Río Uruguay.

La posición argentina, que responde a un pedido formal cursado la semana pasada por Uruguay fue entregada al embajador uruguayo Francisco Bustillo, convocado ayer a la cancillería por el vicecanciller Roberto García Moritán. En el texto, al que accedió Clarín, Argentina reitera su rechazo a involucrarse en tareas de monitoreo de las plantas, porque implicaría aceptar "la consecuente convalidación de un acto ilícito".

La Cancillería cita además un pasaje de la reciente resolución de la Corte de La Haya que traslada al Uruguay, y no a las empresas, la responsabilidad sobre los riesgos que eventualmente ocasione una decisión de fondo del tribunal. Este es precisamente el argumento que mantiene con vida la estrategia argentina frente al conflicto. La Haya rechazó la pretensión argentina de parar las obras, pero dejó abierta la posibilidad de que las plantas puedan ser incluso desmanteladas en el futuro de comprobarse un impacto irreparable sobre el medio ambiente.

La Corte aún debe pronunciarse sobre la cuestión de fondo que llevó a la Argentina a litigar: si Uruguay violó el Tratado del Río Uruguay, al no haber informado como correspondía sobre el alcance de las obras. Pero para eso falta mucho y Uruguay también recurrió a un escenario internacional. En abril pasado denunció a la Argentina ante un tribunal ad hoc del Mercosur a raíz del bloqueo de los pasos fronterizos. Alega que la falta de acción del gobierno argentino ante los cortes desconoció normas del Mercosur y disposiciones del derecho internacional. Y cargará en estos dos días aquí con que la Argentina ha generado "inseguridad jurídica" sobre cómo actuará en el futuro.

Las audiencias se inician hoy a partir de las 10 con la exposición de testigos propuestos por las dos partes, que responderán a un cuestionario previsto. Están habilitadas las repreguntas e incluso, que el propio tribunal los indague. La Argentina ha presentado seis, contra los diez propuestos por Uruguay: entre ellos, el actual director de Aduanas, Ricardo Echegaray, y el ex secretario de Industria, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Dante Sica.

El jueves, ambos Estados harán una presentación verbal ante el tribunal, comenzando por el demandante, Uruguay. Según los procedimientos dispuestos por el Protocolo de Olivos del Mercosur, el tribunal —integrado por tres jueces, dos de ellos puestos por cada Estado y un tercero por sorteo— dispone de hasta 90 días desde iniciado el trámite para dar a conocer su laudo, que puede ser apelado. El plazo se cumplirá el 7 de setiembre.

La decisión del tribunal tendrá efecto de declaración, es decir, que no comprometerá a ninguno de los gobiernos a adoptar o dejar sin efecto medidas específicas, como ocurre habitualmente en una controversia comercial. Esto no implica que un revés en el Mercosur no significará un fuerte impacto sobre la ingeniería jurídica argentina. Fuentes del Gobierno no eluden esa posibilidad: consideran que el clima no es precisamente favorable a la postura argentina.

El tribunal rechazó recientemente dos reclamos argentinos: un cambio de sede ante el riesgo de pérdida de imparcialidad y la recusación del juez español, Luis Martí Mingarro, a quien se objeta por la nacionalidad (la misma que una de las empresas pasteras, ENCE) y por su designación en el marco de un procedimiento poco claro. La posibilidad cierta de un nuevo revés invita a preguntarse sobre la conveniencia de rechazar toda propuesta de diálogo hasta el fallo definitivo de La Haya. Pero el presidente Kirchner ha dado una instrucción de la que no habrá regreso: no negociar en la debilidad.
(Por Walter Cúria, Clarin, 08/08/2006)
http://www.clarin.com/diario/2006/08/09/elpais/p-00601.htm