El Gobierno salió ayer a enmendar la difusión que un día antes le dio al escrito presentado en el juicio por las papeleras de Fray Bentos. El miércoles, mediante un comunicado, dio a entender que justificaba los cortes de ruta protagonizados por los ambientalistas entrerrianos en los puentes fronterizos con Uruguay. Ahora hizo una distinción: "justificamos el reclamo, pero no las metodologías".

El encargado de la corrección fue Alfredo Chiaradia, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. En la gacetilla con la que se informó sobre la presentación argentina, se hacía hincapié en que los cortes de ruta fueron "una muestra de la libre expresión" de los habitantes de Gualeguaychú "en defensa de un derecho considerado legítimo".

Y —de hecho— en la contestación argentina a la demanda uruguaya se reivindica permanentemente este derecho por sobre la libre circulación de bienes y servicios. Sin embargo, Chiaradia insistió ayer en que no se trata de una "justificación" de los bloqueos a los puentes.

Esta había sido la interpretación realizada por Clarín y varios medios más. A diferencia de otros casos de fuerte repercusión pública, los funcionarios políticos acostumbrados a expresar la posición del Gobierno ayer optaron por no decir palabra. La estrategia fue circunscribir esta suerte de autorectificación a un área técnica de la Cancillería.

Voceros oficiales admitieron que el comunicado del miércoles a la noche no fue del todo feliz, en tanto no privilegió otros aspectos del escrito. Esto es: que los reclamos por los cortes de los puentes se volvieron "abstractos" y que los daños económicos alegados no son tales.

En su demanda, Uruguay solicitó dos cosas: por un lado, que se declare la responsabilidad de su vecino por no haber adoptado las medidas para "prevenir y/o hacer cesar" los cortes de ruta; por otro lado, que Argentina se comprometa a que los bloqueos no se repitan. Del juicio se encarga un tribunal arbitral con sede en Montevideo, que emitirá su laudo antes del 7 de septiembre.

Para afianzar su posición, la Cancillería uruguaya le recordó al gobierno de Néstor Kirchner que, así como permitió los bloqueos de los puentes fronterizos, fue más diligente para evitar movimientos parecidos este mismo año. Pusieron tres ejemplos: Santa Cruz, en ocasión de una protesta de petroleros; Chascomús, por parte de trabajadores lácteos, y los subtes porteños, en otro conflicto laboral.

En su réplica, Argentina volvió a justificar los cortes por las papeleras. Sostuvo que en los de Entre Ríos fueron pacíficos, mientras que aquellos se reprimieron porque los manifestantes usaron antes la violencia. Y que así como en Las Heras, en la ruta 2 y en los subtes el Gobierno tenía alternativas para ofrecer, como el dictado de una conciliación obligatoria, en Gualeguaychú estaba atado de manos, por cuanto el reclamo se dirigía al exterior.

Es más, la mayor parte de la extensa contestación argentina se va en la reivindicación de la libertad de expresión como derecho de rango superior. Se advierte —es cierto— que los bloqueos de ruta no se alentaron; incluso, se recuerda que Kirchner intentó disuadir a los ambientalistas mediante un discurso. Pero a la vez, en el escrito se reconocen los mismos cortes como una forma comprensible de concreción del derecho a la libre expresión.

Poco espacio quedaba para otra cosa: si Argentina no hubiera justificado todo esto, le habría concedido a Uruguay que toleró una conducta además ilícita; un razonamiento que le restaría chances en un juicio que, de entrada, en la Cancillería ven "muy difícil". Otro problema se presentará cuando alguien pida esta misma comprensión del Gobierno para reclamos que, con métodos parecidos, los manifestantes consideren igual de legítimos.
(Por Pablo Abiad, Clarin, 28/07/2006)
http://www.clarin.com/diario/2006/07/28/elpais/p-00501.htm