El Gobierno rechazó esta noche la demanda de Uruguay por los cortes de ruta realizados por ambientalistas de Gualeguaychú y Colón, al asegurar ante el Tribunal del Mercosur que hizo prevalecer "la libertad de expresión" garantizada por la Constitución Nacional.

En su presentación, la Cancillería calificó como "abstracta" la demanda uruguaya. Y puntualizó que "no cabe invocar una restricción a la libertad de expresión en desmedro de otro derecho" como la libertad de circulación, "que no reviste esa calidad de derecho humano fundamental".

"La libertad de expresión, ejercida por los ciudadanos argentinos, constituye un derecho humano fundamental que goza, en nuestro país, de jerarquía constitucional", sostuvo el texto. El escrito, además, puntualizó que no se violó el libre tránsito de bienes y personas porque se "reforzaron" los crucer por los que debían pasar las mercaderías. "La circulación nunca estuvo interrumpida en forma total", se expresó.

Asimismo, Cancillería resaltó en el texto que el comercio bilateral creció "en forma importante" durante el bloqueo. "Las importaciones argentinas desde Uruguay aumentaron 35% durante el primer semestre de 2006 respecto del mismo período de 2005, en tanto que el número de turistas desde la Argentina hacia Uruguay se incrementó en un 4% en el primer trimestre de 2006, respecto de idéntico periodo del año anterior", se destacó.

En su demanda, Uruguay sostuvo que los bloqueos en los puentes internacionales por parte de los ambientalistas de Gualeguaychú y Colón, el último verano, le ocasionaron pérdidas por 400 millones de dólares. Además, cuestionó los esfuerzos realizados por el Gobierno para evitar estos cortes, al asumir que podría haberse actuado para despejar las rutas.

De todos modos, el juicio recién comienza; de hecho, las partes ni se pusieron de acuerdo sobre quiénes serán los tres árbitros del tribunal ad hoc que intervendrá en primera instancia. Uruguay había presentado su demanda en mayo —como réplica a la decisión argentina de recurrir a la Corte Internacional de Justicia— y la amplió cuando los dos gobiernos esperaban la primera decisión de La Haya, que finalmente rechazó el pedido argentino para que se detenga la construcción de las plantas.
(Clarin, 26/07/2006)
http://www.clarin.com/diario/2006/07/26/um/m-01240719.htm