Se planteó la urgencia de hacer una evaluación sobre los impactos económicos, sociales y ambientales que han causado la introducción legal e ilegal de estos cultivos, para que a partir de ésta se pueda pensar en la creación del Marco Nacional de Bioseguridad, tomando en cuenta primero el Principio Precautorio.

El día 11 de julio, la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU), REDES – Amigos de la Tierra y la Red de Acción en Plaguicidas para América Latina (RAPAL) se reunieron con la directora de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Ing. Agr. Alicia Torres. El objetivo de esta reunión fue transmitir la preocupación de estas organizaciones en relación al Comité Nacional de Coordinación, enmarcado en el Proyecto Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad, en el que estas organizaciones han estado participando desde su inicio en 2005.

El Comité se creó con el objetivo de hacer recomendaciones y sugerir medidas a tomar en la creación de un Marco de Bioseguridad en relación a los organismos genéticamente manipulados (transgénicos). Este comité está integrado por distintos actores involucrados, tales como empresarios de las semillas, de agrotóxicos, laboratorios, entes del estado o mixtos (tales como INASE, INIA, INAC), productores, empresarios del agro, entidades de gobierno y organizaciones no gubernamentales.

Las preocupaciones planteadas en esta reunión estuvieron basadas primero en el papel mismo que ha cumplido el Comité, ya que éste no se ha planteado como punto de partida el Principio de Precaución para poder trabajar en un marco de Bioseguridad, entendiendo como Principio de Precaución, la abstención frente a la duda. En relación a los transgénicos existen más dudas que certezas.

Sin embargo, también se mencionaron hechos destacables en la labor llevada a cabo en el Comité. Por ejemplo, se le trasmitió a la directora de la DINAMA que durante la reunión extraordinaria realizada el día 6 de marzo, el Comité aprobó por mayoría una moción con respecto a los transgénicos, que incluyó los siguientes puntos:

- Recomendar que a partir de la zafra 2006/2007, no se autorice la importación y comercialización de maíz dulce transgénico
- Solicitar la moratoria de la aprobación de nuevos eventos genéticamente modificados hasta tanto no se concrete la propuesta de un Marco Nacional de Bioseguridad.
- Solicitar la revisión de las autorizaciones de los eventos MON 810 y Bt11 de maíz y el CP4 de soja, hasta tanto no se concrete la propuesta de un Marco Nacional de Bioseguridad.
- Solicitar el cumplimiento estricto del Art 1 del Decreto 249/2000, que establece que “La introducción, uso y manipulación de vegetales y sus partes modificados genéticamente, cualquiera sea la forma o el régimen bajo el cual se realicen, sólo podrá efectuarse previa autorización otorgada por las autoridades competentes”.
- Solicitar se suspendan las experimentaciones en trébol blanco genéticamente modificado hasta tanto no se concrete la propuesta de un Marco Nacional de Bioseguridad.

En la siguiente reunión del Comité se hizo una evaluación de lo votado, coincidiendo en considerar que si la mayoría había votado por estos puntos ello mostraba claramente un grado de incertidumbre, razón por la cual se debería de trabajar con respecto a esto. Lamentablemente aparte de coincidir en el grado de incertidumbre, el comité ha seguido actuando sin tomar medida concreta alguna en relación a ninguno de los puntos mencionados y tampoco se ha tenido respuestas por parte de las autoridades sobre las recomendaciones antes expuestas.

También se le comentó a la Ing. Torres que en la página de la Presidencia de la República se dio a conocer una entrevista realizada por un periodistas al coordinador del proyecto Ing. Agr. Marcos Fromel, donde él plantea que la coexistencia de los cultivos transgénicos, convencionales y orgánicos es simplemente una cuestión de ordenamiento territorial. http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2006/04/2006042102.htm

En su reunión con la DINAMA, los representantes de las ONGs afirmaron que ese tipo de afirmaciones deja de lado la posibilidad de plantear un país sin transgénicos y que se contradice con el punto de partida para crear un Marco de Bioseguridad, que es el Principio de Precaución. Finalmente otro hecho que se señaló durante la entrevista fue que RAPAL, junto con otro grupo ambientalista había denunciado en noviembre a la DINAMA y al Comité de Bioseguridad, irregularidades en la venta de maíz dulce transgénico Bt11 vendido en una semillería de Montevideo. Sin embargo, hasta la fecha aún no se tienen los resultados de este gravísimo hecho.

Se le pidió a la directora de DINAMA una pronta respuesta sobre esta situación, ya que una nueva zafra se aproxima y las regulaciones con respecto a este maíz siguen siendo las mismas, o sea, que en estos meses la denuncia ha descansado en algún escritorio, pero las compañías semilleras han aprovechado este tiempo para seguir vendiendo en pos de la no regulación. Se le dijo que todas estas irregularidades y declaraciones públicas hacen pensar que Uruguay está lejos de poder cumplir con un marco regulatorio en relación a los organismos genéticamente manipulados.

También se le planteó la urgencia de hacer una evaluación sobre los impactos económicos, sociales y ambientales que han causado la introducción legal e ilegal de estos cultivos, para que a partir de ésta se pueda pensar en la creación del Marco Nacional de Bioseguridad, tomando en cuenta primero el Principio Precautorio. Finalmente se le manifestó la necesidad de informar a la sociedad y la importancia de un debate a nivel nacional acerca del modelo de país al que se aspira y que no se den cómo respuesta los hechos consumados o las decisiones tomadas por otras.
(Eco Portal, 17/07/2006)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/61425