La alegría del gobierno por el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya apenas se vislumbra tras los mensajes de "mesura" que evitan vocablos triunfalistas en pos de reconstruir las relaciones con Argentina. A pesar de ello, el canciller Reinaldo Gargano admitió que el tribunal "nos dio la razón".

El presidente Tabaré Vázquez también se abocó a recomponer el denominado "frente interno". Apenas conocido el fallo, Vázquez convocó a los líderes políticos a una reunión el lunes 17, a las 11.30 horas, en Suárez y Reyes para tratar dos temas: plantas de celulosa y relacionamiento con Argentina, según informó la Sepredi.

Ayer, a primera hora de la mañana, ya con el resultado sobre la mesa, los ministros Mariano Arana y Reinaldo Gargano se reunieron en la Cancillería con técnicos de ambas carteras para analizar los alcances de la ordenanza y determinar los pasos que se darán en adelante para sanear las relaciones con el gobierno y el pueblo argentinos.

Al término de la misma los secretarios de Estado realizaron una conferencia de prensa donde aseguraron que la decisión del Tribunal representa un "rechazo claro y terminante de la adopción de medidas cautelares" solicitadas por Argentina. Gargano por su parte afirmó que en la Corte "se nos ha dado la razón, pero que la razón debe ser administrada con corrección y equilibrio", remarcando que "esa es la línea marcada por el presidente" Tabaré Vázquez".

Puntualizando que por ese motivo Uruguay "no convertirá esto en un acto de triunfalismo", sino que continuará con la misma actitud de "mesura y templanza", para permitir que la semana próxima, cuando los presidentes participen de la Cumbre del Mercosur en Córdoba, el fallo de La Haya sea un elemento que "reafirme con racionalidad" el proceso de integración y no un factor que lo obstaculice.

Asimismo, el canciller subrayó que el dictamen constituye "una oportunidad para encontrar un camino de entendimiento", que permita a ambos países trabajar en forma conjunta en la protección de los ríos Uruguay y de la Plata para eliminar toda posibilidad de un nuevo conflicto en el futuro.

En tanto, Arana ratificó el compromiso de su cartera y por tanto del gobierno con "la estricta observancia de las normas vigentes" en nuestro país, y destacó las altas exigencias que éstas establecen expresando su deseo de que las mismas "fueran extendidas a todo el planeta, para defender la biodiversidad y apostar a la vida humana en primer término".

A la vez, anunció que el Mvotma actualmente instala en Fray Bentos un laboratorio "como nunca hubo en Uruguay" para el control específico de los procesos de producción de pasta de celulosa y que en los próximos días se concretará el ingreso de 28 científicos al cuerpo de inspectores de la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

Además resaltó que la elevación de la "autoexigencia en control e investigación ambiental" se verá fortalecida con mayores recursos económicos y con la posibilidad de que los gobiernos departamentales y las organizaciones no gubernamentales puedan incidir en las decisiones que se adopten en la temática.

E inesperadamente añadió: "Mi mayor anhelo sería incorporar (a ese equipo de monitoreo de las plantas), si así lo aceptan, delegados de Gualeguaychú cuyas inquietudes compartimos como compartimos todo aquello relacionado con la defensa de la vida y el desarrollo económico para nuestros países".

En otro orden, el canciller Gargano dijo no poder confirmar las versiones que indicaban que los presidentes Vázquez y Néstor Kirchner se habían comunicado telefónicamente luego de emitido el fallo, pero resaltó: "Ojalá mi Presidente pueda llegar a un acuerdo con el presidente de la República Argentina para encaminar este tema al máximo nivel".

También valoró que la intervención de la CIJ obligará a "toda América Latina a adoptar medidas muy rigurosas para controlar las otras plantas que hay; y que sí contaminan; y que no tienen los procedimientos modernos que tienen Botnia y ENCE". En cuanto a la eventual reinstalación de los cortes de ruta por parte de la asamblea ambiental de Gualeguaychú, Gargano aseguró que la responsabilidad por mantener el libre tránsito recae sobre el gobierno argentino.

Señalando a su vez que en caso de reproducirse la situación ocurrida entre enero y mayo, cuando tanto la gobernación de Entre Ríos como el gobierno federal cometieron una omisión permitiendo la permanencia de los piquetes durante 100 días, se recurrirá a los organismos de resolución de controversias del Mercosur, donde actualmente se evalúa la legalidad de los cortes antes mencionados en relación con el artículo 1 del Tratado de Asunción.

Cabe indicar que en la vecina orilla se presume que "habrá que pagar" si Uruguay presenta en ese ámbito un reclamo económico por los más de 500 millones de dólares de pérdidas ocasionadas los bloqueos a los puentes San Martín y General Artigas. El canciller también informó que en la reunión interministerial se desestimó que las anunciadas acciones de obstaculización del financiamiento de los emprendimientos, realizadas por la flamante ministra argentina de Medio Ambiente Romina Picolotti, tengan éxito.

"Las empresas cuando decidieron realizar estos emprendimientos ya habían trazado sus planes de financiamiento. En una inversión de mil millones de dólares y otra de 600 millones no se improvisa sobre la marcha. Además la mayor parte de los recursos provienen de sus propios accionistas y de las entidades financieras que las apoyan", detalló el ministro antes de sostener que esta resolución de La Haya ayudará a que los organismos multilaterales participen en el financiamiento.

Finalmente exclamó: "Determinadas personas en Argentina tienen la intención de llevar el tema de obstruir el financiamiento a todos aquellos lugares que crean conveniente, el tema es que les hagan caso".
(La Republica, 14/07/2006)
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=217227&e=2006-07-14