En la segunda etapa del juicio en La Haya Argentina utilizará reflexiones realizadas por el abogado Edison González Lapeyre en la Comisión Administradora del Río Uruguay, para refutar la postura uruguaya. Fuentes del organismo binacional aseguraron que la opinión vertida por el experto no demuestran la violación del Estatuto sino el acatamiento de Uruguay al mismo.

El diario gualeguaychuense El Argentino, dio cuenta de una documentación "reservada" de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), fechada en agosto de 1996, en la que se registró la oposición del embajador uruguayo Edison González Lapeyre --que ahora es asesor de la defensa uruguaya en La Haya-- a la instalación de una planta de la empresa Transpapel en Fray Bentos, que presuntamente sería incluida en el dossier del juicio. Cabe señalar que el acta 7/97 de la CARU, en cuyos folios 1.065 al 1.081 se encontraría transcripta la exposición de González Lapeyre, es desconocida incluso por la Cancillería argentina.

Según el periódico, González Lapeyre expresó la necesidad de referirse a "la instalación de una papelera en Fray Bentos", ya que "la CARU tiene como principal, o al menos como uno de los principales cometidos, el preservar la calidad de las aguas del río Uruguay y, obviamente, cuando se habla de un emprendimiento industrial que pueda afectar esa calidad de aguas se tiene que ser muy prudentes en el manejo de todo el asunto y cumplir con las disposiciones que establecen los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay", reconociendo así la necesidad de acatar esas disposiciones que hoy son la base de la demanda que se dirime en Holanda.

En esa ocasión, el abogado que representó a Uruguay en la redacción del Estatuto, habría reflexionado que "la natural acción del canal principal de navegación que hace de barrera, impedirá un perjuicio sensible a la parte argentina". De acuerdo a lo interpretado por El Argentino, con esta documentación queda demostrado que el gobierno uruguayo en 1996 le otorgaba al Estatuto del Río Uruguay una injerencia gravitante para autorizar emprendimientos industriales celulósicos que luego no respetó para defender a los proyectos de ENCE y Botnia.

Sin embargo, fuentes de la CARU sostuvieron que "las afirmaciones que realizó González Lapeyre en ese entonces son las mismas que defiende hoy en día: que no hay daño al Estatuto si hay consentimiento producto de las consultas fijadas por la norma". Y precisaron que el caso al que se refirió González Lapeyre en 1996 "fue un anteproyecto que no tenía grandes chances de concretarse, y lo que él hizo fue subrayar que si el gobierno uruguayo recibía el proyecto de la fábrica debía ponerlo en consulta, nada más".

Asimismo los informantes, expertos en derecho, remarcaron que "el consentimiento, y por ende el cumplimiento del Estatuto, para los casos de Botnia y ENCE como consta en el acuerdo firmado por los cancilleres de ambos países, en la memoria anual presentada por Kirchner al Congreso y en las propias actas de la CARU donde se consigna un acuerdo para monitorear los emprendimientos".
(La Republica, 10/07/2006)
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=216788&e=2006-07-10