Esta semana se definirá la primera etapa del conflicto por las plantas de celulosa en La Haya. Uruguay, que ya ganó el primer round en el Tribunal del Mercosur, es optimista. Argentina espera con cautela y se prepara para negar la demanda uruguaya. A pocos días de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya se expida acerca de la solicitud argentina de suspender las obras de Botnia y ENCE, se conoció que el Tribunal Arbitral del Mercosur rechazó los cuestionamientos de la vecina orilla a la designación de su tercer miembro.

Como se recordará, el gobierno argentino había planteado la necesidad de reiterar el sorteo, como consecuencia de la existencia de problemas formales en la designación de Luis Martí como tercer arbitro, debido a su condición de español, origen que también tiene la empresa ENCE, y por haber sido elegido suplente de un juez que rechazó la designación antes de asumir.

Desde Argentina se aceptó que la presentación de esa queja fue "un intento de estirar los tiempos hasta que se conozca la decisión de la Corte Internacional de La Haya". El rechazo a la apelación argentina es considerado por el gobierno uruguayo como un primer triunfo en este ámbito, que de ahora en adelante deberá determinar la legalidad de los cortes de ruta que causaron pérdidas por 500 millones de dólares.

Al respecto, el canciller Reinaldo Gargano dijo que la reciente resolución del tribunal regional es una señal de que este organismo está compuesto por "un grupo de árbitros totalmente independientes", que se ceñirán a lo dispuesto por el Tratado de Asunción, n el que se garantiza el libre tránsito dentro del bloque.

A pesar del fracaso inicial, los juristas de la Cancillería ya establecieron tres ejes sobre los que plantearán la pelea en el segundo round. Según Página/12, en primer lugar se negará la violación del Tratado de Asunción, ya que en la frontera con Uruguay hay tres cruces y sólo uno estuvo obstruido de manera permanente, por lo que la libre circulación no habría estado afectada.

En segundo término se sostendrá - en base a una doctrina norteamericana que asegura que la forma de la protesta varía según quién la hace y a quién se dirige- que los bloqueos son "una expresión de la democracia participativa" y un "ejercicio legítimo de libertad de expresión, no una actividad criminal". Enlazado con esa afirmación, el gobierno argentino afirmará en tercer lugar que su similar uruguayo no puede exigirle que reprima a los manifestantes.

El triunfo parcial en el ámbito de resolución de controversias regional aporta a Uruguay un elemento más para fortalecer el optimismo con que desde un principio afronta la demanda establecida por Argentina en La Haya. En tal sentido, Gargano aseveró que "la actitud del gobierno uruguayo es de total tranquilidad, consciente de que ha hecho las cosas bien, de que ha actuado correctamente, con responsabilidad, defendiendo los intereses nacionales y también los intereses medioambientales de los pueblos de ambas márgenes del Río Uruguay. Por lo tanto, lo ha expuesto con total claridad en la audiencia que se hizo en La Haya".

Un clima muy distinto se vive en la vecina orilla, donde desde la Cancillería se dice aguardar con cautela, mientras un alto funcionario del gobierno admite fuera de micrófonos: "No nos van a pegar una cachetada". La apreciación del político argentino se basa en que durante la última década la CIJ sólo accedió en una ocasión a aplicar medidas cautelares y fue en un caso en el que una persona podía ser ejecutada si no se interponía una ordenanza conservatoria.
(La Republica, 10/07/2006)
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=216786&e=2006-07-10