Dos proyectos del Banco Mundial, a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), proponen introducir variedades transgénicas de cultivos como maíz, papa, yuca, arroz y algodón en cinco países latinoamericanos y cuatro africanos, que son centros de origen o diversidad de éstos y otros importantes cultivos básicos. Organizaciones de la sociedad civil advierten que la contaminación transgénica a que se expone a cultivos fundamentales para las economias campesinas es un riesgo inaceptable. Los multimillonarios proyectos son promovidos bajo el disfraz de investigación científica en bioseguridad, pero las organizaciones de ambos continentes llaman a su inmediato rechazo ya que amenazan la soberanía alimentaria y los sistemas de semillas campesinos.

El Centro Africano de Bioseguridad, la Red por una América Libre de Transgénicos y las organizaciones internacionales Grain y Grupo ETC, presentaron un documento analizando dos proyectos del Banco Mundial: West Africa Regional Biosafety Project que afectaría a Mali, Burkina Faso, Senegal y Togo y Latin American Multi-Country Capacity Building in Biosafety, a implementarse en Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Perú. "Aunque se presentan como proyectos de "bioseguridad", abren el camino para introducir cultivos transgénicos que son de fundamental importancia para las comunidades campesinas", afirmó Elizabeth Bravo de la Red por una América Libre de Transgénicos.

Los participantes incluyen instituciones públicas y de investigación de los diferentes países, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, con sede en Colombia, miembro del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, CGIAR) y el Banco Mundial. Entre los asesores del proyecto hay instituciones como Croplife, AfricaBio y el PRRI (Public Research and Regulation Initiative), conocidos órganos de promoción de los cultivos transgénicos ligados a la industria biotecnológica. Las organizaciones de la sociedad civil señalan que al abrir nuevos mercados para los cultivos transgénicos, las verdaderas beneficiarias son las compañías transnacionales que los producen.

Según Grain, "los proyectos responden claramente a una agenda externa a los países. Se trata de una estrategia que hace tiempo aplica el Banco Mundial y el Gobierno de Estados Unidos para armonizar las regulaciones sobre transgénicos a nivel de acuerdos regionales, como una forma para dejar de lado los procesos nacionales que son más susceptibles a la oposición local. La idea es establecer regulaciones favorables a los transgénicos en algunos países clave y luego usarlas como modelo que puede ser impuesto a los otros países de la región, a través de organismos supranacionales. De esta manera se pasa por alto cualquier debate democrático y se abre un gran mercado único para las transnacionales que producen cultivos transgénicos."

Recordando la contaminación transgénica del maíz nativo de los campesinos en México, Silvia Ribeiro del Grupo ETC señala: "El gobierno mexicano no ha hecho nada para impedir la contaminación ilegal del maíz campesino en su propio país. Al contrario, le ha dado impunidad a las empresas con una ley de bioseguridad que es más conocida como "Ley Monsanto", ya que sólo protege los intereses de las empresas transnacionales de transgénicos. El proyecto habla de capacitar a los participantes a partir de "mecanismos basados en la ciencia" para el manejo de la contaminación. Esto no existe en ninguna parte, pero dan una impresión falsa de que es posible legalizar el maíz transgénico en México en forma "segura" , justificando al mismo tiempo que se introduzcan transgénicos en otros centros de origen. Los únicos que pueden contrarrestar la contaminación son los campesinos e indígenas que han sido forzados a desarrollar estrategias para confrontarla."

En el caso de Africa, se trata de establecer cultivos transgénicos experimentales, mientras que el proyecto de América Latina es capacitación para manejar la contaminación de los cultivos. En ambos casos, el supuesto básico de los proyectos es que los transgénicos ya están o serán introducidos en un futuro próximo y que la contaminación será inevitable, por lo que plantean métodos para manejarla, análisis de "costo/beneficio" y formas de enfrentar la opinión pública. "Los proyectos ignoran la posibilidad de que no se permitan los cultivos transgénicos, tal como han demandado repetidamente las mayorías de los campesinos y población de los países implicados. Si se respetara esta demanda, no habría necesidad de "manejar" la contaminación ni desarrollar costosos aparatos de bioseguridad, porque los cultivos no estarían expuestos a la contaminación" declaró Mariam Mayet de la organización no gubernamental Centro Africano de Bioseguridad.

El desprecio por el debate público auténtico y la opinión de los afectados se refleja de muchas maneras. Ambos proyectos han circulado solamente en inglés, no en francés que es el idioma oficial de los países africanos incluidos en el proyecto, o em castellano y portugués, para el caso de América Latina. "Es un escándalo que se trate de legitimar la introducción de cultivos transgénicos en sus centros de origen y diversidad, como el maíz en México, la papa y el algodón en Perú o la yuca en Brasil. Aún en arroz, que no tiene centro de origen en el continente, existen cientos de variedades "criollas" que han sido desarrolladas y adaptadas por los campesinos como parte importante de su dieta", dice Germán Vélez de la asociación civil Semillas de Colombia. "Bajo una cobertura de investigación científica, se intenta legitimar la contaminación de estas semillas que son la base de las economías campesinas y finalmente, crear dependencia de las variedades corporativas", continúa Vélez.

Los proyectos también tienen un componente de formación a autoridades y al público. Según éstos, se trata de ligar la discusión de bioseguridad a la biotecnología, para lograr "un discurso público menos alarmista". "Los proyectos de capacitación en bioseguridad promovidos por el GEF han sido denunciados en todo el mundo como una farsa de participación pública -su objetivo real es promover leyes de bioseguridad que favorezcan a la industria biotecnológica", coincide Eva Carazo, de la Red de Coordinación en Biodiversidad en Costa Rica. En Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad demandó al GEF que no otorgara más fondos para estos fines. Pese al pésimo historial de los proyectos GEF en bioseguridad, ahora vuelven con un proyecto aún más peligroso, porque se trata de cultivos en sus centros de origen". Los grupos demandan la cancelación de estos proyectos, que aún no han sido aprobados finalmente por el GEF.
(Eco Portal, 29/06/2006)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/60881