El martes pasado el presidente argentino designó a Romina Picolotti como la titular de la recientemente creada secretaría de Medio Ambiente. Además de haber actuado como asesora legal de la gobernación de Entre Ríos, Picolotti es la abogada de la asamblea ambiental de Gualeguaychú, organización civil que en protesta por la instalación de las plantas de Botnia y Ence en Fray Bentos bloqueó durante cuatro meses los puentes internacionales que conectan Uruguay con Argentina, y que ahora busca obstaculizar el financiamiento de los emprendimientos.

La abogada también integró la delegación argentina que demandó a Uruguay en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, organismo que en un plazo mínimo de dos semanas se estará expidiendo acerca de la solicitud de suspensión de la construcción de las fábricas como medida cautelar. En una entrevista publicada ayer por el diario argentino Página/12, Picolotti sostuvo que "la solución a este conflicto es que las papeleras se relocalicen y que ese lugar se utilice como un polo turístico", y propuso que las plantas sean trasladadas a "tierras fiscales para que las empresas no pierdan dinero".

Además reiteró los cuestionamientos a la capacidad del gobierno uruguayo para vigilar el cumplimiento de las normas ambientales, señalando que el Banco Mundial "que ha sido uno de los promotores de la forestación, debería asegurarse de que Uruguay tenga capacidad real de control de estas empresas". La abogada también mostró en la entrevista su orgullo por los logros de las acciones que los entrerrianos han realizado para perjudicar el emplazamiento de las plantas en Uruguay.

"Hemos sido muy exitosos en obstaculizar todos los créditos de ambas empresas. Hace un año que estas empresas no reciben un dólar ni un euro de ningún banco, eso definitivamente influye en el ritmo de construcción y también obliga a revisar la inversión", dijo. Ayer se conoció que el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, organización conducida por Picolotti, presentó una denuncia contra Nordea, el banco más importante de Noruega, país donde la abogada en junio fue distinguida con un premio Sofía por su activismo social.

La acción legal se basa en el presunto "incumplimiento de las Líneas Directrices de OCDE para empresas multinacionales, en relación a su posible participación en el financiamiento" de la planta de celulosa que Botnia construye en Fray Bentos. Según un comunicado del Cedha, Botnia habría solicitado a ese banco un crédito por 480 millones de dólares. Con la denuncia la ONG pretende frenar el financiamiento de la obra y "discutir" con la entidad bancaria "su responsabilidad frente a las comunidades que ya están siendo afectadas por la construcción de la planta".
(La Republica, 30/06/2006)