El máximo Tribunal les dio un plazo de 30 días a los tres Estados involucrados y les pidió informes a 44 empresas denunciadas por arrojar residuos al río. La causa fue iniciada en 2004 por vecinos de la zona. La Corte Suprema decidió intervenir en el conflicto por la contaminación del Riachuelo. En una resolución firmada ayer, aceptó hacerse cargo de una parte del reclamo presentado por 150 vecinos de la zona, e intimó al Gobierno nacional, al bonaerense y al de la Ciudad de Buenos Aires para que presenten en 30 días un plan integrado de saneamiento de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo. Los Estados, además, deberán formular programas de desarrollo sustentable y educación ambiental.

Por otra parte, la Corte les dio el mismo plazo de 30 días a las 44 empresas señaladas en la demanda para que presenten un informe técnico sobre los residuos que —según los denunciantes— arrojan al río, informen si aplican sistemas de tratamiento para evitar la contaminación, y si tienen seguros contratados. Entre las empresas denunciadas figuran: Shell, Petrobras, YPF, Central Dock Sud, Indupa, Molinos, Danone, Mercedes Benz, Bieckert y Aguas Argentinas.

Las conclusiones a las que arriben los Estados y las empresas, así como los argumentos de los vecinos, serán expuestos en la audiencia pública que convocó la Corte para el 5 de setiembre. Luego, el Tribunal tratará de buscar puntos de coincidencia sobre la implementación de soluciones. En la resolución de ayer, los jueces evitaron pronunciarse sobre la creación de un Fondo de Compensación Ambiental de 500 millones de dólares, que reclamaron los denunciantes.

Al ser la última instancia judicial, la decisión de la Corte es inapelable, tanto por las empresas como por el Estado. Como informó Clarín ayer, la otra parte del planteo, el reclamo de indemnizaciones por daño físico y psíquico, fue rechazada por la Corte y deberá plantearse ante la Justicia de primera instancia de cada distrito. Estos reclamos son por un monto estimado de 5.161.500 pesos.

La causa que ayer trató la Corte fue iniciada hace dos años por un grupo de vecinos de La Boca, Wilde, Dock Sud, Avellaneda, Villa Dominico, entre otras zonas ribereñas. El asentamiento de "Villa Inflamable", en Dock Sud, fue señalado en la demanda como la zona más afectada. Entre los 150 denunciantes figuran unos veinte médicos, psicólogos, odontólogos y enfermeros del Hospital Fiorito.

Los demandantes, representados por los abogados Santiago Kaplun, Daniel Salaberry y Jorge Mosset Iturraspe, viven todos en proximidades de la cuenca Matanza-Riachuelo, que abarca parte de la Capital Federal y 13 partidos del conurbano bonaerense. La población de la cuenca está estimada en 4.884.000 personas.

El fallo de la Corte, que lleva la firma de Enrique Petracchi, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay y Carlos Fayt, recordó que en la reforma constitucional de 1994 quedó establecido en el artículo 41 el derecho a todos los habitantes a un ambiente sano. En momentos en que el conflicto por la construcción de dos plantas papeleras en Uruguay llegó a la Corte Internacional de La Haya, en la Corte existe la intención de impulsar esta causa hasta donde sea posible. "La contaminación del Riachuelo está suficientemente probada, y el daño existe", señaló uno de los jueces del Tribunal.

Por eso les reclamaron a los tres Estados involucrados y al Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente), que en el plan que deberán presentar en 30 días tengan en cuenta —tal como prevé la legislación— que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, teniendo en cuenta los aspectos políticos, sociales, económicos y jurídicos. El Tribunal recordó que los ciudadanos "tienen el deber de preservar" el ambiente, y que todo "daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer" ese daño.
(Por Silvana Boschi, Clarin, 21/06/2006)
http://www.clarin.com/diario/2006/06/21/laciudad/h-03216.htm