Esta causa fue presentada hace dos años por unos 150 vecinos de la cuenca Matanza—Riachuelo, quienes argumentan que esa zona ribereña, de 64 kilómetros, está afectada por desechos cloacales y residuos químicos de numerosas plantas industriales, lo que causa perjuicio a 4,6 millones de personas. El Tribunal convocará a denunciantes, el Estado y empresas para buscar acordar una solución.

La Corte Suprema tiene previsto convocar en pocos días a una audiencia entre el Estado y unas 45 empresas, para tratar de avanzar en una solución al problema de la contaminación del Riachuelo. Este fue el tema de conversación que ayer prolongó hasta el mediodía el habitual plenario de los martes, y constituye uno de los asuntos de más trascendencia que el Tribunal estudia en la actualidad.

Esta causa fue presentada hace dos años por unos 150 vecinos de la cuenca Matanza—Riachuelo, quienes argumentan que esa zona ribereña, de 64 kilómetros, está afectada por desechos cloacales y residuos químicos de numerosas plantas industriales, lo que causa perjuicio a 4,6 millones de personas.

La demanda está dirigida contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y 45 empresas, entre ellas petroleras, petroquímicas, una cadena de supermercados, Aguas Argentinas y varias curtiembres.

Quienes promovieron el planteo responsabilizan al Estado por no haber cumplido con las disposiciones ambientales vigentes. Asimismo, los denunciantes demandaron a las empresas aledañas por volcar directamente al río los residuos peligrosos, por no construir las plantas de tratamiento, por no adoptar nuevas tecnologías, y por no minimizar los riesgos de su actividad.

En momentos en que el conflicto por la construcción de dos plantas pasteras en Uruguay llegó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (ver pág. 8), en la Corte están evaluando que —aunque las pruebas presentadas en la causa no son consistentes— el problema de la contaminación del Riachuelo está suficientemente probado, y el daño existe.

Sin embargo, según aseguraron a Clarín fuentes del Tribunal, no habría consenso para hacer lugar a uno de los planteos de la demanda, que consiste en ordenar al Estado Nacional un depósito de unos 500 millones de dólares, destinados a la creación del Fondo de Compensación Ambiental. Ocurre que en el Tribunal hay cierta resistencia a hacer lugar a esta medida, porque si ordenaran la creación de ese fondo millonario deberían al mismo tiempo tomar algún recaudo para impedir un eventual manejo fraudulento de los fondos.

La opción que promovería entonces la Corte es la de propiciar una audiencia para que quienes están señalados como responsables puedan acordar algunas medidas: cuánto de la solución del problema correrá por parte de las empresas, y cuánto por parte del Estado, que —según consideran en la Corte— deberá decidir de dónde y cómo saca los fondos para eventuales medidas.
(Por Silvana Boschi, Eco Portal, 09/06/2006)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/60175