Comenzó a dirimirse el conflicto por las plantas de celulosa en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La primera audiencia arrojó pocas sorpresas, salvo por la contundencia de la representación uruguaya y la "creatividad" de la Argentina. Se espera que en la segunda audiencia a celebrarse hoy los argumentos sean más duros.

Las delegaciones de Argentina y Uruguay ante el gran jurado. La solemne audiencia se extendió durante seis horas. A las cinco de la mañana de ayer (hora uruguaya) el Tribunal internacional, presidido por la inglesa Rosalyn Higgins, comenzó a escuchar los alegatos preparados por los abogados de Uruguay y Argentina para el caso entablado por este último país a raíz de la instalación de Botnia y ENCE en Fray Bentos.

El primer turno correspondió a Argentina, cuya representación luego de tres horas de exposición cosechó más críticas que temores; aunque en la vecina orilla las crónicas del litigio remarcaron el "enérgico" reclamo efectuado por los juristas. El integrante de la delegación uruguaya Edison González Lapeyre aseguró que "era claro que trató de evitar el asunto de fondo que era el Estatuto del Río Uruguay".

En tanto que los argumentos de Uruguay fueron calificados como contundentes, razón por la que en el 4º piso del Radisson Victoria Plaza, los líderes políticos que participaban de la transmisión del evento por VTV (siendo el subsecretario de Medio Ambiente, Jaime Igorra, el único en permanecer durante toda la transmisión en las instalaciones tomando apuntes constantes de las presentaciones), sin abandonar la moderación se mostraban más confiados y optimistas con el paso de las horas.

La presentación se inició con la alocución de la consejera legal de la cancillería argentina, Susana Ruiz Cerruti, quien reiteró el pedido de suspensión de las obras de las plantas de celulosa en base a la violación reiterada del Estatuto del río Uruguay en que habrían incurrido las autoridades nacionales al no consultar la autorización del emplazamiento de los emprendimientos con el país vecino.

Esa posición fue reforzada por el abogado francés Alain Pellet, al afirmar que "la construcción causa ya daños y su eventual puesta en marcha agravaría la situación. Sólo las medidas cautelares pueden evitar lo irreparable". El segmento más interesante de la exposición argentina, y también el que cosechó más argumentos en contra, fue el desarrollado por la funcionaria de la gobernación de Entre Ríos, Romina Picolotti, quien además acompañó sus palabras con una presentación power point que incluyó fotografías de la zona del conflicto tomadas durante las marchas antipapeleras del último año.

Picolotti hizo hincapié en el daño económico que ya produjeron las plantas para el sector turístico e inmobiliario de Gualeguaychú, así como en los eventuales perjuicios a la salud que podrían ocasionar, según dijo en base a situaciones de malformaciones congénitas que se habrían registrado en Pontevedra, donde ENCE radicó una de sus plantas hace más de 10 años. En ese orden, se aseguró que las fábricas tendrán incidencia en un radio de 40 quilómetros.

Sin embargo, el punto más descollante del discurso de la entrerriana tuvo lugar cuando al exhibir una imagen, que indicó tomó la BBC de Londres, de un paisaje crepuscular de Arroyo Verde, aseguró: "Gualeguaychú tiene los atardeceres más lindos del mundo", para luego remarcar que esa maravilla única de la naturaleza no podrá ser apreciada cuando las plantas polucionen el área.

Refutando falsedades
Puntualmente a las 10 de la mañana y tras un receso de dos horas, la Corte entró en sesión nuevamente para escuchar los alegatos de la representación uruguaya, centrados en la negación de la violación del Estatuto del río Uruguay. La oratoria fue inaugurada por el embajador Héctor Gros Espiell, quien hizo un detalle de la tradición uruguaya de respeto al Derecho Internacional y las normas ambientales. El discurso fue breve pero de gran fuerza, puesto que el diplomático apuntó sus armas de manera inmediata contra los argumentos argentinos, al subrayar que "es de mala fe decir que las plantas van a contaminar" cuando cuentan con la tecnología más moderna disponible.

"No existe un daño inminente e irreparable, tal y como argumenta Argentina, que justifique una suspensión, y nada hace pensar que esto vaya a ocurrir en el futuro", dijo Gros, para luego destacar que "si las obras se suspenden, se atentaría de forma grave e injustificada al derecho de Uruguay de construir sobre su territorio fábricas modernas, absolutamente necesarias para su desarrollo económico y humano". El segundo alegato uruguayo fue expuesto por el profesor inglés Alan Boyle, quien se centró en el impacto ambiental de las plantas, pero que a poco de comenzar su presentación exclamó que los datos que brindaría servirían para desmentir las "falsas fotos" exhibidas por Argentina.

Para ello declaró en primera instancia que el interés prioritario de Uruguay es proteger el bienestar y la salud de su población, razón por la cual ese deber del Estado está incluido en la Constitución del país. Además anunció que de los requerimientos que deben satisfacer las empresas antes de iniciar cada etapa de las obras, el gobierno tiene previsto realizar controles de la actividad cada tres años, de manera tal que se actualicen las tecnologías productivas y reducir los riesgos de contaminación. Y que en caso de no aprobar esas pruebas se procedería a sancionar e incluso cerrar las plantas.

En otro orden, Boyle sentenció - en base a que los fallos de la Corte crean jurisprudencia - que "si Argentina consigue paralizar el desarrollo de Uruguay, crearía un precedente peligroso para todos, incluso para ella misma". El jurista Luigi Condorelli fue el tercer miembro de la delegación uruguaya en participar de la audiencia. El principal argumento esgrimido por él fue que no hay "base jurídica" para la medida cautelar que demanda Argentina, puesto que el Estatuto del Río Uruguay en su artículo 60 sólo establece esa posibilidad en caso de que se altere "la calidad del agua".

Además precisó paso a paso las instancias en que desde el año 2002 Uruguay presentó los emprendimientos ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, así como los acuerdos de superación del diferendo firmados en 2004 por los cancilleres de ambos países y la Memoria Anual presentada por Néstor Kirchner al congreso argentino ese año y en la que se da cuenta de la resolución del conflicto por las plantas.

Finalmente los alegatos concluyeron con la presentación efectuada por el norteamericano Paul Reischler, quien realizó los más severos cuestionamientos a la posición argentina. En tal sentido, anunció que hoy Uruguay se expresará respecto al "derecho de bloqueo a emprendimientos productivos" referido por Argentina en base al Estatuto del río Uruguay, debido a que "recién esta mañana, después de 31 años el país se enteró de la existencia de esa potestad".

Asimismo destacó que esa norma sólo protege a las partes de riesgos de contaminación del cauce compartido y no de daños económicos. Acerca del primer punto precisó que Argentina no pudo demostrar que la construcción de las plantas haya producido descargas de químicos en las aguas, y que las opiniones de los habitantes de Gualeguaychú "tampoco son evidencia". Hoy las partes tendrán dos horas para rebatir las exposiciones de la delegación contraria. Al término de la audiencia los magistrados ya contarán con los elementos necesarios para adoptar una decisión. Si bien no hay un plazo para comunicar el fallo, se presume que éste se dará a conocer a mediados de julio, días antes del inicio del receso de verano en el tribunal.
(La Republica, 09/06/2006)
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=213421&e=2006-06-09