Uruguai tem a seu favor a tradição de Haia em não conceder medidas cautelares (em espanhol)
2006-06-08
Comienza el juicio de las plantas de celulosa en la Corte Internacional de La Haya. Ambas partes aseguran tener argumentos sólidos, pero debido a que las probabilidades favorecen a Uruguay, en Argentina plantean la posibilidad de que los magistrados obliguen a retomar el diálogo bilateral. Leonid Skotnikov A las cinco de la mañana de hoy de nuestro país dará inicio la primera vista oral del juicio entablado por Argentina contra Uruguay en la Corte Internacional de Justicia por la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos.
Esta primera instancia se celebrará en cuatro capítulos, entre hoy y mañana, con el fin de dirimir si se establecen las medidas cautelares solicitadas por el vecino país para que se suspendan las obras de Botnia y Ence mientras se sustancia el litigio. El paso inicial estará a cargo de la representación argentina que tendrá tres horas para presentar sus argumentos en favor del pedido. Al término de esta exposición los magistrados impondrán un receso de dos horas para almorzar, que en el caso de la delegación uruguaya también será utilizado para evaluar la presentación argentina.
De vuelta a la sala tocará el turno de los representantes uruguayos, quienes también contarán con tres horas para explicar sus fundamentos en contra de las medidas cautelares. Las exposiciones de las partes ya están escritas y la normativa del tribunal internacional impide improvisar, razón por la que en esta primera jornada los juristas deben atenerse a las presentaciones preparadas anteriormente. Además no podrán referirse a la cuestión de fondo del litigio sino únicamente a la correspondencia o no de la suspensión de las obras.
Igualmente los jueces pueden solicitar aclaraciones y realizar preguntas. Recién en las audiencias de mañana cada una de las partes tendrá dos horas para rebatir los argumentos esgrimidos hoy por la delegación contraria; por lo que implicará un ritmo de trabajo vertiginoso en ambos equipos para las próximas horas, como consecuencia de que los dos esperan "sorpresas" de su contrincante.
El equipo legal designado por Uruguay está integrado por los embajadores en Francia, Estados Unidos y Holanda, Héctor Gros Espiell, Carlos Gianelli y Carlos Mora, respectivamente. Asimismo forman parte del equipo de asesores el subsecretario de Industria, Martín Ponce de León; la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres; y el director general de la Cancillería, José Luis Cancela. A ellos se suman los abogados internacionalistas Allan Boyle (escocés), Luigi Condorelli (italiano) y Paul Reichler (estadounidense), los tres pertenecientes al estudio Foley Hoag de Estados Unidos.
La delegación que representará a Argentina cuenta con 17 miembros y está encabezada por la consejera legal de la cancillería, Susana Ruiz Cerutti; el embajador en Holanda, Santos Goñi; y el director del Instituto del Servicio Exterior, Horacio Basabe. Además incluye a cuatro abogados de estudios europeos y siete argentinos, más un ingeniero especializado en la tecnología para producir papel, un químico y un experto en pesca. Entre los asesores europeos se encuentra el abogado inglés Philippe Sands, socio de Cherie Blair, esposa del primer ministro británico Tony Blair, en Matrix Chambers, uno de los principales estudios jurídicos del viejo continente.
La demanda
En la Corte Internacional el caso lleva la carátula de "Argentina contra Uruguay por fábricas de pasta de celulosa a instalarse en la ribera del río Uruguay". En la solicitud de intervención del tribunal dependiente de las Naciones Unidas, Argentina plantea que se recurra al organismo debido "al fracaso en estos múltiples esfuerzos de diálogo".
Además acusa a Uruguay de haber violado el Tratado del río Uruguay que regula las actividades en dicho recurso al autorizar la instalación de las plantas de la española Ence y de la finlandesa Botnia sin previa autorización de la comisión administradora bilateral. Por ese motivo pide que la Corte juzgue si Uruguay incumplió con "la obligación de tomar todas las medidas necesarias para la utilización racional y óptima" del cauce compartido.
La estrategia argentina
Para la aprobación de la medida cautelar los agentes argentinos intentarán demostrar que la actividad de las plantas provocará un "daño gravísimo inminente e irreversible", que sólo podría evitarse suspendiendo las obras. Asimismo, se remarcará la falta de un estudio ambiental que "permita confiar" en que las fábricas no contaminarán de manera significativa el río y sus alrededores. A la vez que se cuestionará la selección del lugar elegido para emplazarlas, en base a que se encuentran frente a una ciudad (Gualeguaychú) cuya economía está basada en el turismo.
Fuentes de la vecina orilla aseveraron que a nivel de gobierno existe un "moderado optimismo" ante el fallo al que puedan llegar los jueces. Aunque precisaron que expertos consultados por las autoridades argentinas consideraron muy difícil que la Corte dicte una medida cautelar. Razón por la que han buscado una alternativa que aumenta las posibilidades de que el fallo resulte favorable a sus intereses. En tal sentido, la fuente dijo que "lo más probable es que el tribunal instará a los dos gobiernos a abrir una nueva instancia de diálogo para que se convenga un estudio de impacto ambiental como primer paso para avanzar hacia una solución.
La defensa
Los juristas uruguayos han sido muy celosos en guardar la estrategia que utilizarán ante los magistrados, la que se basa en precisar que el riesgo detallado por Argentina no es tal, debido a que por ahora los emprendimientos consisten en obras civiles y de ingeniería, sin actividad productiva contaminante.
A la vez se presentarán los estudios ambientales realizados por las empresas, el Banco Mundial y la Dinama, entre otros organismos, en los que se concluye que las plantas cuentan con la mejor tecnología disponible para minimizar el impacto ambiental cuando inicien su producción. Razón por la que la representación considera que tiene un caso sólido y que no procederán las medidas cautelares.
En ese orden Gros Espiell consideró que "Uruguay tiene muy serios argumentos a su favor para que no prospere la suspensión de las obras por vía cautelar", y destacó que es "el país de América que menos contamina". En el mismo sentido, el director general de la cancillería, José Luis Cancela, afirmó que el equipo de abogados está "muy confiado de la solidez de nuestros argumentos para que la Corte no opte por aplicar medidas cautelares, debido a que no hay extremos suficientes que justifiquen la adopción de las mismas. La razón está de nuestra parte".
A la vez, Cancela recordó que el tribunal se caracteriza por denegar las medidas cautelares, aun "en temas más graves que este". Ayer en Montevideo el optimismo que reinaba en las dependencias de la Presidencia de la República, el Mvotma y la Cancillería era grande. Según indicaron en todos estos lugares, a causa de que las probabilidades de que el fallo sea favorable al interés de Uruguay son "altas", como consecuencia de que es "impensable demostrar que un edificio por sí solo contamine". La audiencia de hoy será presenciada por varios actores políticos, entre los que se encuentra el canciller Reinaldo Gargano, en una pantalla gigante instalada para la ocasión en el Radisson Victoria Plaza.
Los magistrados
Quince son los jueces que integran el tribunal permanente de La Haya. Todos fueron elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en votaciones independientes, para el ejercicio de nueve años que comenzó el pasado 6 de febrero. La selección se basa en los méritos y no en la nacionalidad de los candidatos, a pesar de que cada uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Francia, el Reino Unido, la República Popular de China, Rusia y los Estados Unidos) tiene siempre un juez en la Corte.
Los magistrados son todos expertos en derecho internacional, fueron representantes diplomáticos de sus respectivos países y cuentan con importantes distinciones académicas como ser títulos de Doctor Honoris Causa otorgados por las más prestigiosas universidades del planeta. El salario que perciben por sus funciones en la Corte Internacional es el mismo para todos, aún cuando solo hay dos cargos de jerarquía en el organismo: 13.300 dólares por mes.
Este tribunal que deberá dirimir el conflicto entre Uruguay y Argentina es presidido por la inglesa Rosalyn Higgins, única integrante del mismo que está obligada a vivir en La Haya. Higgins integra la nobleza británica bajo el título de baronesa. A nivel profesional se especializó en derecho petrolero, además fue la primera mujer en llegar a la Corte. En el currículum publicado en la página web del organismo se subraya también que su esposo es sir Terence Higgins, miembro del gabinete en la sombra de la Cámara de los Lores.
La vicepresidencia del tribunal está en manos del jordano Awn Shawkat Al-Khasa Wneh, quien fue asesor del rey Hussein. Entre los restantes 13 miembros de la Corte sólo se encuentran dos latinoamericanos: el mexicano Bernardo Sepúlveda Amor, quien ganó un Premio Príncipe de Asturias y fue canciller de su país; y el venezolano Gonzalo Parra Aranguren.
Luego se destacan entre los integrantes del tribunal el japonés Hisashi Owada, que durante un extenso período se desempeñó como embajador de su país en Estados Unidos y ante la ONU, pero ahora está emparentado con la dinastía nipona debido a que su hija, Masako, ex diplomática, es la esposa del príncipe heredero. Otro caso particular es el del juez Thomas Buergenthal, quien es eslovaco pero se nacionalizó estadounidense tras sobrevivir al exterminio nazi en Auschwitz.
Eslovaco es también el más joven de los miembros de la Corte, Peter Tomka, quien cumplió recientemente los 50 años de edad. El mayor es el magistrado chino Shi Jiuyong de 79 años, quien además precedió a Higgins en la titularidad del tribunal. De lugares pocos conocidos en el Río de la Plata, como Madagascar, procede el juez Raymond Ranjeva, quien también es mediador de la Corte de Arbitraje Deportivo.
También está Abdul Koroma, de Sierra Leona; Mohamed Bennouna, de Marruecos; y Kenneth Keith, de Nueva Zelanda, ex juez en cámaras de Samoa, las Islas Fiji y las Cook. De sitios más conocidos proceden Ronny Abraham, francés nacido en Egipto, Bruno Simma, de Alemania; y Leonid Skotnikov, de Rusia.
(La Republica, 08/06/2006)
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=213305&e=2006-06-08