Las audiencias que se celebrarán esta semana en La Haya, ante la Corte Internacional de Justicia por la construcción de las papeleras, serán una batalla entre expertos. Uruguay lleva 19; Argentina, 17. Hay de todo: diplomáticos, abogados nacionales, abogados extranjeros, ingenieros, especialistas en química, en asuntos pesqueros, en energía y en impacto medioambiental. El único funcionario exclusivamente político llegó desde Montevideo: Gonzalo Fernández-Fernández, secretario general del gobierno uruguayo e interlocutor del jefe de Gabinete argentino, Alberto Fernández, en las frustradas conversaciones entre Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner. Pero ni él ni la mayoría de los integrantes de las delegaciones podrán abrir la boca ante los 15 jueces de la Corte.

Los únicos autorizados a hablar —con la categoría de "agentes"— reúnen la doble condición de abogados y diplomáticos. Por Argentina, Susana Ruiz Cerutti, consejera legal de la Cancillería; Horacio Basabe, que tuvo el mismo cargo que Ruiz Cerutti durante el gobierno de la Alianza, y Santos Goñi, embajador en Holanda. Por Uruguay, Héctor Gros Espiell, ex juez de la CIDH y embajador en Francia, y Carlos Gianelli. Los demás esperarán a un costado. Las respectivas embajadas en La Haya harán las veces de cuarteles generales. Ahí comenzarán a definir desde hoy, ambos equipos, los últimos trazos de sus exposiciones.

El jueves entre las 10 y las 13, Argentina tratará de demostrar que las plantas de Fray Bentos son un factor de contaminación irreversible para el área del río Uruguay y que, en consecuencia, la construcción de las fábricas de papel debe frenarse. Uruguay replicará entre las 15 y las 18 que las plantas no generaron ningún daño inminente. El viernes, dos horas por reloj cada uno, tendrán la oportunidad de las dúplicas. La Corte anunciaría la decisión sobre la medida cautelar que pretende Argentina hacia fin de julio. El tema de fondo —que se declare la responsabilidad internacional de Uruguay por violar un tratado sobre el río fronterizo que firmó con Argentina en 1975— no tendrá sentencia hasta dentro de cuatro o cinco años.

Las presentaciones serán puramente técnicas. Entre una audiencia y otra, las delegaciones volverán a sus búnkers para aportar cada experto su dato y reformular lo que haga falta. Los equipos tienen casi tantos integrantes como los de los planteles que viajaron al Mundial de fútbol, a 300 kilómetros del Salón de la Paz de La Haya, sede del juicio.

Los abogados extranjeros, de rimbombantes honorarios por hora, son diez en total: seis por Uruguay, la mayoría de un estudio estadounidense, y cuatro por Argentina, tres europeos y un porteño radicado en Suiza. Al revés, los abogados autóctonos son cinco argentinos y cuatro uruguayos. En las categorías estrictas de la Corte, todos figuran bajo el rótulo de "consejeros". Hay empate en el rubro diplomáticos: cinco a cinco, contando a los "agentes".

Los expertos de otras ciencias, "asesores", también son tres por bando, todos ingenieros. De los uruguayos dos trabajan para un ministerio y uno es subsecretario de Estado; de los argentinos, uno pertenece a una universidad y dos, a organismos estatales. Los jueces los escucharán con sus togas negras y pañuelo blanco al pecho. Argentinos y uruguayos pueden vestir como se acostumbra en el Río de la Plata.
(Por Pablo Abiad, Clarin, 05/06/2006)
http://www.clarin.com/diario/2006/06/06/elpais/p-01001.htm