La Cancillería presentó ayer (01/06) a la prensa los detalles de la audiencia que enfrentará a Uruguay y Argentina en la Corte Internacional de La Haya por la instalación de las plantas de celulosa de Botnia y Ence en la localidad de Fray Bentos en las márgenes del río Uruguay. Las exposiciones estuvieron a cargo del director general de la secretaría, José Luis Cancela, y del director de Asuntos Multilaterales, Gustavo Alvarez.

Las audiencias están previstas para el 8 y 9 de junio. La Corte Internacional de La Haya funciona con 15 miembros, los cuales son "electos por nueve años", siendo juristas de altísimo nivel, representantes de todos los continentes del planeta, destacó Alvarez. El proceso se inicia luego que Argentina plantea sus presuntos derechos lesionados y las medidas que solicita para su remedio. En este caso el pedido es de "medidas cautelares", o sea la detención de las obras y la "revocación" de los permisos de construcción de las plantas de celulosa. Nuestros vecinos fundamentan su accionar en la "violación del Estatuto del Río Uruguay", dijo Cancela.

Cabe destacar que al no tener jueces en la Corte, Argentina y Uruguay, tuvieron que designar los propios, recayendo las responsabilidades en Raúl Vinueza y Santiago Torres Bernárdez respectivamente. Ante esto, demandado y demandante se presentarán en la Corte Internacional el 8 y 9 de junio, contando con tres horas de fundamentación cada país el primer día y dos horas de respuesta el segundo. En las dos ocasiones el primero en expresarse será Argentina. Por su parte los jueces no emiten su respuesta inmediatamente sino que "consideran la argumentación" y fallan posteriormente sin que exista una fecha tope. Se debe tomar en cuenta que la Corte entra en receso durante el verano europeo.

Recién luego de esta instancia en la que se decide si se toman las medidas cautelares o no, es que comienza el juicio con la memoria (demanda), para la cual "raramente se fijan plazos inferiores a los seis meses" para su presentación. Posteriormente comienzan las audiencias. El procedimiento es oral, con audiencia escrita, ya que se lee el escrito con las respectivas pruebas, no existiendo lugar para la improvisación y pudiéndose presentar elementos audiovisuales, peritos y testigos. Respecto al fallo que dicte el tribunal es inapelable, pero para arribar al mismo existe la posibilidad de que transcurran entre dos y cinco años.

Vestimenta, idioma y costos
La delegación uruguaya estará integrada por el agente Héctor Gros Espiell, embajador en Francia, el coagente, Carlos Gianelli, embajador en Estados Unidos y por el consejero Carlos Mora. Los defensores extranjeros contratados serán Paul Raisler, Alan Boyle y Luigi Condorelli.

El resto de la representación estará compuesta por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, el director general de la Secretaría, José Luis Cancela, los abogados Roberto Puceiro Ripio, Edison González Lapeire y Alberto Pérez Pérez, el subsecretario del Ministerio de Industria, Martín Ponce de León, el director de Asuntos Multilaterales de la Dinama, Marcelo Cousillas, la directora de la Dinama, Alicia Torres y Eugenio Lorenzo en representación del mismo organismo.

En lo que tiene que ver con la vestimenta cada representante debe utilizar la ropa formal con la cual se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de su país, por lo que en el caso de nuestros compatriotas estarán ataviados de traje oscuro, con jacquet los norteamericanos y toga y peluca lucirán ingleses y franceses.

El idioma a utilizar en la exposición debe ser el inglés o francés, utilizando Argentina la voz anglosajona, mientras que en Uruguay Gros Espiell hará uso de su calidad de francoparlante al igual que Condorelli, mientras que el resto de la delegación usará la lengua inglesa. Finalmente sobre los costos, si bien aún no existen cifras oficiales al respecto, se informó que sólo el precio de la hora de cada uno de los abogados extranjeros contratados ronda los 550 dólares.
(La Republica, 02/06/2006)
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=212651&e=2006-06-02