El Gobierno rechazará una eventual intervención del presidente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el egipcio Kofi Annan, en el conflicto con Uruguay por las papeleras. Para la Casa Rosada, el tema ya está planteado ante ese organismo con la demanda presentada en el Tribunal Internacional de La Haya. Y una gestión de Annan podría conspirar contra el camino jurídico elegido por la Argentina.

Así lo aseguró anoche a Clarín un miembro del gabinet y lo había dicho públicamente más temprano un funcionario de la Cancillería, el subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal. La posible intervención de Annan fue revelada ayer por Clarín en base a la solicitud de una audiencia que formularon los asistentes del egipcio con el presidente Néstor Kirchner.

El Presidente argentino y el titular de la ONU se cruzarán esta semana en la ciudad austríaca de Viena, en el marco de la IV Cumbre Unión Europea-Mercosur. Allí también estará el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez. Tanto la fuente de la Casa Rosada como Sigal confirmaron tácitamente el pedido de audiencia de Annan revelado por Clarín. La solicitud todavía no fue respondida por la Argentina. "Tenemos cero expectativa", dijo la fuente de Gobierno sobre el encuentro. La última palabra la tiene el presidente Kirchner.

"Si se habilita una negociación a ese nivel (secretario general de las Naciones Unidas) conspiraría contra la presentación hecha en La Haya, que es la opción planteada por el Estatuto del Río Uruguay", agregó la misma fuente consultada por este diario. Y ante la posibilidad de que Annan se ofrezca para mediar entre Argentina y Uruguay, respondió con el mismo latiguillo que Argentina usa a nivel internacional para machacar sobre este asunto: "Nunca se lo aceptaría, porque éste es un tema bilateral entre Argentina y Uruguay." Puso énfasis en la palabra "bilateral".

El Gobierno presentó formalmente la semana pasada la demanda ante el Tribunal de La Haya por el tema de las papeleras. Argentina y Uruguay mantienen hace meses una inesperada disputa en torno al impacto ambiental que tendrán dos fábricas de pasta celulosa que se construyen en la ciudad de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, limítrofe con la provincia de Entre Ríos.

"A partir de la presentación realizada no creo que corresponda ninguna negociación", dijo Sigal a Radio del Plata sobre una eventual mediación de Annan. Igualmente, el funcionario de Cancillería admitió que "frente a esta presentación realizada el jueves por la Argentina haya surgido alguna preocupación, alguna inquietud, alguna necesidad de conversar" por parte del secretario general de la ONU.

Fuentes diplomáticas aseguran que el titular de Naciones Unidas tiene, además, otra inquietud. Quiere que un argentino suceda al chileno Gabriel Valdés en la jefatura de la misión de paz de la ONU en Haití. Pero en la Rosada no hay mucho interés de involucrarse en un conflicto de la magnitud del haitiano. Ante la eventualidad de que el pedido de Annan se haga realidad, el Gobierno respondería con una carta inesperada: propondrá que sea un uruguayo el jefe de la misión de paz en el país caribeño. Es más, desde la Casa de Gobierno ya soltaron dos nombres: Renzo Pomi y Carlos Pérez del Castillo. Un dato: el primero es nativo de Fray Bentos.

"No hay una negociación posible cuando un organismo vinculado a las Naciones Unidas, al propio Kofi Annan, ya está participando en el diferendo", dijo Sigal al rechazar una eventual gestión del titular de la ONU. El fallo arbitral del Tribunal de La Haya —un mecanismo establecido por argentinos y uruguayos para solucionar controversias en torno al río Uruguay— no será inmediato y puede demorar años. Por eso, el Gobierno quiere que los jueces de La Haya dicten una medida cautelar que suspenda las obras de las papeleras. Es que cuando se pide algo así el tribunal debe responder rápido. En este caso, antes del 28 de junio. Mientras tanto, las obras siguen. Se calcula que las plantas comenzarán a funcionar en el segundo semestre de 2007.
(Clarin, 08/05/06)
http://www.clarin.com/diario/2006/05/08/elpais/p-00301.htm