Tras sucesivos fracasos mediadores de los presidentes de Brasil y Venezuela para que el diferendo de las plantas de celulosa se encauzara por la vía del diálogo bilateral, un enfurecido Kirchner volvió a rechazar con firmeza un ofrecimiento, primero de Lula y luego de Chávez, para encontrar una salida negociada al conflicto sin llegar a los estrados arbitrales internacionales.

De acuerdo a fuentes diplomáticas consultadas por LA REPUBLICA, ayer en Puerto Iguazú, cuando se encontraron nuevamente los mandatarios de Argentina, Brasil, Venezuela y el anfitrión Evo Morales, se habría reiterado el ofrecimiento (el primero tuvo lugar el 26 de abril pasado en San Pablo) con una idéntica respuesta airada del temperamental presidente Kirchner. En ámbitos diplomáticos, se constata en las últimas horas una fuerte preocupación por el curso de los acontecimientos que llevó a múltiples enfrentamientos entre gobiernos del área. "América está convulsa", comentó a LA REPUBLICA un alto diplomático extranjero acreditado en nuestro país. Agregó que "hay momentos en que parece que todos están contra todos, pese a las afinidades ideológicas de gobiernos protagonistas de estos desencuentros".

Existe gran expectativa por el contenido y el tono que adquiera el discurso del presidente argentino hoy en Gualeguaychú, cuando congregue a la casi totalidad de autoridades nacionales y provinciales, y a buena parte del sistema político, en un acto de fuerza en relación a la instalación de las plantas de Botnia y Ence. Argentina reclama un estudio de impacto ambiental independiente, lo cual ha causado sorpresa en los círculos diplomáticos ya que el segundo estudio realizado por el Banco Mundial a cargo de expertos canadienses fue hecho a pedido expreso de la administración Kirchner. El domingo 30 en su columna editorial habitual en La Nación de Buenos Aires, el periodista y analista Joaquín Morales Solá, ya había advertido de la reacción destemplada de Kirchner al ofrecimiento de mediación formulado por Lula en su encuentro.

Acciones internacionales
Tras el vencimiento del plazo otorgado a Argentina para acceder a una reunión bilateral que sirviera de marco para resolver el diferendo binacional, la Cancillería uruguaya remitió ayer a la Secretaría Administrativa del Mercosur la solicitud de que se integre el Tribunal Arbitral del bloque. En ese órgano Uruguay pretende que se efectivice el derecho a la libre circulación que se vio afectado por los cortes de ruta realizados por los ambientalistas de Gualeguaychú. El pedido se fundamenta en que para el gobierno nacional "Argentina hizo caso omiso del artículo 1 del Tratado de Asunción, por el cual se establece el libre tránsito de personas y mercancías en el territorio de los países que integran el Mercosur".

De acuerdo a lo explicado por altas fuentes gubernamentales, el país vecino tiene 15 días para contestar el pedido y proponer a los árbitros que lo representarán en el ámbito de resolución de controversias. En caso de que vencido ese nuevo plazo Argentina no haya designado a sus representantes, será la propia Secretaría del Mercosur la que determine por sorteo, entre una lista de candidatos permanentes que el país presentó en su momento, un árbitro que actúe en favor de la vecina orilla.

Este, junto al representante que designe el gobierno uruguayo, será quien elija al tercer árbitro. Dado ese procedimiento establecido en el protocolo de Olivos, los informantes consideraron que "esta instancia será definitoria, ya que no hay forma de que Argentina obstaculice el trámite". Por su parte, el gobierno argentino a través de su embajador en los Países Bajos, Santos Goñi Marenco, presentó ayer a la Corte Internacional de Justicia de La Haya la denuncia contra Uruguay.

Según explicó el canciller argentino Jorge Taiana, la demanda se compone de una medida cautelar, por la cual se pide a la Corte la detención de las obras para dar lugar al estudio de impacto ambiental, y otro capítulo donde se argumenta la presunta violación del Estatuto del Río Uruguay suscrito por ambos países en 1975 por parte del gobierno nacional al autorizar "unilateralmente" la instalación de las plantas de Botnia y Ence a orillas de ese cauce en el departamento de Río Negro.

Taiana, además, enfatizó que Argentina solicitó a la Corte que exija que Uruguay cese sus "comportamientos pasibles de ocasionar perjuicios ambientales, transfronterizo al río Uruguay y su área de influencia", ya que éstos "entrañan responsabilidad internacional de ese país y la consecuente obligación de reparación integral de los perjuicios ocasionados".

En la presentación de la demanda el gobierno argentino también advierte que "los diferentes estudios e informes presentados por ENCE y Botnia, así como por Uruguay, no suministran explicación alguna sobre los criterios utilizados para la elección de la localización de las plantas". Y se subraya que los informe "son notoriamente vagos e imprecisos sobre cuestiones claves, tales como el tratamiento de efluentes líquidos, residuos sólidos y emisiones gaseosas, por citar sólo algunas".

Ante esta acción fuentes del gobierno uruguayo anunciaron que se prepara una contrademanda que presentará a la Corte Internacional luego que el tribunal dé vista al planteo argentino. La representación de Uruguay ante La Haya que afrontará el litigio iniciado por Argentina estará encabezada por el embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, quien en caso de ser necesario será suplido por el embajador uruguayo en Washington, Carlos Gianelli. Los procesos judiciales en la Corte Internacional suelen implicar plazos de unos cinco años como mínimo para obtener el fallo de los magistrados. Sin embargo la determinación de aplicar o no una medida cautelar supone un período de evaluación que varía entre los tres y seis meses.
(La Republica, 05/05/06)
http://www.larepublica.com.uy/lr3/?a=nota&n=209888&e=2006-05-05