En dos o tres meses, el gobierno argentino espera una respuesta de la Corte Internacional de La Haya sobre su "solicitud urgente de medidas cautelares", de modo de lograr que Uruguay detenga la construcción de las dos plantas de celulosa en Fray Bentos. Ese primer paso, explicó ayer el canciller Jorge Taiana, "no condicionará" el veredicto. Se trata de aquello que en la jerga jurídica se llama "medidas de conservación", de modo de evitar que continúe la construcción de las plantas y se pongan en funcionamiento ante la posibilidad, denunciada por el Gobierno, de que contaminen el río Uruguay. "Si el fallo se demora hasta 2009 y no hay medidas preventivas antes, ¿cómo se hace entonces para recuperar lo perdido?", dijo a LA NACION una fuente de la Cancillería.

Por primera vez en su historia, la Argentina apeló a La Haya. Estrenó la vía jurídica para resolver el litigio ante la posibilidad de que las plantas puedan ocasionar "daños graves e irreversibles" al río, "así como a la salvaguarda de la salud y del bienestar de las comunidades adyacentes". Mientras los presidentes de la Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela debatían a solas sobre el impacto de la nacionalización de los hidrocarburos dispuesta por Evo Morales, Taiana dijo en una rueda de prensa que "Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay, suscripto en 1975, al autorizar unilateralmente la construcción de las plantas de celulosa".

Taiana dijo que la Argentina apeló a La Haya "luego de ver frustrados sus reiterados esfuerzos, promovidos a todos los niveles, por alcanzar una solución bilateral a la controversia, generada por las actitudes unilaterales e ilícitas de Uruguay". Frente al fracaso de las negociaciones bilaterales, y ante la posibilidad de que las plantas proyectadas produzcan 1,5 millones de toneladas de celulosa por año, "lo que constituiría uno de los complejos más grandes del mundo en la materia", Taiana dijo que la Corte debe fijar ahora un plazo para la audiencia y que, más allá de la importancia de la presentación del caso, confía en que "se suspendan inmediatamente todas las autorizaciones para la construcción de las plantas".

Derechos afectados
El escrito presentado ayer, según explicó, "indica con claridad a los jueces cuáles son los derechos que considera afectados". Se trata de una presentación "de naturaleza introductoria que requiere ser concisa y precisa" y que responde a "una cuidada y estudiada estrategia". Si bien la presentación coincidió con la cumbre, Kirchner procuró no mezclar ambas cuestiones y, consultado al respecto, respondió que "es un tema bilateral con la hermana república de Uruguay".

De Tabaré Vázquez, sus diferencias con el Mercosur, su reunión con George W. Bush y su proyectado acto en Fray Bentos para el 25 del actual, cual réplica a la presencia de Kirchner en Gualeguaychú, no hubo mención alguna, de modo de no comprometer a los otros tres presidentes. La posición uruguaya radica en llevar el caso al Mercosur, presidido hasta junio por la Argentina, o a la Organización de Estados Americanos (OEA) frente al perjuicio para su economía que representaron los cortes de ruta en los puentes binacionales.

En la demanda argentina figuran los hechos más relevantes de la controversia. Entre ellos, que "el 9 de octubre de 2003 el gobierno de Uruguay autorizó de manera unilateral a la sociedad española ENCE la construcción de una planta de pasta de papel en los alrededores de la ciudad de Fray Bentos" y que "el 14 de febrero de 2005, poco antes del cambio de gobierno, agravó la controversia al autorizar a Botnia a construir la planta Orion". Más allá de las medidas cautelares, Uruguay deberá exponer ahora su defensa. Y no hay plazos, en realidad, para una situación tan complicada como curiosa entre dos países cuyos habitantes no se distinguen entre sí.
(La Nacion, 05/05/06)
http://www.lanacion.com.ar/EdicionImpresa/politica/nota.asp?nota_id=803200