Las enseñanzas de Doña Celulosa. Los silencios del conflicto argentino-uruguayo En esta redacción nadie se volvió loco. Pareciera que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, se desentendiese del futuro ambiental de su país y de la región, mientras que su homólogo y amigo argentino, Néstor Kirchner, fuese un cruzado en favor de la economía no contaminante. Así de simple. Sin embargo, todo eso es apariencia o, en el mejor de los casos, apenas el resultado de una mirada superficial sobre la crisis que ambos países vienen transitando hace meses, como consecuencia de la puesta en marcha, en Fray Bentos, Uruguay, y frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, de dos megaemprendimientos para la producción de pasta de celulosa.

Detrás de la mutuas acusaciones y de los amagues en torno a la utilización de tribunales internacionales, sean estos los de La Haya o los difusos que prevé el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), los gobiernos de ambos países llegaron a esa situación porque ninguno de los dos se opone en serio al modelo de "desarrollo" económico que prevé el esquema neoliberal. O dicho de otro modo, porque ninguno de los dos está dispuesto a discutir, entre ellos y de cara a sus respectivas sociedades, un paradigma diferente para el futuro de la región.

Así las cosas, todo parece reducirse al simplismo enervante de los malos guiones televisivos de Sony TV. o de cualquiera de las productoras locales que controlan los espacios de entretenimiento barato en las programaciones que pululan por estos parajes: buenos contra malos, feos contra lindos. Pero la vida real (y los guiones en serio) no son así. Por ejemplo, amparándose en la afirmación de que las pasteras que se proponen explotar las corporaciones Botnia (Finlandia) y ENCE (España) representan la inversión directa mas importante de la historia de Uruguay, el gobierno de ese país bate el parche de la supuesta supergeneración de empleos que provocarían esos proyectos. Sin embargo, tanto las documentaciones específicas de Botnia y ENCE como la experiencia internacional del sector demuestran que esos puestos de trabajó serán muchos menos de lo que se dice, y además provisorios.

De lado argentino pareciera que estuviesen dispuestos a jugarse el todo por el todo para proteger la salud ambiental de área pero nada se dice de los efectos contaminantes de la red de pasteras que actúan en este país, y menos que una de las más importantes tiene una amplia participación de capitales uruguayos. Por supuesto que tampoco nade se dice en contra, sino que por el contrario se fomenta como causa nacional, respecto del monocultivo de soja (y de bosques implantados para la producción de pasta de celulosa) que se ha impuesto en Argentina (y en la región), pese a las nefastas consecuencias ambientales y económicas sobre las que alertan ambientalistas e integrantes de la comunidad científica.

Pero atención que sobre escenario Argentina y Uruguay están muy bien acompañados. Los otros dos socios del MERCOSUR también tienen lo suyo. El gigante llamado Brasil acaba de cederle el paso legal a un inminente proceso de privatización del Amazonas -objetivo codiciado por las corporaciones de Estados Unidos y del resto de los países centrales-, con lo cual se prevé el desmonte de enormes superficies de bosques nativos ricos en biodiversidad y culturas originarias, con la declarada intención de expandir las fronteras productivas de la soja y de los arboles que se convertirán en papel. Paraguay nada dice al respecto porque también pertenece a la llamada "República de la Soja", pese a la sacrificada lucha de sus campesinos más pobres.

Desde hace varias semanas, los argentinos -y seguramente el mundo todo, gracias a la "magia" de las cadenas globales de televisión- pueden ver como pueblos enteros de Tartagal, en Salta, provincia norteña de este país, sus habitantes y economía están sucumbiendo ante el lodo que deja el paso desbordado de los ríos, sin que ninguna de las medidas tomadas hasta ahora hayan podido impedir o subsanar la catástrofe.

El diario argentino La Nación -desde su páginas especializadas, empedernido portavoz y promotor de la "República de la Soja"- debió admitir esta semana que el desastre de Tartagal obedece en forma especial a los desequilibrios ambientales que provoca el desmonte sistemático de la región, necesario para disponer de tierras nuevas ligadas a la producción sojera. Para abundar sobre el tema recomendamos la lectura de los artículos que APM viene elaborando; los mismos pueden encontrarse en la sección Soberanía Alimentaria de esta misma página electrónica. Asimismo, sugerimos consultar la producción especializada de la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), parte de la cual está a disposición de los lectores en el mismo sitio.

También llama la atención que las corrientes académicas, ambientalistas y sociales en general que en Uruguay se oponen a la instalación de las pasteras en Fray Bentos tengan tan poca presencia en el debate y en los medios periodísticos, salvo casos de honrosa excepción, como lo es el de la revista Brecha, de Montevideo. Por el otro lado, resulta al menos curioso que las combativas Asambleas ciudadanas de Gualeguaychú y Colón, en Argentina, focalicen sus legítimas y justificadas protestas con cortes de carreteras internacionales casi exclusivamente sobre las pasteras de Fray Bentos, llegando en algunos casos a proponer que se construyan y funcionen en otro lugar, alejado de sus ciudades.

En principio es comprensible que, como toda movilización popular, ésta se centré en demandas específicas, para fortalecer así el movimiento y evitar dispersiones. Sin embargo, sería saludable incorporar el principio de que la contaminación ambiental no es sólo un problema local, sino que es justamente global y paradigmático, consecuencia inmediata del modelo de "desarrollo" ecocida que los países centrales pretenden imponerle a América Latina y al mundo en desarrollo en general.

De esto sabe mucho el pueblo mapuche, que en Chile encabeza la lucha contra las huestes de Doña Celulosa. Esta está arrasando con los bosques de la región Andina Pacífico Sur, a partir de lo cual ese país se ha transformado en el principal proveedor de la industria papelera japonesa. Como consecuencia de esa realidad,el pueblo mapuche está siendo privado de sus tierras y de sus cauces de agua, de su agricultura y de su modo de vida. En tanto, el Estado chileno responde con represión, pues decenas de dirigentes indígenas se encuentran prófugos, otros habitan en las cárceles de la "democracia vigilada y concertada que la dictadura de Augusto Pinochet nos legó". Otros, por último, debieron abandonar su país en calidad de refugiados.

Las ultimas noticias relevantes sobre la crisis argentino-uruguaya informan que el Banco Mundial (BM) suspendió la ejecución de los créditos con que cuentan Botnia y ENCE para la instalación y puesta en marcha de su plantas sobre el río Uruguay, mientras no se hagan los ajustes sobre previsiones ambientales recomendados por una comisión de expertos contratados por el propio BM. Está previsto que representantes de las empresas se reúnan el próximo 21 de abril con técnicos de Corporación Financiera Internacional (IFC), perteneciente al BM.

Botnia y ENCE cuentan con financiamiento privado y del IFC, pero para que el mismo se ponga en marcha, el proyecto debe contar con los avales del BM. Además, y como explicó este jueves la corresponsalía en Montevideo del diario argentino La Nación, "el apoyo es considerado fundamental (por la empresas) para despejar complicaciones político-sociales, como también para acceder a un seguro de otra unidad de ese organismo internacional, la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA). En este caso se trata de un seguro de riesgo político por 300 millones de dólares para la planta Orión (de Botnia)".

Para que este entramado funcione, Uruguay debió firmar Tratados de Protección de Inversiones con los países a los que pertenecen las empresas (lo hizo el gobierno anterior con la oposición del entonces opositor Frente Amplio, ahora en el gobierno). Según esos compromisos, Montevideo renuncia a su jurisdicción legal, que queda en manos de la decisión empresaria y de BM, hasta el punto de hacerse responsable de los "daños" que sufriesen los inversionistas extranjeros por eventuales protestas sociales y políticas.

A fines del año pasado, Uruguay firmó un tratado similar con Estados Unidos, de la misma forma que lo habían hecho en diversas oportunidades casi todos los países de la región, entre ellos Argentina, pues se trata de lo que podríamos llamar el "capítulo financiero bilateral" que surge del programa marco de los TLC (Tratados de Libre Comercio), considerados estratégicos por Washington. Dentro de es esquema es donde juega un rol determinante la estructura del BM. Respecto de otro escenario, México, pero siempre dentro del mismo esquema estratégico, los académico John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado describen en detalle el funcionamiento del Banco Mundial, como pieza clave del sistema hegemónico.

En el libro "Imperialismo Económico en México: las operaciones del Banco Mundial en nuestro país" (Debate, México, 2005), ambos especialistas revisan la trayectoria histórica de ese organismo multilateral, controlado por Estados Unidos, y, en el capítulo "Los programas verdes del Grupo del BM y otros", sostienen que "para inducir la privatización de los activos estratégicos, en particular el de la biodiversidad y el agua (los programas del BM y del Fondo Monetario Internacional -FMI-), propician su saqueo con el acceso, administración y conservación permitido a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) relacionadas con éstos (...). Se penetra la esfera de toma de decisiones, incidiendo en la correlación de fuerzas dentro y fuera del gobierno. En México dicha injerencia se materializa gracias al crónico endeudamiento del país y por medio de la manipulación de las legislaciones nacionales referentes a los recursos naturales, y a través de proyectos de conservación funcionales (que benefician a las corporaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea -UE-)".

En sus conclusiones, Saxe-Fernández y Delgado afirman que la presencia del BM, "que se deriva de la condicionalidad y sinergía de sus préstamos, fue determinante en la privatización de los ferrocarriles y en los esquemas de privatización de facto del sector petrolero (...). Se observa en el manejo y usufructo de los espacios geográficos y territoriales (...), pero también de la explotación del conocimiento y fuerza de trabajo de la población que ahí habita; todo a favor de las corporaciones multinacionales y de las economías capitalistas centrales, cuyos intereses el BM promueve y subvenciona, al funcionar como instrumento de proyección de poder de Estados Unidos y sus aliados europeos".

Cualquier coincidencia con los que sucede en el escenario del la cuenca del Río de la Plata NO es mera coincidencia. Todo ello abona la convicción de que, en realidad, entre los actuales gobiernos de Argentina y Uruguay hay más coincidencias de las que parece, sobre todo una: no estar dispuestos a revisar el modelo dependiente, insustentable y ecocida que propone el esquema de poder del sistema capitalista-iperialista en su etapa actual, llamada globalización.

Por eso es que, de alguna manera, ambas partes se escudan en los informes del BM, tratando de obtener ventaja sobre tal o cual párrafo, a favor de una o en contra de la otra, cuando en realidad podrían sentarse a conversar sobre como salir juntos de tamaña trampa histórica. De proceder así, estarían colaborando, además, con una reformulación del proceso de integración regional en danza, puesto que éste -llámese MERCOSUR o como se llame-, si continúa marchando por los carriles impuestos por el bloque de poder, terminará muerto de toda muerte. Sobre sus cenizas se impondrá el Acuerdo de Libre Comercio para la Américas (ALCA) -en cualquiera de sus variantes- y Sudamérica habrá perdido otra oportunidad. Vázquez y Kirchner deberían hacer oídos sordos a las enseñanza de Doña Celulosa.
Por Víctor Ego Ducrot
(Eco Portal, 16/04/06)
http://www.ecoportal.net/content/view/full/58308