La polémica por la instalación de las papeleras sumó ayer más voltaje político con las declaraciones del vicepresidente de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, quien criticó la posición de los ministros de Néstor Kirchner que sostuvieron que el presidente Tabaré Vázquez "no tiene el poder" para tomar decisiones.

"Si ese es el tono de la discusión, los responsables del Gobierno argentino han perdido todos los puntos de referencia", dijo Nin Novoa al diario uruguayo La República. El vice uruguayo reaccionó así a las declaraciones del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien dijo que Kirchner debería reunirse con el titular de la empresa Botnia para resolver el conflicto porque "está visto que Tabaré Vázquez no tiene el poder para tomar decisiones". También el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había dicho que Tabaré "no pudo" con Botnia.

La reacción uruguaya se centró de esta manera en contraatacar las duras declaraciones políticas de los funcionarios argentinos. Pero no se conocieron sin embargo reacciones relativas al terreno diplomático luego de que el canciller Jorge Taiana, en una entrevista exclusiva publicada ayer por Clarín, afirmara que "Uruguay rompió (negociaciones) cuando estaba cerca el acuerdo" como ya lo hizo en "cuatro" ocasiones, afirmó el canciller.

Pero en Montevideo, excepto Nin Novoa la primera línea del gobierno prefirió el silencio. Por su parte, los funcionarios de menor rango que hablaron parecieron bosquejar el fin de semana el nuevo escenario en el que se desarrollará el conflicto. El subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente, Jaime Igorra, fue otro que salió a responder a Aníbal Fernández, para quien la falta de "capacidad" del presidente Tabaré Vázquez para conseguir que la finlandesa Botnia detuviera sus obras por un período que permitiera negociar, puso en evidencia su incapacidad de actuar en el futuro si se demuestra que esas industrias contaminan.

Igorra respondió que lo primero que debe hacer Uruguay, es "dar seguridad jurídica a los inversores", garantizándoles que "si cumplen con las leyes y pagan los impuestos, pueden venir". Agregó que sólo puede intervenir si se construye "algo que no está debidamente autorizado por el gobierno", si no pagan los impuestos, o si realizan acciones "que contaminen" el ambiente. "El presidente argentino pidió un gesto y la empresa (Botnia) le concedió el gesto, al presidente argentino, no al uruguayo", explicó Igorra.

Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo que es necesario encauzar las diferencias "en base al reconocimiento de los derechos que tiene la otra parte", y no con declaraciones que son "una tontería", como las formuladas por Aníbal Fernández. "Lamentablemente seguimos echándole leña a la hoguera y esto que casi inexplicablemente se transformó en un problema que nos afecta en lo económico, también lastima la relación entre uruguayos y argentinos", reconoció.

El senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, opinó que las declaraciones de Aníbal Fernández estuvieron "completamente fuera de lugar y del marco de referencia. Lo que hacen es agravar conflictos, ese no es nuestro espíritu, no vamos a contestar en ese terreno", advirtió.

El canciller Reinaldo Gargano, nuevo encargado de realizar la conducción del conflicto, confió a Clarín que mantendrá con firmeza lo anunciado acerca de recurrir a tribunales regionales y mundiales para "defender los derechos uruguayos" (ver recuadro), y evitará cualquier otro tipo de confrontación. Sin embargo, la posibilidad de que Uruguay presente un caso por el bloqueo de los pasos de frontera ante la OEA se debilitó este fin de semana al recordar diversos expertos que esa instancia sólo actúa como árbitro entre dos partes.
(Clarin, 10/04/06)
http://www.clarin.com/diario/2006/04/10/elpais/p-00501.htm