El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, propondrá al presidente Néstor Kirchner que la demanda ante la Corte Internacional de La Haya "se haga antes del 30 de abril" para trabar los créditos que organismos internacionales, como el Banco Mundial, otorgarán al Uruguay para financiar la construcción de las polémicas papeleras. El mandatario provincial aseguró tener información proveniente del Centro de Estudio Derechos y Humanos y Ambiente (CEDHA), encabezado por la doctora Romina Picolotti, que sostiene que la única forma de detener los créditos con que cuentan las papelaras es a través de una demanda ante La Haya.

Con esta iniciativa, Busti salió al cruce de las declaraciones de algunos ambientalistas de la localidad entrerriana de Gualeguaychú, quienes dijeron que la marcha realizada ayer fue una respuesta a su idea de hacer un plebiscito sobre las medidas a seguir respecto de la defensa del medio ambiente ante el conflicto por la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos. "Las únicas acciones que tuvieron eficacia jurídica para defender los intereses de Gualeguaychú fueron las que hizo el gobierno de la provincia, patrocinado por los abogados Romina Picolotti y Juan Carlos Vega", dijo el mandatario provincial.

Destacó especialmente las acciones realizadas ante el ombusdman del Banco Mundial, "mediante la cual se logró internacionalizar el problema y hacer suspender a los organismos de crédito los créditos, hasta que exista un estudio de impacto ambiental independiente". El gobernador enfatizó que para que el planteo tenga fuerza "no tiene que haber cortes de ruta que le sirvan como defensa al Uruguay" y remarcó que mucho menos deben tener "la gravedad de lo que hizo ayer en la ruta 14, que es eje del Mercosur y con lo que corremos el riesgo de ponernos a todos los miembros de este grupo de países en contra".

Busti adelantó que hoy "se iniciarán los trámites para que la Fiscalía de Estado otorgue los poderes a Vega y Picolotti, quienes junto con la fiscal de estado Claudia Mizawack colaborarán con la doctora Susana Cerruti, quien será encargada de la demanda y el control posterior al caso". Finalmente, señaló que mantuvo una comunicación telefónica con el intendente de la localidad de Colón, Hugo Marsó, quien sigue adelante con la idea de realizar una consulta popular en ese distrito "para que con madurez todo el pueblo se exprese al respecto de algo sobre lo que ninguna agrupación puede ejercer su representación".
(Clarin, 10/04/06)
http://www.clarin.com/diario/2006/04/10/um/m-01174847.htm