El gobierno del Uruguay podría presentar en los próximos días una acción ante organismos internacionales a raíz de la decisión de los asambleístas de Entre Ríos de volver a cortar los pasos fronterizos entre los dos países. Fuentes del gobierno anticiparon ayer a Clarín que han vuelto a analizar la posibilidad de iniciar acciones ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Mercosur, u otro organismo internacional ante lo que consideran "bloqueo de frontera".

"No se dará un paso atrás. No negociaremos con los puentes cortados", dijo un portavoz del Gobierno sobre la situación en Entre Ríos, apenas horas antes de la decisión de la asamblea en Gualeguaychú. En el gobierno uruguayo contrastan la "ilegalidad" de la interrupción del paso fronterizo con la "legalidad" de la instalación de las plantas en Fray Bentos. Sobre este punto, las fuentes anticiparon que el gobierno está dispuesto a presionar para que el gobierno argentino asuma un papel más duro con los cortes.

Con todo, en el despacho de Gonzalo Fernández, el secretario general de la presidencia y principal negociador uruguayo con la Argentina, siguen en comunicación abierta con Buenos Aires. De hecho, Fernández estuvo en contacto ayer con su contraparte argentina, el jefe de Gabinete Alberto Fernández. La relación con la empresa finlandesa Botnia es muy delicada y parece evolucionar para peor.

Ayer, aquí se recordaba que ya se había llegado a un acuerdo con Argentina sobre la declaración posterior a la frustrada cumbre entre los presidentes, y sobre la comisión de seis científicos, tres por país, que analizarían el impacto ambiental de las plantas. En el gobierno sostienen que en la negociación la Argentina nunca habló de una paralización de las obras de más de 45 días, lo que señala que los 90 días presentada por Uruguay buscó mantener un margen de maniobra más amplio .

En el seno del gobierno existe la convicción de que fue la empresa finlandesa la que frustró la cumbre, por razones internas. Según la información que maneja el gobierno de Tabaré Vázquez, la empresa pasa por un ajuste interno a nivel mundial, y una noticia de paralización de las obras en Uruguay tendría una repercusión muy fuerte sobre el valor de sus acciones.

Hace dos semanas llegó a Montevideo el titular de Botnia, Erkki Varis, quien maneja los intereses de la empresa en todo el mundo. En el gobierno lo responsabilizan por el endurecimiento de la posición de la empresa, que en un primer comunicado se manifestó dispuesta a detener las obras hasta 90 días, y ahora a hacerlo solo 10 días. Un dato que también era recordado con insistencia por el gobierno argentino.

Sin embargo, la forma como el Gobierno responsabilizó directamente a la empresa señala un camino sin retorno en la relación. Las fuentes a las que accedió Clarín sostienen que las diferencias se plantearon cuando la semana pasada Botnia comenzó a cubrirse por eventuales juicios de otras empresas subcontratadas, que podrían responsabilizarla por una paralización. Analistas independientes estiman entre dos y 3,5 millones de dólares el costo de una detención por 90 días de las obras.
(Clarin, 06/04/06)
http://www.clarin.com/diario/2006/04/06/elpais/p-01501.htm