A diferencia de lo ocurrido un día antes en el Senado, la aprobación no fue por unanimidad. Pero Diputados votó ayer el proyecto de apoyo al Gobierno para que recurra al Tribunal Internacional de La Haya cuando así lo considere necesario en el conflicto con Uruguay por la instalación de dos plantas papeleras en Fray Bentos. De todos modos, tampoco hubo demasiada crítica al Gobierno por el manejo de la disputa. Y el proyecto de declaración de Agustín Rossi, presidente de la bancada oficialista, con el mismo texto del sancionado en la Cámara alta, fue aprobado por la mayoría de los bloques políticos.

Hubo dos excepciones: la del PRO y del ARI, que se abstuvieron. En paralela coincidencia no estuvieron en la sesión Mauricio Macri y Elisa Carrió, los máximos referentes de esas bancadas. En cambio, levantaron la mano (el sistema electrónico extrañamente no funcionó) kirchneristas, radicales, peronistas, juecistas, adolfistas y socialistas. En general hubo visiones compartidas en promover las instancias de diálogo al más alto nivel, aunque quedó claro que, para ello, será menester un gesto oriental que detenga la marcha de las obras. Lo dijeron Jorge Argüello, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y Rossi.

Para estimular la recuperación del espíritu de hermandad rioplatense, Jorge Vanossi, macrista, recordó que en plena crisis en el primer gobierno de Perón, el jefe argentino y su colega Batlle Barres (padre de Jorge Batlle) se encontraron en el medio del Plata para tenderse la mano. De todos modos, se evitó una carga directa contra el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, aunque se reclamó el cumplimiento del Tratado del Río Uruguay.

Igual que en el del Río de la Plata, que en 1973 impulsó Perón en su tercera presidencia con un capítulo específico de preservación del medio ambiente en el espíritu de la Conferencia de Estocolmo del año anterior, el Tratado del Río Uruguay incluye la obligación de comunicar a la otra parte los planes y detalles de obras en el río que comparten. Y sobre los que la comisión binacional creada al efecto deberá pronunciarse.

En diciembre, Diputados había hecho punta en esta cuestión a partir de la tarea de la Comisión de Relaciones Exteriores. Fue cuando expresó su solidaridad con la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, donde se mantiene el corte de ruta, y el gobernador Jorge Busti. En respuesta a la dinámica de la controversia, este martes, invitado por Claudio Lozano (CTA) estuvo en Diputados Antón Masa, el abogado gallego que logró que la española Ence —que instalará en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú, una de las plantas— pagara indemnizaciones y cinco de sus directivos lo hicieran con seis meses de cárcel por los graves daños en Pontevedra, donde está instalada.

Ayer, Argüello dijo que la Cámara iba a brindar un "claro pronunciamiento político" y pasó revista a los hitos de esta puja en la que "Uruguay ha violado sistemáticamente el tratado de 1975". El primer registro proviene de fines del 2002, cuando la Cancillería argentina tomó conocimiento informal de la intención de Uruguay de radicar una de esas empresas, lo cual autorizó el área de medio ambiente del entonces gobierno de Jorge Batlle el 9 de octubre del año siguiente. El 14 de febrero de 2005, el mismo Batlle, en las postrimerías de su gestión, autorizó la planta finlandesa de Botnia.

Argüello fundamentó que recurrir a La Haya —en primer lugar para pedir la suspensión de las obras— es la única vía impuesta por el mismo tratado bilateral que Uruguay desconoce. Desestimó el Mercosur porque es de naturaleza comercial y la posibilidad de actuar del Tribunal de Salto Grande, que no tiene competencia. Entre muchos otros, hablaron el radical Federico Storani, la arista Marta Maffei, y Carlos Ruckauf (peronista federal) y Rafael Bielsa (kirchnerista), ex cancilleres. El primero levantó los aplausos de un centenar de entrerrianos con banderas de Artigas que estaban en la galerías.
(Clarin, 24/02/06)
http://www.clarin.com/diario/2006/02/24/elpais/p-01101.htm