La tensión con Uruguay por el conflicto de las papeleras subió ayer otro escalón. El Gobierno argentino dio un paso en esa dirección al informar que podría pedirle a la Corte Internacional de La Haya que suspenda preventivamente la construcción de esas fábricas en el país vecino, mientras investiga si existe riesgo de contaminación sobre la costa entrerriana. Por su lado, los ambientalistas que bloquean desde hace dos semanas el puente que une Gualeguyachú con Fray Bentos, sumaron a la protesta el corte de la ruta que comunica Colón y la localidad uruguaya de Paysandú. Así, sólo permanece habilitado uno de los tres puentes que comunican a la Argentina y el Uruguay.

Al mismo tiempo, trascendió que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, les comunicó a sus ministros que mantiene en pie la idea de recurrir a otros organismos internacionales, tales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, para denunciar los perjuicios que ocasionan a su país los cortes de ruta del lado argentino. El canciller Jorge Taiana fue quien reveló que las autoridades argentinas estudian solicitar una medida cautelar al Tribunal de La Haya para que se congelen las papeleras. Eso, si finalmente el Gobierno lleva el caso ante el organismo. Posteriormente, funcionarios de la Casa Rosada le confirmaron a Clarín que la conveniencia de utilizar esa vía es motivo de "profundo análisis".

La novedad se conoció en el marco del informe que Taiana ofreció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con el propósito de defender el proyecto enviado por el Gobierno para que el Congreso anticipe su apoyo a una eventual denuncia del conflicto en La Haya. Para justificar la postura, el canciller argumentó que "el gobierno uruguayo violó el derecho ambiental internacional al autorizar unilaterlamente la construcción de las plantas industriales, incumpliendo con el Tratado Bilateral del Río Uruguay".

Dos días antes, Taiana esgrimió idénticos fundamentos en la comisión de Diputados, donde ayer se aprobó el dictamen. Se estima que en las sesiones de la próxima semana ambas cámaras lo votarán afirmativamente. Fuentes del Gobierno admitieron que los ambientalistas ya habían manifestado su interés en que se solicite la suspensión preventiva de las papeleras ante el Tribunal Internacional, durante la entrevista que varios de sus representantes mantuvieron la semana pasada con el presidente Néstor Kirchner en la Rosada.

El grupo que encabeza las protestas sobre la costa entrerriana pidió la adopción urgente de esa medida, al exponer en la reunión del Senado donde minutos antes había estado el canciller. Allí también concurrió el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, quien dejó un escrito con los pormenores de las gestiones realizadas por la provincia para prevenir riesgos de contaminación ambiental si se ponen en marcha las dos papeleras —una de capitales españoles y la restante de finlandeses— en las proximidades de la costa uruguaya.

Busti recordó que su gobierno ya elevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que depende de la Organización de Estados Americanos. Otra de las vías que exploró el gobernador en la escalada del conflicto fue la judicial. El 19 de enero presentó una denuncia en la Justicia Federal de Concepción del Uruguay contra nueve ejecutivos de las dos papeleras, bajo el cargo de "contaminación ambiental en grado de tentativa". El expediente del caso podría aterrizar hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de que el juez entrerriano Guillermo Quadrilli se declarara incompetente, según afirmó ayer a Clarín la abogada que patrocina al gobernador de Entre Ríos, Romina Picolotti.
(Clarin, 17/02/06)
http://www.clarin.com/diario/2006/02/17/elpais/p-00301.htm