El comité científico creado por Uruguay y Argentina para controlar el medio ambiente en ambos países tuvo hoy su primera actividad con la visita a la planta de celulosa de la empresa UPM (ex Botnia), cuya construcción derivó en el peor conflicto en décadas entre los Gobiernos de estos dos países.

Acompañados por funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Terrotorial y Medio Ambiente, los técnicos recorrieron las instalaciones de la planta, señalaron a Efe fuentes de la empresa encargada de la comunicación de UPM.

Las autoridades de UPM "no harán comentarios" sobre la inspección y sus alcances, agregaron los informantes.

Con la creación del comité, el pasado 30 de agosto, los cancilleres de Uruguay, Luis Almagro, y de Argentina, Héctor Timerman, dieron por finalizado el conflicto entre ambos países que se extendió por casi siete años.

La planta de celulosa de UPM (ex Botnia) está ubicada en la periferia de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a unos 300 kilómetros al norte de Montevideo y sobre las costas del río Uruguay, límite natural entre ambos países.

El comité, formado por dos científicos uruguayos y dos argentinos, tiene como misión primaria controlar la calidad ambiental tanto dentro como en las inmediaciones de la planta, así como en las aguas del río Gualeguaychú, del río Uruguay y de todos los centros urbanos, agrícolas e industriales de la zona.

El grupo técnico forma parte de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el organismo bilateral encargado de controlar el uso de las aguas.

El acuerdo establece que el comité podrá ingresar a la planta hasta doce veces al año, acompañado de autoridades uruguayas para tomar muestras de los vertidos que analizarán de forma independiente.

El enfrentamiento por la construcción y funcionamiento de la planta derivó en un juicio iniciado por Argentina frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

El fallo de la Corte, emitido el pasado abril, reconoció que el Gobierno uruguayo vulneró convenios vigentes entre ambos países por no informar sobre el proyecto, pero descartó que la planta contamine y que deba ser desmantelada.

La corte recomendó también a ambos Gobiernos la instalación de un grupo conjunto de control sobre el río.

El pasado 28 de julio, el presidente uruguayo, José Mujica, y su par argentina, Cristina Fernández, acordaron la creación de ese comité científico.

La Asamblea Ambiental de la ciudad argentina Gualeguaychú acusa a la planta de contaminar el río y como forma de protesta bloqueó durante casi tres años el principal paso de frontera entre ambos países.

La construcción de la planta, con un coste de 1.800 millones de dólares, supuso la mayor inversión individual en la historia de Uruguay.

(Agencia EFE, 06/10/2010)