A un mes de la audiencia de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se llevó a cabo el foro sobre defensores ambientalistas y criminalización de la protesta social en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH)

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y tendrán su audiencia contra el Estado mexicano el próximo mes de agosto en San José Costa Rica.

El caso fue presentado el pasado 24 de junio de 2009, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte junto a los representantes legales de los campesinos ecologistas: el Centro ProDH, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaicones que demandan al Estado mexicano la reparación de daños de los demandantes y sus familias por haber vulnerado los derechos de ambos ecologistas.

Julieta Egurrola, Luis Arriaga, Héctor Magallón y Salvador Frausto, participantes del foro, externaron su indignación y admiración por la lucha que han sorteado los campesino ecologistas; también, explicaron la incapacidad del Estado para salvaguardar los recursos naturales a lo largo del país y a su vez usar los aparatos de justicia para criminalizar a los defensores de derechos ambientales y de derechos humanos.

Así mismo Héctor Magallón destacó los casos de Felipe Arriaga, también integrante de la OCESP, encarcelado injustamente en 2004 acusado de haber participado en el asesinato del talamontes Abel Bautista en 1998 y de el asesinato de Aldo Zamora defensor de los bosques de San Juan Atzingo en el parque nacional de la laguna de Zempoala, caso que el propio Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, se comprometió a dar seguimiento e impartir justicia.

Contexto del caso rumbo a la Corte
El 2 de mayo de 1990 cuando el Ejército Mexicano entró en la comunidad de Pizotla en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, fue asesinado Salomé Sánchez Ortiz y detenidos los integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Cinco días después ambos fueron presentados ante el Ministerio Público federal después de haber sido sometidos a torturas con el fin de conseguir de ellos la confesión de delitos que no cometieron como portación de arma de fuego exclusiva del ejercito y delitos contra la salud.

En medio de un proceso judicial irregular que avaló las confesiones de los acusados producto de la tortura, son condenados el 28 de agosto de 2000 a purgar sentencias de 6 años 8 meses en el caso de Rodolfo Montiel y de 10 años a Teodoro Cabrera.

El 25 de octubre de 2001 Ubalda Cortés Salgado y Ventura López, quienes representaban a los campesinos, y las organizaciones Sierra Club, Greenpeace Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la denuncia en contra del Estado mexicano por las violaciones a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso legal, a la protección judicial y al deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, con el registró de denuncia No. 735/01.

La CIDH, el 2 de noviembre de 2001, le solicitó al Estado responda acerca de la denuncia presentada en su contra, otorgándole el plazo de dos meses para su contestación. En respuesta, el Estado Mexicano informó el 8 de noviembre de 2001, a la Comisión que Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores habían sido puestos en libertad, sin ser exonerados de los cargos impuestos.

El proceso de investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Transcurrió por siete años determinando que el Estado es responsable de la denuncia en su contra en la sesión ordinaria el 30 de octubre de 2008.

Ante esta situación el 24 de noviembre de 2008 la CIDH extiende una serie de recomendaciones al Estado Mexicano con el fin de que sean implementadas y se le informe al respecto; sin embargo, el Estado solicita tres prorrogas, el 23 de enero de 2009, el 7 de mayo de 2009 y el 17 de junio de 2009, esta última no le es otorgada determinando la CIDH el 23 de junio de 2009, llevar el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a petición de los demandantes.

Cabe destacar que a Rodolfo Montiel le fue otorgado el premio Goldman, considerado el premio nobel ambiental. En los años 2000 y 2001 Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel son galardonados con el premio Don Sergio Méndez Arceo por su defensa en los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. Ambos premios fueron otorgados en el tiempo que estuvieron encarcelados por su labor en defensa de los bosques de la costa grande de Guerrero, donde la perdida de bosques suma 86 mil hectáreas tan sólo entre 1992 y 2000.

(Ecoportal, 04/08/2010)