Un estudio de la Academia de Medicina Francesa, una lista de antecedentes laborales y familiares, y la entrada en vigor de la primera legislación seria sobre amianto, de 1982. Éstas son las tres armas que desenfundó Uralita en el juicio celebrado en Madrid hasta ayer, en el que, por primera vez, se enfrentaba a vecinos de una de sus fábricas, y no a trabajadores de ellas.

Se trata de un total de 47 personas de Cerdanyola y Ripollet (Vallès Occidental) que se consideran "afectados pasivos" porque, aseguran, la enorme fábrica de fibrocemento (a base de amianto) que la compañía tuvo en las dos localidades entre 1910 y 1997 les ha causado desde cicatrices pulmonares a cánceres mortales. Aunque admitió que en los setenta repartía habitualmente los residuos de la fábrica por las calles de las localidades, la empresa insistió en que en esa época no estaba prohibido y en que los afectados pudieron haber inhalado el material de otras fuentes.

Los asesores legales de Uralita, sentados en la zona reservada al público del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid, manoseaban el martes un papel con 47 nombres. Eran las identidades de los vecinos de Cerdanyola y Ripollet que les exigen indemnizaciones por valor de cinco millones de euros. Al lado de cada uno, una anotación: "Tenía una empresa de climatización", "su hermana trabajó en Uralita", "en la Seguridad Social consta que estuvo en el textil", "su padre trabajó en Renfe"...

Un compendio de posibles explicaciones paralelas a las afecciones pulmonares que sufren por haber inhalado amianto. Distintos cánceres han matado a siete de los demandantes. Afectados ambientales o pasivos por vivir junto a la fábrica? Según Uralita, hay otras posibles causas.

Los abogados de la empresa insistieron en que el amianto se usaba en los setenta en muchas empresas y electrodomésticos, por lo que los focos de inhalación del material podrían haber sido diversos. Y de provenir de Uralita, el contacto habría llegado de forma laboral.

Del mismo modo, la defensa de la compañía citó durante el juicio varias veces un informe de la Academia Francesa de Medicina, de 1996, en el que se dice que la exposición que puede tener un ciudadano en una atmósfera urbana con una baja presencia de amianto no entraña peligro. Además, la compañía insistió una y otra vez en que siempre cumplió la legislación española vigente.

"Es indignante. Hablan de nosotros como si fuéramos trastos viejos tratando de conseguir dinero fácil. Somos víctimas", lamentó Mercè Duran, una de los seis afectados que acudieron en representación de los 47 demandantes. Lo que la empresa no negó es que durante los años setenta llenaba las calles de las dos localidades catalanas con trozos de placas y tubos de fibrocemento, fabricados a base de amianto, que al romperse desprenden las fibras cancerígenas. "Era para compactar las calles, que se embarraban con las lluvias porque no estaban asfaltadas", justificó Eustasio Pérez, director de calidad de la empresa desde 1975.

Uralita no admitió que las factorías expulsaran a la calle fibras por ventiladores de respiración, tal como, por el contrario, aseguran los afectados. La ropa tendida, dijeron sus testigos -entre los que se encontraban el alcalde de Ripollet, un ex alcalde de Cerdanyola y una ex trabajadora de Uralita- se llenaba de polvo de amianto. Y los operarios, dijeron, descargaban y vaciaban los sacos en plena calle.

Los abogados de los vecinos, del despacho Roca Junyent, también insistieron en señalar que ya en 1977 se produjo una denuncia por el polvo que la fábrica emanaba hacia un colegio. Y pidieron el testimonio de Josep Tarrés, neumólogo y autor de varios estudios internacionales sobre el amianto, que en referencia al muy citado estudio francés se limitó a señalar que "no es aplicable" a las localidades catalanas, porque las características de la zona son muy diferentes. Según sus cálculos, sí hay afectados ambientales: el 17% de los enfermos de las localidades.

Ayer, tras tres sesiones, el juicio quedó a la espera de las conclusiones finales de cada parte, que se presentarán en junio, y de la decisión del juez. "Si Uralita se empeña en alegar que los afectados pudieron inhalar el amianto en otra parte, será su responsabilidad demostrarlo", aseguró Màrius Miró, abogado y socio de Roca Junyent, al terminar la sesión.

(Por C. Delgado, El País, 20/05/2010)