El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid celebró hoy (17/05) la primera sesión del juicio por la demanda presentada contra Uralita por 47 ciudadanos afectados por amianto de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollés, que reclaman indemnizaciones por valor de cinco millones de euros.

Este es el primer juicio que se celebra en España por una demanda civil presentada por un grupo de habitantes de poblaciones próximas a una de las fábricas que utilizaron esta materia prima desde principios del siglo XX hasta su prohibición en 2002. Hasta ahora, sólo existen sentencias por demandas presentadas por trabajadores dictadas por los Juzgados de lo Social.

Los primeros en declarar, a petición de los demandantes, fueron la psicóloga Rosa Gené y el médico especializado en valoración del daño corporal Jordi Muela Ribera. Muela ratificó su informe y repasó caso por caso el historial médico de los 47 demandantes con la finalidad de que el juez determine las indemnizaciones para cada uno de ellos, en caso de dictar una sentencia favorable.

El perito explicó que la cuantificación de las indemnizaciones se ha realizado contando con una situación de "daño continuado", ya que las enfermedades relacionadas con el contacto con el amianto "progresan muy lentamente y cuentan con un plazo de aparición de 30 años".

El juez deberá determinar el nexo de causalidad que existe entre la presencia de la fábrica y los casos de enfermedades directamente relacionadas con la exposición al polvo de amianto, como las placas pleurales y su posible evolución en cáncer o asbestosis.

A petición de la empresa, el economista y auditor Gregorio Cabeza ratificó su informe, que cifra en más de 550 millones de pesetas (3,3 millones de euros) la inversión total en seguridad realizada por Uralita en sus plantas hasta 1970. Una cifra, que actualizada a fecha de 2010, sería de 6 millones de euros, según confirmó el perito. Un total de 56 millones de pesetas (336.570 euros) se destinaron a la fábrica de Cerdanyola, cerrada en 1997 después de casi 100 años en funcionamiento.

Uralita defiende que siempre respetó las legislaciones vigentes sobre el tratamiento de amianto y que incluso se adelantó a las restricciones que se fueron imponiendo a partir de los años 70 cuando comenzaron a conocerse sus efectos nocivos del amianto.

En este sentido, declaró el ingeniero industrial José Busquets, quien ratificó su informe de 2000 sobre las medidas preventivas tomadas por Uralita. El perito afirmó que la empresa "siempre" cumplió con la legislación sobre el tratamiento de amianto y que "nunca" hubo ninguna sanción administrativa. "En los 70 fue cuando se empezó a conocer que el amianto era nocivo", recordó Busquets.

Por último, declaró el ingeniero industrial Florencio Martínez. Busquets, quien ratificó también su informe de verificación de las inversiones en seguridad realizadas por Uralita. La primera normativa española sobre el tratamiento de amianto fue del año 1982, tras la aparición de los primeros casos, y obligó a las empresas a controlar los niveles de exposición de los trabajadores.

En 1984, y tras la aparición de los primeros casos, se dictó una Orden Ministerial que aprobó el 'Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto', que se complementó posteriormente con otras normas más extensas. El 15 de diciembre de 2002 España prohíbe definitivamente la producción, comercialización e instalación de amianto y de productos que lo contengan.

(Europa Press / Plataforma Social de Castelldefels, 18/05/2010)