El 22 de abril se publicó un manifiesto firmado por Vía Campesina, Food First Action International (Fian), Land Research Action Network (LRAN), GRAIN y más de cien organizaciones de todo el mundo, en el que exigen “frenar la ola de acaparamiento de tierras de inversionistas oficiales y privados que se están apoderando de millones de hectáreas de cultivos de comunidades rurales de África, Asia y América Latina”.

La exigencia sale al paso a un nuevo informe del Banco Mundial (BM) que “confirma la magnitud masiva del actual asalto por acaparar tierras, y adelanta siete ‘principios’, que pretenden hacer que estos negocios ‘sean socialmente aceptables’”. La estrategia del Banco Mundial será presentada el 25 de abril en Washington y el 26, en la conferencia anual de tierras del organismo.

“El BM parece convencido de que cualquier flujo de capital privado que expanda los agronegocios trasnacionales donde aún no hayan penetrado es bueno y que debe permitírsele proseguir, de modo que el sector corporativo pueda extraer más riqueza del campo. Dado que estos negocios están anclados en una privatización masiva y en la transferencia de derechos sobre la tierra, el BM quiere cumplir algunos criterios para reducir los riesgos de inesperadas reacciones sociales: ‘respetar’ los derechos de los actuales usuarios a la tierra, el agua y otros recursos (mediante alguna indemnización), proteger y mejorar los medios de vida (con empleos y otros servicios) y no dañar el ambiente.”

Para las organizaciones, lo anterior constituye “una jugada que intenta legitimar el acaparamiento. Facilitar que corporaciones –nacionales o extranjeras– se apoderen a largo plazo de las tierras de las comunidades es totalmente inaceptable; no importa qué lineamientos se sigan. Los principios del BM intentan distraer del hecho de que la crisis alimentaria global –cuya cifra récord es más de mil millones de personas que sufren hambre– no será resuelta por la agricultura industrial a gran escala que aplicarán los inversionistas que están adquiriendo tierra”.

Son los grandes consorcios y las empresas conjuntas las que invierten enormes capitales para comprar y rentar, buscando dislocar producciones y actuando como exportadores e importadores. Lo anterior implica alimentos, agrocombustibles, agua, turismo y un largo etcétera.

Continúa la declaración: “El acaparamiento de tierras –aun en los casos en que no hubiera desalojos forzosos– le niega la tierra a las comunidades locales, destruye modos de vida, reduce el espacio para las políticas agrícolas orientadas al campesinado y distorsiona los mercados hacia una concentración más grande de los intereses de las agroempresas y del comercio global, en lugar de promover una agricultura campesina sustentable para los mercados locales y nacionales, y para las futuras generaciones.

“También acelerará la destrucción de los ecosistemas y la crisis climática a causa de la producción agrícola industrial de monocultivos, para la cual serán usadas muchas de las tierras adquiridas.”

El documento se encuentra en: www.grain.org/o/?id=102.

(La Jornada / Farm Land Grab, 25/04/2010)