La crisis de los productos alimentarios en 2008 precipitó hacia las tierras a inversionistas de perfiles diferentes. A los fondos soberanos de estados preocupados por asegurar sus estrategias de abastecimientos se sumaron inversionistas privados, locales o extranjeros. Los espacios agrícolas se han convertido en activos codiciados. Naciones Unidas busca enmarcar estas inversiones.

Desde 2006, cerca de 20 millones de hectáreas de tierras cultivables habrían sido objeto de negociaciones en el mundo, según Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación.

Las transacciones equivalen casi a la superficie cultivable de Francia. La hectárea se convierte en un activo muy de moda para inversionistas como el financista George Soros o el fondo Altima, a la espera de un alza duradera de los precios agrícolas o de una mayor volatibilidad de los mercados.

También se ha convertido en un elemento estratégico para los países preocupados por asegurar su seguridad alimentaria. Y es que, según la FAO, de aquí a 2050, la producción agrícola debería incrementarse en 70% para responder al aumento de la población. Pero esta ofensiva no se realiza sin resbalones. Se hace necesario enmarcar esas inversiones, de las cuales algunas pueden desequilibrar a un país.

Es por eso que, paralelamente a los trabajos emprendidos en el seno de Naciones Unidas, Estados Unidos y Japón organizaron, para el 25 de abril, en Washington, una mesa redonda sobre los “principios de una inversión responsable en la agricultura”.

“Invertir en la agricultura es necesario, pero ¡cuidado!: se necesita un código de conducta para las adquisiciones, especialmente en los países pobres, que no tienen los medios políticos y económicos para defender sus intereses”, expresa Jacques Diouf, director general de la FAO, dos años después de haber indicado los riesgos de un “neocolonialismo”.

Aumento de inversiones
La crisis de los productos alimentarios en 2008 precipitó hacia las tierras a inversionistas de perfiles diferentes. A los fondos soberanos de estados preocupados por asegurar sus estrategias de abastecimientos, entre ellos los países del golfo o China, se sumaron inversionistas privados, locales o extranjeros.

“Los fondos y los inversionistas privados se interesan en la tierra, ya que, pese a la crisis, disponen todavía de reservas”, explica Carl Atkin, de la firma británica Bidwell Property. Sus actores se encuentran en sus primeros pasos. Ya “hay un descalce entre los efectos de anuncio y las inversiones efectivamente realizadas”, subraya Patrik Caron, director científico del Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agrónoma para el Desarrollo (Cirad).

Las adquisiciones de tierras no comenzaron con la crisis alimentaria de 2008. Pero de Schutter señala que su ritmo se aceleró. Arabia Saudita instauró una sociedad pública para financiar a las empresas privadas del reino que compran tierras en el extranjero. Las creaciones de fondos de inversión especializados se multiplican. Y las elites locales, cercanas a los gobiernos, buscan también aprovecharse del atractivo financiero de las tierras. “En Ucrania, hay pocos extranjeros en este sector, sino más bien ucranianos y rusos”, subraya Charles Vilgrain, director de AgroGeneration, empresa fundada para invertir en la producción de cereales y de oleaginosas en Ucrania.

Invertir en tierras cultivables no es cosa simple y transparente. En Ucrania, los inversionistas extranjeros pueden arrendar las ricas tierras cerealeras y no comprarlas. En África, sobre una misma tierra pueden sobreponerse títulos de propiedad formales y derechos de uso tradicionales. “Los acuerdos entre grupos sociales no siempre son reconocidos por el derecho internacional o por los actores políticos institucionales”, advierte Caron.

La ONU, FAO y algunos gobiernos intentan encontrar principios que encuadren esas inversiones para proteger a los pequeños productores. “A menudo, todo se arregla entre el gobierno y una gran empresa”, se lamenta Ajay Vashee, presidente de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP). Se necesita un diálogo con las personas en el terreno mismo.

Por de pronto, inversiones bien encuadradas pueden aportar beneficios a los productores, con economías de escala generadas por la llegada de subcontratistas de los inversionistas, los efectos sociales de la construcción de escuelas o centros de salud y la creación de contratos que hacen trabajar a los pequeños agricultores.

“Además del encuadramiento de las adquisiciones, otra vía inexplorada es de hecho la del ‘contrato farming’, que establece un contrato de larga duración y evita la compra de la tierra y la desaparición de los derechos de uso”.

(Por Bertrand D’armagnac, Le Monde / La Nación / Farm Land Grab, 26/04/2010)