Una misión internacional de organizaciones civiles canadienses que visitó la comunidad de Chicomuselo en Chiapas, concluyó su estancia para “dar cuenta de los actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que han ocurrido desde que la minera de capital canadiense Blackfire llegó para explotar barita en la zona.”

Tras observar la mina y reunirse con distintos actores, los delegados Rick Arnold, de la organización Common Frontiers, Dawn Paley de Mining Watch y Marck Rowlison del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos de Canadá (United Steelworkers), identificaron tres necesidades urgentes: que el gobierno canadiense tenga mayor control sobre las actividades de sus trasnacionales en el mundo, incluyendo la falta de responsabilidad social; que los pobladores de la zona cercana a la mina se encuentran en riesgo por la posibilidad de deslaves y por el daño ambiental provocado; y que se ha gestado un descontento generalizado de la población que pide irrevocablemente la salida de Blackfire de México.

“Nuestra misión observó la situación en el Ejido Grecia y enviará toda la información al gobierno de Canadá pidiendo que se exija responsabilidad social a Blackfire”, dijo Rick Arnold.

Los delegados de la misión coincidieron en que el tema más importante en este caso es el asesinato de Mariano Abarca, del cual se cumplen cuatro meses mañana; sin embargo, su trabajo se concentra en las exigencias que harán al gobierno canadiense.

Este proceso ya ha empezado desde el pasado 10 de marzo, cuando solicitaron a la Policía Montada Real de Canadá que “investigue a Blackfire Exploration Ltd. y Blackfire Exploration México, S de RL de CV respecto al posible soborno de un funcionario público extranjero, contrariando el inciso 3 de la Ley sobre la corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros”, ya que según documentos que Blackfire misma dio al Congreso de Chiapas, la trasnacional ha entregado pagos por un total de 204.023 pesos a Julio César Velázquez Calderón, presidente municipal de Chicomuselo por “servicios no oficiales en beneficio de Blackfire.”

En cuanto al daño ambiental, la misión internacional dio cuenta de la contaminación tóxica que la explotación de barita (mineral no ferroso que es indispensable en la perforación de pozos petroleros) ha causado. “El cerro donde se localiza la mina ha quedado raso, sin árboles, los arroyos que se formaban por la captación de agua en esta zona han desaparecido, y otros que se mantienen presentan gran cantidad de barros y es muy probable que estén contaminados por oxido de bario”. Pobladores de la zona han dejado de utilizar el agua del arroyo principal porque se les irritó la piel e incluso algunos han atribuido la muerte del ganado a la contaminación del agua.

Paralelo a su trabajo de observación, Mark Rowlison reveló que el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos de Canadá ha impulsado que se aprueben dos leyes en Canadá que permitan demandar responsabilidad social a las trasnacionales. Por un lado, la iniciativa C-354 contempla la posibilidad de que las víctimas de las trasnacionales, ya sea por violación a sus derechos humanos, laborales o ambientales, puedan demandar justicia en Canadá.

Esta ley serviría, por ejemplo, para que los familiares de Mariano Abarca demandaran a Blackfire en Canadá para que se investigue su responsabilidad en el asesinato del activista. Una ley de este tipo ya existe en Estados Unidos (Alien Tort Claims Act) y ha servido para denunciar el pago de trasnacionales de ese país a paramilitares colombianos. Por otro lado, la iniciativa C-300 posibilitaría que el gobierno canadiense retire todo apoyo económico y político a las trasnacionales que incurran en falta de responsabilidad social.

La misión internacional buscó entrevistarse con todas las partes de este conflicto, pero no fueron recibidos por Blackfire, ni por el presidente municipal de Chicomuselo. Por parte de las autoridades estatales, sostuvieron una plática de dos horas con el subsecretario general de gobierno, Nemesio Ponce Sánchez; y también se reunieron con ejidatarios de Grecia, pobladores de Chicomuselo, el párroco local, la Red Mexicana de Afectados por la Mineria en Chiapas (REMA-Chiapas) y realizaron visitas de campo a la mina que actualmente se encuentra clausurada “total temporalmente”.

Antes de partir, la misión se reunirá con el embajador de Canadá en la ciudad de México y en las próximas semanas darán a conocer el resultado de su visita.

(Cencos / OMAL, 13/04/2010)