En el 2003, la red ambientalista Oikos bloqueó a Repsol YPF, que pretendía explotar 25 pozos muy cerca de la zona protegida. Su titular, Eduardo Sosa, aseguró que si no se dan las garantías de protección volverá a recurrir a los tribunales

Eduardo Sosa, titular de Oikos, advirtió el 3 de febrero al Gobierno que recurrirá de nuevo a los Tribunales en el caso de que se apruebe la extracción de petróleo en Llancanelo sin las garantías correspondientes. Esta organización fue la que frenó la explotación de Repsol YPF en 2003 a través de un recurso de amparo. Con esta acción logró que la empresa trabajara en un plan mejorado de extracción, pero el Gobierno provincial se privó de cobrar las regalías por ese negocio durante los últimos años.

Sosa denunció que el Gobierno ve el plan de explotación como un “salvavidas económico” y cree que el Ejecutivo puede llegar a incumplir con la ley para darle vía libre sin las garantías ambientales necesarias.

Cómo arrancó el problema
El conflicto de la explotación en Malargüe arrancó en el 2000 cuando la empresa quiso acceder al petróleo en cinco puntos cercanos a zonas protegidas. Oikos presentó una medida y en 2005 tanto el Fiscal de Estado como la Suprema Corte de Justicia fallaron a favor de la ONG.

La sentencia dispuso, entre otros puntos, agrandar los límites de la reserva faunística reduciendo el área de explotación en un 70%. Casi 10 años después, YPF está muy cerca de ver aprobado un nuevo proyecto para explotar 25 pozos, además de otros que ya posee en la zona.

En declaraciones a diariouno.com.ar, Sosa dijo que “el petróleo para el Gobierno de (Celso) Jaque es la salvación económica, y como tienden a incumplir las leyes vigentes tengo serias dudas sobre el accionar que puedan tomar”. Esto porque el Gobierno ya analiza el nuevo estudio de impacto ambiental y es quien tomará la decisión en última instancia, que según deslizó el martes, en plena conferencia por el Día de los Humedales el titular de Ambiente, Guillermo Carmona, sería favorable a la empresa.

Se viene la audiencia pública
A YPF le resta enfrentar la audiencia pública - que no es vinculante- fijada para el 26 de febrero en Malargüe, en la que Oikos y entidades científicas exigirán que cumplan acciones para preservar el ecosistema y que den más detalles del manejo hidrológico de la cuenca.

En este sentido, Sosa explicó que “si vemos que hay una medida arbitraria o que pueda haber un daño inminente o que se viole un derecho ambiental, recurriremos al amparo”. No obstante, destacó que tiene fe en que Repsol respete los pedidos que se hagan en la audiencia pública porque sino es como “volver atrás con todo lo que logramos en estos 10 años”.

Una violación a la sentencia dictada por la Corte Suprema en 2005 o nuevas evidencias que demuestren un perjuicio para la zona del sur provincial serán suficientes, según Oikos, para encarar una nueva denuncia ante la Fiscalía de Estado o un recurso administrativo.

(Diario Uno / OMAL, 09/02/2010)