Tiempo después de los acontecimientos políticos relacionados con los empresarios agroganaderos que pusieron en zozobra al gobierno de Cristina Kirchner en marzo de 2008 y concluyera en una importante pérdida de caudal electoral en las parlamentarias de junio de 2009, el gobierno argentino refuerza su errática política de alianzas con el agro-capitalismo.

Lejos de revertir (o al menos detener) el poderío económico de las empresas extranjeras dedicadas a la creación genética, producción y comercialización de alimentos, el Ministerio de Agricultura[1] argentino aprobó recientemente una variedad transgénica de maíz en favor de la transnacional Syngenta: se trata del evento biotecnológico apilado Bt11xGA21.

El secretario de agricultura argentino y hasta hace poco decano de la Facultad de Agronomía de la UBA, Lorenzo Basso, y el director de la división semillas de Syngenta para América Latina, Antonio Aracre, participaron entre otros, del acto administrativo aprobatorio. La decisión fue anunciada en Basilea por Davos Pirk, jefe de la división de granos de Syngenta, quien dijo “estar complacido por la aprobación”.

El Maíz, Zea mays L., combina simultáneamente tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos. El GA21 confiere tolerancia al glifosato y el Bt11 resiste a insectos Lepidópteros. El maíz será parte de las cosechas de la temporada 2010-2011 y ha sido aprobado en Estados Unidos, Canadá y desde noviembre de 2009 en Brasil.

La empresa de capitales suizos favorecida por la aprobación de la semilla entrará en el negocio que ya Monsanto tenía hace dos años, al ser aprobado por el gobierno de Cristina Kirchner, su propio “evento apilado”.

En Argentina,  varias empresas transnacionales cuentan con autorización de comercialización para diferentes “materiales y productos derivados”, así llamados, que son modificaciones genéticas de la soja (Nidera), el algodón (Monsanto), y otras variedades de maíz (Ciba‐Geigy, Monsanto, AgrEvo, Novartis Agrosem, Dow AgroSciences y Pioneer).

Las Agro-transnacionales fueron las principales beneficiarias de 2.000 millones de dólares (que quedaron en manos de los privados) a través del recordado voto “no positivo” en el Senado argentino, cuando el actual opositor vicepresidente Julio César Cleto Cobos, propinara un fulminante “golpe parlamentario” a las políticas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

(Por Carlos J. Ron, Rebelión, 28/12/2009)